NEW HAVEN.- Un juez del Tribunal Superior de Connecticut escuchó los argumentos, el martes pasado, en una disputa sobre si se debe prohibir la divulgación de las identidades de más de 100 policías estatales que pueden haber falsificado registros de tránsito presentados a un grupo de prevención de perfiles raciales, según una auditoría reciente.
El juez Rupal Shah está considerando una solicitud del Sindicato de Policía del estado de Connecticut para impedir que el Department of Emergency Services and Public Protection (DESPP) cumpla con una solicitud de la Ley de Libertad de Información del Connecticut Mirror, para obtener los nombres y números de placa de 130 policías.
Los policías fueron señalados en una auditoría realizada en junio pasado por el Proyecto de Prohibición de Perfiles Raciales de Connecticut, que concluyó que había una “alta probabilidad” de que algunos policías estatales hubieran falsificado informes a la junta en al menos 25 mil 966 casos.
Durante una breve audiencia el martes pasado, los abogados del Department of Emergency Services and Public Protection, la Comisión de Libertad de Información y dos medios de comunicación argumentaron que una orden judicial que impedía al Estado revelar los nombres interfería con la autoridad de la Comisión de Libertad de Información sobre la divulgación de registros públicos.
“Lo que el demandante está pidiendo al tribunal que haga aquí esencialmente eliminaría todo ese proceso, eliminaría lo que dice el estatuto, eliminaría lo que la Corte Suprema dijo que se supone que debe suceder. En otras palabras, ordenaría al DESPP hacer algo para lo que no está autorizado”, dijo Kevin Munn, abogado de la FOI Commission.
Sin embargo, el abogado del sindicato, Jeffrey Ment, argumentó que la FOI Commission sólo entraría en juego si la agencia se negaba a revelar la información solicitada. Basándose en las respuestas del DESPP a la solicitud de los medios, Ment concluyó que parecía probable que la agencia divulgara los nombres, sin dejar al sindicato ningún mecanismo para impedir su divulgación.
El escándalo de las boletas de infracción falsificadas está siendo investigado actualmente por varias entidades, incluido el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, una revisión independiente encargada por el gobernador Ned Lamont y una revisión interna de la agencia.
Representantes del sindicato de la policía han dicho que desde entonces 27 de los 130 agentes examinados habían sido exonerados de irregularidades. También han dicho que el escándalo de las boletas de infracción falsificadas ya había resultado en al menos una amenaza contra la vida de agentes de la policía estatal.
Los abogados del Estado y los medios de comunicación, entre ellos el Connecticut Mirror y The Day of New London, describieron la ley como claramente del lado de los acusados.
El Fiscal General Adjunto, Terrence O’Neil, dijo que el Estado había presentado un breve escrito sobre el caso porque no había mucho que decir al respecto.
La jueza no indicó, el martes pasado, qué decisión tomaría finalmente en el caso. Sin embargo, cuestionó a Munn cuando él la instó a dejar que la FOI Commission decidiera el asunto.
