HARTFORD.- Grupos comunitarios se unieron para ampliar el derecho al voto para todos los residentes de Connecticut.
La campaña Connecticut Right to Vote Campaign afirma que su objetivo es garantizar que todos los residentes permanentes legales puedan votar, así como animarlos a participar en las elecciones locales, estatales y federales.
El eje central de esta campaña es el proyecto de ley HJ 26, que permitiría votar a los residentes permanentes legales.
Helen Quiñonez, organizadora comunitaria de la organización Make the Road CT dijo que tanto la campaña como el proyecto de ley tienen un amplio apoyo.
“No solo contamos con el apoyo de la comunidad que no puede votar ahora, sino también de la comunidad que, si puede hacerlo. Pero necesitamos aumentar la participación electoral en Connecticut, porque mucha gente no va a votar en las elecciones locales y municipales”, explicó Quiñonez.
A pesar del apoyo a la campana y a este proyecto de ley, Quiñonez reconoció que puede tomar hasta cinco años lograr sus objetivos, dado el clima político actual. Mientras el presidente Donald Trump siga apoyando las deportaciones masivas, los grupos que trabajan por los derechos de los inmigrantes quieren que los legisladores de Connecticut refuercen las leyes estatales para proteger mejor a sus residentes.
Un aspecto central de la campana será el uso del derecho al voto en las elecciones locales y municipales. Los datos estatales muestran una disminución de la participación electoral en las elecciones locales y federales.
Ariana Fernández, de United Parents and Students, dijo que educar a la gente sobre su derecho a votar será una parte importante de sus esfuerzos, ayudándoles a entender la importancia que tiene para sus propias vidas.
“La forma más importante de tener voz en la educación de sus hijos es a través del voto y decidiendo quien representa cualquier asunto educativo que afecte a sus hijos. Sabemos que, durante estas elecciones locales, hay muchos padres que se quedaron fuera de ese proceso de votación”, expresó Fernández.
Señaló que si las personas que viven y trabajan en el Estado no pueden votar, es una forma de imposición fiscal sin representación.
Se calcula que los inmigrantes en Connecticut contribuyen con más de 406 millones de dólares al año en impuestos a la economía del Estado.
