NUEVA YORK.- El U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) planea la adquisición de un gran almacén comercial en el condado de Orange, cerca de Westchester, en el estado de Nueva York, con la intención de convertirlo en un centro de detención para inmigrantes.
La agencia indicó que esta instalación formaría parte de la expansión de su red de infraestructura bajo supervisión federal para albergar y procesar a personas indocumentadas o con antecedentes penales.
El inmueble, ubicado en la localidad de Chester, en el Valle del Hudson, fue utilizado anteriormente por la cadena de autopartes Pep Boys como centro de distribución hasta su cierre en 2024, y se estima que podría tener la capacidad para albergar hasta 1,500 personas cuando esté en funcionamiento.
Este plan se enmarca dentro de una estrategia más amplia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de adquirir múltiples instalaciones similares en diversos estados para ampliar significativamente la capacidad de detención.
El ICE afirmó que todavía no ha comprado el antiguo almacén en Chester pero no descartó que esté en sus planes.
La noticia desató de inmediato una fuerte oposición local y política.
En una votación unánime, la junta municipal de Chester aprobó una resolución para oponerse al proyecto, y líderes locales de diferentes partidos expresaron su preocupación por los efectos que podría tener en la comunidad, tanto en términos de seguridad como de recursos e infraestructura.
Además de la oposición municipal, un grupo bipartidista de legisladores locales envió una carta al DHS manifestando su rechazo y alertando sobre posibles riesgos para la seguridad tanto de los inmigrantes como de los trabajadores que podrían verse involucrados en el centro de detención. Algunos funcionarios señalaron que, aunque apoyan la deportación de personas que cometen delitos graves, la creación de este tipo de instalación podría traer “caos” a la región.
La reacción contra la iniciativa no solo se limita a políticos. Ciudadanos y activistas también han organizado protestas y buscan vías legales para detener el proyecto y proteger a personas locales.
La falta de comunicación directa y transparente entre las autoridades federales y los líderes locales ha alimentado aún más el rechazo y las preocupaciones sobre el impacto socioeconómico y comunitario.
Este anuncio se suma a una tendencia más amplia del gobierno estadounidense de utilizar almacenes industriales convertidos en centros de detención y procesamiento migratorio, lo que ha generado polémica nacional y críticas de grupos de derechos humanos que argumentan que este enfoque representa una política dura y potencialmente inhumana de manejo de inmigración.
