LIMA (EFE).- Miles de personas marcharon por las calles del centro de Lima para exigir la renuncia del fiscal general de Perú, Pedro Chávarry, incluido en una investigación fiscal contra una organización criminal enquistada en la Judicatura peruana.

Al grito de “¡Fuera Chávarry!” y “Ni mafias ni corrupción”, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) convocó a una serie de organizaciones sociales, estudiantiles, sindicatos y partidos políticos para exigir la salida del Fiscal de la Nación, que ha perdido el respaldo de la mayoría de sus colegas en los últimos días.

Una enorme bandera del Perú recorrió las calles del centro de Lima, desde la Plaza San Martín hasta el edificio del Ministerio Público, para expresar la indignación de la población por los indicios de que Chávarry perteneció a la organización Los Cuellos Blancos del Puerto, una mafia de corrupción descubierta en los tribunales de Lima y el Callao en julio pasado.

La movilización pidió al Congreso, controlado por la mayoría opositora de Fuerza Popular, la destitución de Chávarry, quien ha sido respaldado por la lideresa de ese partido Keiko Fujimori, investigada actualmente por lavado de activos en la Fiscalía.

“Y va a caer, y va a caer, el Congreso va a caer”, clamaban los grupos que rechazan la supuesta protección de Fuerza Popular al fiscal general.

Algunas de las conversaciones sostenidas por Chávarry con la presunta mafia corrupta revelaron su interés en asegurar su elección en el cargo, mediante encuentros con periodistas invitados por operadores políticos y legisladores de Fuerza Popular.

Horas antes de la movilización, el fiscal de la nación invocó, en un comunicado, a los integrantes de la institución a defender la autonomía constitucional del Ministerio Público “frente a una serie de desinformaciones, comentarios y calificativos que ponen en duda su autoridad e independencia”.

“Solo con unidad de todos sus integrantes, el Ministerio Público podrá hacer frente y solucionar la sensación de enfrentamiento producida por presiones de diversos sectores, propiciando para ello un ambiente de diálogo y entendimiento que debe imperar en la institución”, agregó el documento.

Ayer, el Congreso de Perú fue declarado en sesión permanente para abordar la reforma del sistema de justicia impulsada por el presidente, Martín Vizcarra, tras desvelarse una compleja red de corrupción judicial instalada en las altas esferas de la judicatura peruana.

El presidente del parlamento, el fujimorista Daniel Salaverry, convocó al pleno para comenzar a debatir este jueves la recomposición del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuyos miembros dimitieron o fueron destituidos al descubrirse que la mayoría estaban implicados en el escándalo de corrupción.

El anuncio del presidente del Congreso llegó horas después de que Vizcarra lamentara que los siete proyectos de ley presentados por él mismo ante el Parlamento llevaban más de un mes sin conocerse progreso alguno en el hemiciclo.

Las fricciones entre Vizcarra y el Congreso, dominado por el fujimorismo por mayoría, se acrecentaron después de que el mandatario anunciase un referéndum para impedir la reelección de congresistas, volver a un Parlamento bicameral y reformar la financiación privada de los partidos.

En la red de corrupción, desvelada desde julio por grabaciones de conversaciones telefónicas, participaban magistrados, políticos y empresarios que incurrían en presuntos delitos de tráfico de favores e influencias, prevaricación y cohecho.

MEXICO (EFE).- Hacer una investigación a fondo sobre la trama de corrupción Odebrecht en México implicaría “necesariamente llegar hasta el presidente”, afirma el periodista Raúl Olmos, autor de un libro que desgrana los negocios de la constructora brasileña en el país.

Es más, los casos de presuntos sobornos “involucran por lo menos dos gestiones de gobierno: el de Felipe Calderón y el de (el actual mandatario) Enrique Peña Nieto”, señaló en una entrevista con Efe.

En su libro “Gigante de lodo. Odebrecht y su historia de corrupción en México”, el periodista de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) aglutina sus varios reportes sobre las operaciones ilícitas de la firma brasileña en el país.

Y resalta, asimismo, la falta de respuesta de la justicia mexicana, que ha hecho que ningún funcionario del país haya sido sancionado hasta la fecha.

Entre los servidores públicos presuntamente envueltos en la trama destaca el nombre de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, a quien la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) investiga por recibir 10 millones de dólares en sobornos.

No obstante, “me parece muy preocupante que cuando se habla de Odebrecht la gente lo liga inmediatamente a Lozoya, cuando no es necesariamente el único personaje involucrado”, resalta el autor.

Otros rostros de “la alta política en México”, como Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio, exsecretario de Gobernación, “estuvieron ligados con esta trama de corrupción de Odebrecht”, comenta.

La investigación exhaustiva de Olmos, en la que ha tenido acceso a documentos de la Fiscalía brasileña, le ha llevado a establecer que una de las “claves” de la impunidad en México fue la existencia de personajes que “maniobraron” para que las pesquisas no avanzaran, gracias a un sistema de complicidades.

El periodista señala el caso de Raúl Cervantes, quien fuera el abogado defensor de la elección de Peña Nieto en 2012 y quien más adelante fue nombrado titular de la PGR.

“Se sabe que las transferencias de recursos fluyeron cuando se desarrolló la campaña presidencial”, por lo que Cervantes quedó en mitad de un “conflicto de intereses”: “¿Cómo iba a investigar las transferencias de Odebrecht si él mismo formó parte de la campaña?”, se pregunta el autor.

Si el tema de los sobornos se hubiera investigado de forma pertinente, “se hubiera puesto en duda la legalidad de la elección”, apunta Olmos, quien recuerda que financiar campañas políticas para luego obtener contratos ventajosos fue el “modus operandi” de la constructora en Latinoamérica.

Antes de este sexenio, con Felipe Calderón (2006-2012) como jefe del Ejecutivo, “los beneficios que se asignaron directamente a Odebrecht fueron multimillonarios, y poco se ha observado ese punto”.

Por ejemplo, relata, Calderón aparece mencionado en los expedientes que se siguen en Brasil como un presidente interesado en que Odebrecht concretara un proyecto de inversión muy ventajoso para ellos, y en el que también intervino de forma directa el exmandatario brasileño Lula da Silva.

Este proyecto, llamado Etileno XXI y llevado a cabo en Veracruz, dio a la empresa “concesiones ventajosas”, con beneficios que se negociaron a un largo plazo de 20 años, y que representa para la brasileña “ingresos anuales por 2.500 millones de dólares”.

De acuerdo con Olmos, México todavía está a tiempo de realizar una indagatoria “profunda” que pueda seguir el rastro del dinero y a manos de quién llegó.

Señala que hay un dato que da “esperanza” de cara a la próxima administración de Andrés Manuel López Obrador (que asume la Presidencia el 1 de diciembre) y es que el extitular de la fiscalía electoral Santiago Nieto se perfila como el futuro encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Nieto fue destituido en octubre del año pasado de su cargo después de que denunciara presiones por parte de Lozoya para que declarara públicamente su inocencia.

En diciembre de 2017, la Secretaría de la Función Pública mexicana impuso una sanción a Odebrecht que le impidió obtener contratos públicos en el país en un periodo de cuatro años, por el cobro indebido de 6,2 millones de dólares en el proyecto de una refinería en Hidalgo.

“Le han pegado donde más les duele, en el aspecto económico”, porque lo que les interesa ahora, tanto en México como en otros países, es “reactivarse y volver a tener contratos”, valora el periodista. EFE