STAMFORD.- Un juez de distrito dictaminó esta semana que el gobierno federal no tiene la autoridad para modificar las leyes de aprehensión, detención y deportación de extranjeros que el Congreso de los Estados Unidos explícitamente ha promulgado bajo el debido proceso legislativo.
El fallo bloquea la Sección 2 del memorando emitido por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, fechado el 30 de septiembre 30 de 2021, donde establece las nuevas prioridades de deportación que los oficiales tienen que evaluar en los diferentes casos para proceder a la expulsión de un extranjero.
La decisión judicial fue en respuesta a una demanda presentada por los estados de Arizona, Montana y Ohio, gobernados por republicanos, quienes alegan que el gobierno violó la ley al modificar y establecer las prioridades de deportación, sobre todo de aquellos indocumentados que tienen una orden de expulsión vigente.
Los demandantes rechazaron el memorando de Mayorkas y señalaron que el cambio de prioridades corresponde al Presidente en uso de sus poderes ejecutivos.
El fallo
En la sentencia, el juez Michael Newman desestimó los alegatos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y concedió la demanda de los estados.
También dijo que el secretario del DHS y todos los funcionarios y agentes de ese Departamento tienen prohibido hacer cumplir la Sección 2 del memorando del 30 de septiembre, donde se establecen las prioridades de deportación.
La orden significa que el gobierno debe proceder con las deportaciones y no puede “autorizar la liberación de, ya sea bajo fianza, supervisión o de otro modo, de un no ciudadano con una orden final de deportación”.
Tampoco puede dilatar o suspender la expulsión de un individuo en la medida “en que no haya otra disposición” establecida en la ley de inmigración.
“Esta Orden no limita ni impide que el DHS haga cumplir o implemente la orientación permanente en una forma no prohibida en el presente”, agregó el dictamen.
El juez dijo que la orden preliminar “se aplica a nivel nacional y en todos los lugares, territorio o jurisdicción donde el DHS tiene autoridad para hacer cumplir la guía”, a menos que la Corte de Apelaciones del 6to Circuito o la Corte Suprema establezcan lo contrario.
Biden responde al fallo
En respuesta al fallo, el Gobierno del presidente Joe Biden busca “mejorar y acelerar el procesamiento de los pedidos de asilo hechos por extranjeros sujetos a remoción expedita”, permitiendo que funcionarios del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) decidan sobre la calificación de los solicitantes, según un anuncio hecho esta semana.
Los departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia señalaron que la nueva regla apunta a “asegurar que quienes sean elegibles para el asilo lo obtengan rápidamente, y quienes no califiquen sean expulsados rápidamente”.
La medida, que queda ahora sujeta a un período de 60 días para comentarios del público, permitirá que oficiales de asilo de USCIS consideren los pedidos de individuos sujetos a expulsión rápida que argumenten miedo a persecución o tortura y que hayan superado la evaluación requerida de “temor creíble”.
Actualmente, tales casos son decididos únicamente por jueces dentro de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR) del Departamento de Justicia.
Conforme a la nueva regla, los individuos que reciban una determinación de “temor creíble” tendrán una entrevista oportuna con un oficial de asilo para proporcionar toda la información relevante acerca de su solicitud.
Después de la entrevista, USCIS decidirá si concede el asilo y, de ser necesario, determinará la elegibilidad del solicitante para la protección de la Convención Contra la Tortura (CAT).
Los individuos a quienes no se les conceda asilo serán remitidos a un proceso de remoción ante un juez de inmigración.
La regla establece procedimientos simplificados en estos casos, diseñados para promover una rápida resolución.
La regla no se aplicará a los menores de edad que llegan sin la compañía de adultos responsables y sólo será aplicable a individuos que sean sometidos a procedimientos de remoción expedita en o después de la fecha de aplicación de la norma.
“Debido a los rezagos existentes en los tribunales, el proceso de audiencia y decisión de estos casos actualmente toma varios años en promedio. Una vez en efecto las reformas y nuevas eficiencias abreviarán el proceso a algunos meses para la mayoría de los solicitantes cubiertos por esta regla”, explicó el comunicado oficial.
El senador Bob Menéndez, demócrata de Nueva Jersey, se mostró complacido al “ver que el Gobierno toma medidas innovadoras para resolver el enorme retraso en las cortes de inmigración y para crear un proceso de asilo ordenado en la frontera sur de Estados Unidos”.
“La aplicación de esta nueva regla debe garantizar la protección de los derechos de los solicitantes de asilo y su debido proceso”, indicó.
El Consejo Estadounidense de Inmigración y la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) expresaron, de manera conjunta, su apoyo “a la disposición del Gobierno para buscar un nuevo sistema de procesamiento de las personas que buscan asilo”.
Los tribunales de inmigración tienen acumulados alrededor de 1.7 millones de casos pendientes de adjudicación y, según el Instituto de Política Migratoria, en febrero USCIS encaraba 9,5 millones de solicitudes de visas.
Tradicionalmente, el USCIS no recibe asignaciones de fondos del Congreso sino que financia sus actividades con las tarifas que cobra por trámites, y esta fuente de recursos se vio afectada por la pandemia de covid-19 y por decenas de reglas del Gobierno del ahora expresidente Donald Trump (2017-2021) para restringir la inmigración.
El Gobierno de Biden asignó fondos al USCIS añadiendo más de 200 millones de dólares en el presupuesto del período fiscal 2022, pero la agencia sigue afectada por una escasez de personal.
Quienes abogan por los migrantes intensificaron esta semana sus gestiones para que Biden cancele el uso de la regla sanitaria conocida como Título 42, instaurada por Trump, por la cual más de 1.6 millones de migrantes han sido expulsados de forma expedita en los últimos dos años.
El gobierno, que debe anunciar antes del 1º de abril si extenderá el uso del Título 42, informó que eximirá de esa regla a los refugiados que aceptará desde Ucrania.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, indicó que “el sistema para el manejo de los pedidos de asilo en nuestras fronteras ha necesitado reparación por mucho tiempo”.
Por su parte el secretario de Justicia, Merrick Garland, dijo que las medidas propuestas “favorecen nuestros esfuerzos para asegurar que los pedidos de asilo se tramitan de manera justa, expedita y coherente con el debido proceso”.
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