STAMFORD.- Los gobernadores de los estados de Texas, Arkansas, Alabama, Louisiana, Nebraska, Carolina del Sur, Virginia Occidental, Kansas y Mississippi solicitaron al juez federal Andrew Hanen, del sur de Texas, que desmonte el programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), que fue actualizado por el presidente Joe Biden el año pasado.
Los demandantes, que tramitaron esta semana la petición, consideran que tal decisión “sobrepasa el alcance del poder Ejecutivo”, por lo que solicitan su anulación.
La administración Biden había hecho un ajuste al programa en agosto del año pasado.
El DACA fue creado en 2012 por el expresidente demócrata Barack Obama con la intención de proteger a unos 600 mil inmigrantes que llegaron a los Estados Unidos antes de cumplir 16 años.
Desde entonces ha sorteado numerosos casos judiciales que han buscado poner fin a la medida.
Datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indican que unas 82 mil solicitudes de aplicantes elegibles no han sido procesadas.
¿Qué piden los gobernadores de estos 9 estados?
Los gobernadores republicanos pidieron al juez anular la Regla Final de DACA firmada el año pasado por el presidente Biden para la “preservar y fortalecer DACA”, esto como respuesta a las numerosas causas judiciales abiertas en el país, incluida la revisión del programa por la Corte Suprema de Justicia.
“La regla final como la última manifestación del programa DACA es sustancialmente ilegal por las mismas razones que el Memorando DACA de 2021”, indicó el texto presentado al tribunal federal esta semana.
Los gobernadores republicanos dicen que la Corte debe “anular en su totalidad y prohibir permanentemente su implementación”, dejando abierta la posibilidad de que se busquen formas de transición para los beneficiarios actuales de DACA.
En 2021, según reseñan medios de comunicación en los Estados Unidos, el juez Halen dictaminó que DACA era ilegal, no obstante, permitió que siguiera operando, tiempo en el que los abogados defensores de la Administración Biden podrían apelar la decisión.
En octubre pasado, la Corte de Apelaciones del 5º. Circuito, basada en Nueva Orleans, en el estado de Louisiana, rechazó dar un veredicto y remitió el caso nuevamente al mismo tribunal de Hanen, pues correspondía al juez valorar la propuesta de la Administración Biden para blindar el programa de protección a los dreamers.
La Casa Blanca aún no ha comentado esta nueva etapa del caso judicial del programa.
Se prevé que el juez Hanen tome una decisión hasta la segunda semana de abril, cuando haya concluido el tiempo programado para que las partes ventilen argumentos ante el tribunal.
Aunque en la demanda los republicanos hablan de 800 mil dreamers, ese es el número que originalmente se acogió al programa, en 2012. Sin embargo, después de que muchos lo abandonaran por diversas causas, en la actualidad son unos 600 mil , además de 82 mil solicitudes que no han sido procesadas.
Biden busca proteger DACA
El año pasado, el gobierno de Joe Biden anunció una norma conocida como Regla Final para “preservar y fortalecer” el programa DACA ante los continuos desafíos legales provenientes desde las filas republicanas.
La norma, que según el gobierno corrige los defectos del plan original y deja sin efecto los argumentos de las demandas, entró en vigor el 31 de octubre pasado.
El litigio entre los beneficiados del DACA y el ex presidente Donald Trump inició en el 2019, cuando el gobernante intentó ponerle fin y fue bloqueada su intención es tribunales inferiores.
El DACA, que inició en el gobierno de Barack Obama, no concede la ciudadanía estadounidense y solo ampara a quienes no hayan cometido delitos.
La Administración Biden revisó en 2022 el DACA, o programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, sometiéndolo al proceso formal de elaboración de reglas para aumentar sus probabilidades de satisfacer los argumentos de que no se creó correctamente.
En 2018, Texas y otros estados liderados por republicanos demandaron al gobierno federal, argumentando que DACA perjudica financieramente a los estados porque legalmente deben brindar educación, atención médica y otros servicios a todos los residentes de sus estados, incluidos los inmigrantes indocumentados.
Los estados argumentan además que solo el Congreso tiene la autoridad para otorgar beneficios de inmigración.
Dreamers otra vez en incertidumbre
Andrea Rathbone Ramos, una beneficiaria de DACA y defensora de los dreamers se mostró preocupada por la situación actual del programa y manifestó que es complicado vivir con esa incertidumbre año tras año.
“Yo quiero pensar que ellos entienden qué las personas que tienen DACA como yo si proveemos un beneficio a esta nación” expresó Ramos.
Legisladores republicanos como el senador de Texas John Cornyn se han mostrado dispuestos en crear una ley que le dé un camino a la ciudadanía, a los “soñadores”
“La única manera como se va a acabar esto es que el congreso haga algo y haga que DACA sea por fin una ley. Los jóvenes son el presente y futuro de esta nación y no se les pueden estar cerrando las puertas”, declaró Carlos Garcia, un abogado defensor de los inmigrantes.
Ramos dijo sentir dolor y estar cansada de estar en el limbo, “pero al mismo tiempo lo que me trae mucha esperanza es saber que hay muchas personas que están trabajando, y están luchando por los derechos de mi comunidad”. (Servicios combinados).
