Tras las acusaciones de maltrato hacia los jornaleros en el centro comunitario, los trabajadores inmigrantes salieron al paso y brindaron testimonios a favor de B1C

STAMFORD.- Después de las acusaciones de que Building One Community (B1C) maltrataba a los jornaleros, los miembros de la Junta Directiva del centro comunitario, personal voluntarios, ex empleados, personas que han tomado los programas y activistas comunitarios sostuvieron una reunión, el domingo pasado, para brindar testimonios acerca de la labor de B1C.

En la reunión, a la que asistieron cerca de 40 personas, se abordó lo importante que ha sido el centro comunitario para los inmigrantes, ya que antes de su fundación no existía un lugar de acogida para los recién llegados al país.

Asimismo, los asistentes analizaron los ataques contra el centro y llegaron a la conclusión que tales ataques, a los que calificaron como infundados, perjudicaran a todos los inmigrantes por el riesgo de que algo le pasara algo al centro comunitario y no poder seguir brindando los programas gratuitos a beneficio de la comunidad.

De acuerdo con los testimonios en la reunión, uno de los riesgos, tras los ataques, es que, al difundir de que al centro llegan personas indocumentadas, podrían llegar los miembros del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) al lugar, causando aún más temor entre la comunidad inmigrante.

Wendy Cárdenas, receptora de Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) y ex empleada del centro manifestó que ha visto el trabajo del centro a beneficio de todos los inmigrantes y rechazó las acusaciones de que el centro maltrataba a los jornaleros.

Según Catalina Horak, directora de Building One Community (B1C), todos los empleados del centro quizás no sean perfectos, pero ninguno tiene la tienen intención de discriminar a nadie.

“Como saben, nuestra misión es ayudar a los inmigrantes y a sus familias a tener éxito en la comunidad. Requerimos que todo nuestro personal y voluntarios estén comprometidos con esa misión”

Agregó que “muchos de nuestros programas están diseñados específicamente para apoyar a los jornaleros, como proporcionar un lugar de refugio los siete días de la semana, organizar eventos sociales, ayudar a los jornaleros a recuperar los salarios no pagados y ofrecer talleres personalizados de desarrollo de habilidades. Prevenir y remediar el maltrato de los jornaleros es una causa que es un principio clave de nuestra misión”.

Por su parte, Beatrice Chodosh, de la organización CRISOL-Acuarela, Arte y Cultura “todo esto es lamentable. Afortunadamente, los trabajadores, voluntarios y demás participantes han expresado sus sentimientos positivos hacia el centro y desmienten rotundamente las acusaciones de maltratos  a los trabajadores”.

“No nos hemos sentido discriminados”: Jornaleros

A la reunión asistieron un total de ocho jornaleros, quienes expresaron su gratitud por la ayuda que les brinda el centro comunitario y expresaron que en ningún momento se han sentido discriminados ni que han recibido malos tratos.

Según un jornalero, identificado como “Jacinto”, el centro le ha ayudado a crecer como persona, al recibir clases de inglés gratuitas y aprender muchas habilidades para la vida.

Otro trabajador inmigrante, identificado como “Lorenzo”, expresó que ha visitado el centro varias veces para observar la televisión y que ha visto un ambiente tranquilo y amable.

Otro jornalero, identificado como “Juan”, indicó que Building One Community es centro es para todo aquel que quiera dejarse ayudar.

“Si una persona no quiere dejarse ayudar entonces el centro no es para él. B1C cuenta con programas gratuitos y siempre está abierto para los inmigrantes, solo es de venir y buscar la ayuda, que siempre está disponible”, agregó “Juan”.

Horak, precisó que B1C es un centro que tiene reglas porque vienen muchas familias y niños y si una persona inmigrante no sigue las reglas, significa que el centro no le va a funcionar.

Protesta afuera del centro

Al mismo tiempo que se desarrollaba la reunión dentro de Building One Community, en las afueras del centro comunitario, el activista Carlos Amaya, ex empleado de B1C, junto con otro grupo de activistas, llevaron a cabo una protesta afuera del centro con carteles denunciando al centro de que maltrataba a los jornaleros.

Amaya acusó a Building One Community de presuntamente maltratar a los jornaleros que asisten al centro y presentó una denuncia ante la Commission on Human Rights and Opportunities (Comisión de Derechos Humanos y Oportunidades).

De acuerdo con el informe, Amaya trabajó en B1C del 3 de enero al 6 de marzo del 2018 y denunció que había un ambiente hostil para los jornaleros.

 Estudiantes hispanos de Connecticut son castigados más constantemente en comparación con los de otra etnia

NEW HAVEN.- Los estudiantes latinos en Connecticut son suspendidos de la escuela al doble de la tasa que sus compañeros blancos, a pesar de que son ampliamente superados en número por los estudiantes blancos, según un informe publicado por Connecticut Voices for Children.

