HARTFORD.- Activistas estudiantiles se manifestaron frente al Capitolio estatal para exigir que los legisladores financien una expansión de los beneficios de Medicaid para los jóvenes inmigrantes, a través de uno de los innumerables proyectos de ley que seguramente serán rechazados la próxima semana por una propuesta de presupuesto legislativo.

El grupo, CT Students for a Dream (C4D), se reunió bajo un sol inusualmente cálido para promover una expansión del programa Medicaid de Connecticut, conocido como HUSKY Health, para niños indocumentados elegibles hasta que cumplan 18 años.

El proyecto de ley, que fue presentado en marzo pasado por el Comité de Servicios Humanos, se basa en la ley del año pasado que establece el límite de cobertura para niños inmigrantes indocumentados en 12 años.

Los estudiantes en el jardín del Capitolio pidieron una expansión más amplia a 26 años o más.

Dado el fondo Rainy Day Fund de Connecticut y varios años de superávit presupuestarios consecutivos, los defensores confiaban en que el Estado podría afrontar el gasto adicional para financiar la atención médica, un derecho humano.

“Legisladores, no sean graciosos. Todos sabemos que hay dinero”, corearon.

Esa rima, pronunciada con el timbre metálico de un megáfono, puede resultarles familiar a los miembros del Comité de Asignaciones de la Asamblea General, que estaba dando los toques finales esta semana a una refutación legislativa al plan de gastos de 50.5 mil millones de dólares propuesto por el gobernador Ned Lamont en Febrero.

En una entrevista el jueves pasado, la senadora Cathy Osten, una demócrata de Sprague que copreside el panel, dijo que la conciencia pública de los miles de millones en superávits presupuestarios ha alimentado las expectativas de gasto que su comité posiblemente no pueda cumplir como resultado de las barreras fiscales como un tope en gasto estatal.

El presupuesto propuesto por el Gobernador consistía en gran parte en obligaciones de gasto en curso, como aumentos salariales previamente aprobados para los trabajadores estatales y aumentos anualizados para proveedores privados, indicó Osten.

Como resultado, el comité tiene muy poca libertad para incluir fondos para otras prioridades legislativas y, al mismo tiempo, mantener su propuesta dentro de los límites fiscales, que se adoptaron inicialmente como parte de un presupuesto bipartidista en 2017 y que los legisladores estatales volvieron a aprobar a principios de este año.

Numerosos legisladores y grupos de interés han competido este año por fondos adicionales, incluidos los partidarios de proporcionar comidas escolares gratuitas para todos los niños, los defensores de acelerar los aumentos en la financiación de la educación para los distritos escolares de bajos ingresos y los defensores de aumentar el apoyo estatal a la Universidad de Connecticut (UConn).

Todos esos y más han aterrizado en el escritorio del comité de Osten.

El resultado será decepcionante para la mayoría de los miembros del público y los defensores que viajan al Capitolio estatal para presionar por una parte de las arcas estatales que parecen estar repletas, de acuerdo con los expertos.

Algunos de esos defensores calificaron el sistema de injusto.

“Lo que no es aceptable es la gente en el edificio detrás de nosotros, obligando a nuestra comunidad a un debate sobre los derechos humanos que no debería ser objeto de debate”, dijo el director ejecutivo del SEIU State Council, Kooper Caraway, sobre la propuesta de Husky.

La propuesta de presupuesto del Gobernador no incluía fondos adicionales para ampliar la elegibilidad de Medicaid para inmigrantes.

Osten dijo que su comité todavía estaba buscando ver qué se puede incluir en su propuesta, pero señaló que los legisladores aún tenían que ver el impacto fiscal de la expansión de Husky que entró en vigencia en enero.

“Si bien aún no se ha publicado el presupuesto, todavía estamos buscando para ver qué podemos hacer. No creo que sea exactamente lo que expuso el Comité de Servicios Humanos”, finalizó Osten.