HARTFORD.- La inmigración continúa siendo uno de los temas políticos y sociales más debatidos en Connecticut en el presente año.
Autoridades estatales, legisladores y organizaciones comunitarias discuten cómo equilibrar la seguridad pública con la protección de los derechos de los inmigrantes en un estado donde miles de personas son nacidas en el extranjero.
En los últimos meses, el tema ha cobrado mayor relevancia debido a cambios en políticas federales y a nuevas propuestas de ley a nivel estatal.
Uno de los pilares de la política migratoria en Connecticut es la llamado Trust Act, una ley que limita la cooperación entre las policías locales y las autoridades federales de inmigración.
Bajo esta normativa, los agentes estatales no pueden detener a una persona únicamente por una solicitud de inmigración del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), a menos que exista una orden judicial o que la persona haya cometido delitos graves.
Recientemente, legisladores estatales aprobaron medidas adicionales para reforzar la protección de los inmigrantes dentro del sistema judicial.
Una de ellas prohíbe que agentes federales realicen arrestos civiles de inmigración dentro de tribunales estatales sin una orden judicial firmada, con el objetivo de garantizar que las personas puedan asistir a audiencias sin temor a ser detenidas.
Otro tema que está generando debate es la posible creación o utilización de instalaciones para detención de inmigrantes en el Estado. Legisladores analizan propuestas que permitirían a los municipios decidir si autorizan o no que almacenes comerciales sean convertidos en centros de detención o refugios para inmigrantes, en medio de preocupaciones sobre el papel del gobierno federal en estas instalaciones.
Al mismo tiempo, algunas ciudades están adoptando resoluciones locales para limitar la colaboración con operativos federales de inmigración.
En Middletown, por ejemplo, el concejo municipal aprobó una resolución que pide al ICE enfocarse solo en personas con antecedentes criminales graves y evitar redadas que generen temor en las comunidades inmigrantes.
Entre los temas pendientes en la agenda legislativa también se encuentra el acceso de inmigrantes sin estatus legal a programas de salud estatales y otros servicios sociales.
Propuestas presentadas en la legislatura buscan ampliar el acceso al programa de salud HUSKY para ciertos grupos de inmigrantes, mientras que organizaciones civiles piden nuevas protecciones legales y políticas públicas que garanticen la seguridad y estabilidad de las familias inmigrantes en Connecticut.