Los estudiantes latinos también experimentan castigos más duros por los mismos comportamientos que sus homólogos blancos, lo que lleva a más expulsiones y tasas de graduación más bajas para esta población, según el grupo de defensa.

De acuerdo con el informe, estas disparidades son especialmente atroces, cuando se toma en cuenta el hecho de que los estudiantes blancos comprenden el 54 por ciento de la población de los grados K-12 del Estado.

Los estudiantes latinos, en comparación, representan el 25 por ciento.

Pero con el acuerdo final del caso Alicia B. vs. Malloy, un caso presentado contra el Estado en 2015 para abordar la educación alternativa de calidad inferior ofrecida a los niños expulsados ​​en todo el Estado, tales inequidades podrían ser objeto de un examen más detenido.

Este acuerdo requiere que el Estado emita orientación adicional a los distritos escolares, proporcione recursos para reducir las expulsiones a los distritos escolares, las familias y la comunidad, y monitoree y aborde las disparidades raciales en las expulsiones.

Además, el Estado deberá proporcionar a los estudiantes expulsados ​​planes de aprendizaje individualizados que cumplan con los estándares de oportunidades educativas alternativas que se desarrollaron, en parte, en respuesta a la demanda original.

Desde 2017, se requiere que el Estado brinde a los estudiantes expulsados ​​”una experiencia integral a tiempo completo, en la que el tiempo dedicado a la instrucción y el aprendizaje sea comparable con lo que el alumno experimentaría en un entorno regular”.

Para abordar las disparidades raciales, los autores del informe Connecticut Voices for Children creen que los datos deben ser más abundantes y de más fácil acceso. Recomiendan específicamente que el Estado mejore el acceso a los datos sobre la disciplina escolar.

“El Departamento de Educación del Estado tiene que divulgar los tipos de cosas que expulsan a los estudiantes, como llevar un arma a la escuela, comportamiento amenazante física o verbalmente, entre otras comportamientos, y luego lo dividen por raza, pero no por raza y género, indicó Lauren Ruth, quien fue coautora del informe con Camara Stokes-Hudson.

Actualmente, para ver cómo se cruzan los datos de expulsión y otros datos disciplinarios por raza y género, se debe presentar una solicitud específica al Departamento de Educación del Estado.

Ruth y Stokes-Hudson declaró que el Estado debería simplemente lanzar los datos más específicos desde el principio. La información disponible muestra que ha existido una mejora en las acciones disciplinarias, el ausentismo crónico y las tasas de graduación en todos los grupos raciales, sin embargo, la brecha entre los grupos raciales no está disminuyendo.

El informe de Connecticut Voices for Children también profundiza en la falta de profesores latinos y de otras minorías en el Estado, la baja inscripción en los cursos avanzados y programas especiales de estudiantes latinos, y la gran cantidad de estudiantes latinos que están ausentes crónicamente.

El Estado está tomando otros pasos para abordar estas brechas.

En mayo pasado, por ejemplo, los legisladores aprobaron una legislación que requiere que el Departamento de Educación tome ciertas medidas para reclutar y retener a maestros de minorías.

Además de reclutar maestros de las minorías, el Departamento busca ampliar la capacitación antiprejuicios, ampliar los esfuerzos y apoyar a maestros de color y ampliar el acceso a programas e intervenciones relacionadas con el ausentismo crónico.

STAMFORD.- Centenar de manifestantes se reunieron, el viernes pasado, frente a la sede de Purdue Pharma, en el Tresser Boulevard, en esta ciudad para exigir que el fabricante de medicamentos establezca un fondo para luchar contra la crisis de opiáceos en la nación.

Los manifestantes que se unieron a la protesta alegan que el marketing de la compañía de su analgésico opiáceo OxyContin ha ayudado a impulsar la adicción y la muerte por sobredosis de opiáceos.

Los datos del gobierno federal muestran que hubo más de 47 mil muertes por sobredosis de opiáceos en los últimos 12 meses, frente a las casi 30 mil de hace tres años.

De 1999 a 2016, más de 200 mil personas en los Estados Unidos murieron por sobredosis relacionadas con los opioides recetados, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Las muertes por sobredosis de opioides recetados en 2016 totalizaron cinco veces el número de víctimas en 1999, mientras que las ventas de esos medicamentos se cuadruplicaron, precisaron los CDC.

Los activistas entraron al edificio para entregar una carta al jefe ejecutivo de Purdue Pharma, Craig Landau, exigiendo a la compañía que cree un fondo para combatir la crisis.

La compañía señaló que comparte las preocupaciones de la gente sobre la crisis y se compromete a encontrar soluciones.

