HARTFORD.- Un juez de un tribunal de distrito federal en Connecticut dictaminó que la administración del presidente Joe Biden debe detener la aplicación de una regla de la era Trump, que canceló los beneficios de Medicaid para algunos inscritos en el programa de salud para personas discapacitadas y de bajos ingresos.

El juez Michael Shea emitió una orden judicial preliminar a nivel nacional para que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos informe a las agencias estatales, antes del 7 de febrero, de que no cumplan con una norma final provisional (IFR) de noviembre de 2020, que expulsó a ciertos afiliados de Medicaid y para restablecer la política que mantuvo a las personas cubiertas durante la emergencia de salud pública COVID-19.

La medida cautelar está vigente hasta el 31 de marzo, ya que las disposiciones que protegen contra la terminación de la cobertura en virtud de una ley federal de la pandemia finalizan en ese momento.

A partir del 1º de abril, los estados comenzarán un proceso de un año de duración llamado “desconexión” para revisar quién es elegible para permanecer en Medicaid.

El caso surgió originalmente de una demanda presentada en agosto de 2022 por tres mujeres de Connecticut, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos contra el Secretario Xavier Becerra del HHS pidiéndole que invalide la regla.

Más tarde, dos demandantes adicionales de otros estados se unieron a la demanda y, en noviembre, un juez de distrito federal diferente en Hartford, Omar Williams, otorgó alivio a los cinco demandantes nombrados.

Sin embargo, los demandantes nombrados representan solo algunos de los miles en todo el país que han perdido los beneficios de Medicaid durante la pandemia. El caso finalmente se convirtió en una demanda colectiva a nivel nacional, aunque el juez limitó la clase a personas inscritas en Medicaid en cualquier estado a partir del 18 de marzo de 2020, que tuvieron reducciones en sus beneficios y tenían o serían elegibles para un plan de ahorro de Medicare.

Los abogados de los demandantes argumentaron que la regla violaba la Families First Coronavirus Response Act, una ley aprobada por el Congreso en marzo de 2020.

Estipulaba que los estados que reciben fondos federales mejorados de Medicaid no pueden cancelar o reducir los beneficios de una persona hasta el final del mes cuando termina la emergencia de salud pública, incluso si esa persona ya no es elegible.

Si mantienen esa cobertura, las agencias estatales de Medicaid reciben un 6.2% adicional en reembolsos. Las excepciones son si un afiliado se muda fuera del estado o cancela voluntariamente la cobertura.

Pero una regla implementada ocho meses después por la administración del ex presidente Donal Trump creó exenciones y ordenó que los estados que reciben los fondos deben eliminar a ciertas personas de las listas: aquellos que también están inscritos en un Programa de Ahorros de Medicare y los no ciudadanos que han vivido en los Estados Unidos por menos de cinco años a menos que sean menores de edad o embarazadas.

Los abogados y los defensores de las personas con discapacidad se preocuparon por las reducciones y cancelaciones de la cobertura que, según dicen, perjudican de manera desproporcionada a las personas de color que necesitan acceder a programas como Medicaid, conocido como HUSKY en Connecticut.

“Cualquier pérdida de los beneficios de Medicaid afecta desproporcionadamente a los adultos mayores y discapacitados de color de bajos ingresos, que ya corren un mayor riesgo de institucionalización y enfermedad debido a las desigualdades estructurales”, declaró Carol Wong, directora adjunta de litigios de Justice in Aging y una de las abogadas demandantes.

Una vez que el HHS informe a los estados sobre la nueva guía, los próximos pasos no están claros y podrían variar según el estado. No hay un momento exacto para la rapidez con la que aquellos que perdieron la cobertura podrían ser reintegrados. Y no hay garantía de que obtendrán beneficios retroactivos que se remontan al momento de la terminación.

Pero la orientación anterior de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, que es parte del HHS, indica que ambos son posibles.

Los abogados del demandante argumentaron que el HHS de Trump violó la Ley de Procedimientos Administrativos en su implementación de la regulación y que la aplicación por parte de la administración de Joe Biden continúa causando “daño irreparable”.