“Purdue se compromete a trabajar en colaboración con los afectados por esta crisis de salud pública en soluciones significativas para ayudar a detener la ola de muertes por sobredosis relacionadas con opiáceos”, comentó la compañía.

De acuerdo con los participantes en la protesta, es quizás la manifestación más grande jamás realizada afuera de las oficinas de la compañía, en 201 Tresser Boulevard, en la que participaron alrededor de 500 personas, incluidos muchos padres de niños que murieron de sobredosis de opiáceos y defensores en recuperación de la adicción a los medicamentos recetados.

Ryan Hampton, de 38 años, activista y autor con base en Los Ángeles, que luchó contra la adicción a los opiáceos, incluido el OxyContin durante 10 años, y Cheryl Juaire, de 59 años, defensora de Marlborough, Massachusetts, cuyo hijo de 23 años murió de una sobredosis de heroína en 2011, dirigieron el evento, que atrajo a asistentes de todo el país.

Purdue podría crear un fondo para enfrentar la crisis de opiáceos, similar al establecido por las compañías tabacaleras como parte de un acuerdo nacional en 1998 que valió 246 mil millones de dólares.

Ningún funcionario de Purdue salió a encontrarse con los manifestantes, muchos de los cuales llevaban carteles con fotos de familiares y amigos que habían muerto por sobredosis de opiáceos.

Paralelamente al discurso de Hampton, muchos de los otros manifestantes dieron discursos y mostraron carteles que describían a Purdue como un culpable de la crisis de opiáceos que ha azotado al país desde que OxyContin, la droga más vendida de Purdue, salió al mercado en 1996.

La reunión del viernes marcó la tercera protesta en los últimos tres meses frente al edificio de Purdue.

Las recientes manifestaciones incluyeron un incidente del 22 de junio pasado en el que una escultura, en forma de cuchara, de 10 pies de altura, que pesaba varios cientos de libras, se tiñó para representar la heroína quemada y que fue instalada brevemente afuera del edificio de la compañía.

El programa Women, Infants, and Children (WIC) ahora será manejado por el Estado

STAMFORD.– La Ciudad pronto dejará de administrar el programa Special Supplemental Nutrition para el Women, Infants and Children debido a los crecientes costos y la falta de fondos para subvenciones.

En octubre próximo, OPTIMUS Health Care tomará el control del programa, que brindará a al menos 4 mil residentes de Stamford el asesoramiento nutricional, los beneficios de alimentos y las referencias durante todas las etapas del embarazo y la crianza de los niños pequeños.

La financiación para el programa es proporcionada por el Departamento de Salud del Estado a través de una subvención federal.

De acuerdo con una declaración de la Oficina del Alcalde, la Ciudad está renunciando a su subvención de WIC para el Estado, que ha contratado a OPTIMUS.

Elizabeth Carlson, asistente especial del alcalde David Martin, dijo que OPTIMUS, el proveedor de los servicios de atención primaria de salud más grande del suroeste de Connecticut, está mejor equipado para usar la subvención.

“En el futuro previsible, los servicios se ubicarán dentro del Departamento de Salud del Centro de Gobierno de Stamford. La gente vendrá aquí por estos servicios, pero los atenderán personas que trabajan para OPTIMUS. El objetivo es tener una transición fluida”, comentó Carlson.

Ted Jankowski, director de Salud, Seguridad pública y Bienestar de Stamford, indicó que la Ciudad hizo un llamamiento al Estado para obtener más fondos de subvenciones que en años anteriores, pero fue denegado.

“Creemos que OPTIMUS es un excelente proveedor de atención médica y que los servicios a la comunidad serán muy buenos”, precisó Jankowski.

El Departamento de Salud de la Ciudad y OPTIMUS ya trabajaron juntos, según la Oficina del Alcalde.

Bajo el nuevo acuerdo, OPTIMUS proporcionará más programas a los residentes con horario ampliado, informó la Oficina del Alcalde.

Jankowski dijo que OPTIMUS se ha reunido con empleados municipales del WIC para solicitar empleos similares en su compañía.

“Espero que cada empleado encuentre un empleo continuo con OPTIMUS. Los nutricionistas han sido muy dedicados, asegurando que se satisfagan las necesidades de los visitantes y la comunidad”, precisó Jankowski.

Ludwig Spinelli, presidente de OPTIMUS Health Care, la combinación de estos tipos de servicios se ha vuelto común.

“Hay una tendencia en todo el país en la que los servicios de prevención están llevando a cabo servicios de prevención. Combinar los servicios de WIC con la atención médica no solo nos permite tratar mejor a nuestros visitantes, sino que también ayuda a maximizar los escasos dólares públicos”, finalizó Spinelli.