BRIDGEPORT.- A principio de diciembre, la comisionada del Departamento de Niños y Familias (DFC), Vanessa Dorantes, anunció su decisión de dimitir.
A partir de enero, la comisionada adjunta Jodi Hill-Lilly asumirá el papel de líder interina de la agencia, en espera de la confirmación por parte de la legislatura como comisionada oficial.
“Hemos realizado un trabajo excepcional bajo el liderazgo de Vanessa Dorantes. Estamos emocionados de mantener el impulso y profundizar un poco más porque tenemos un nuevo tipo de dinámica emergente aquí en Connecticut y, creo que en todo el país después de la pandemia”, declaró Hill-Lilly.
Su nombramiento se produce varios meses después de que un informe de la Oficina del Defensor del Niño de Connecticut criticara al Departamento de Niños y Familias.
El informe, publicado a principios de este año, destaca varias deficiencias de las agencias y señala varias muertes infantiles evitables en los últimos tres años.
La publicación del informe provocó críticas de la comunidad, particularmente en respuesta a casos de alto perfil, incluida la muerte de un niño de 2 años en Stamford y las acusaciones de agresiones sexuales que involucraron a adolescentes en un hogar grupal financiado por el DCF en Harwinton.
El informe de la Oficina del Defensor del Niño recomienda el desarrollo de protocolos claros y un informe anual sobre cómo el DCF interactúa con las familias.
El senador estatal Kevin Kelly y el representante estatal Vincent Candelora escribieron en octubre una carta al gobernador Ned Lamont, abogando por la creación de un panel para examinar el trabajo del DCF a la luz de los informes recientes que describen problemas de la agencia, incluidas las preocupaciones planteadas por la Oficina del Defensor del Niño.
Josh Michtom, miembro del Concejo Municipal de Hartford, dijo que el DCF “tiene buenas prácticas registradas”, pero enfatizó la necesidad de cambios sistémicos dentro de la agencia para atender a las familias de Connecticut.
“No existe un buen sistema de control de calidad. El DCF podría actuar antes de que una situación se vuelva crítica, pero como siempre están pensando en su presupuesto, tienden a dejar a las familias a su suerte hasta que las cosas en crisis se arreglen”, dijo Michtom.
Michtom representó en un caso judicial a Zavianne Grajales, de 23 años, una madre que estuvo en cuidado de crianza hasta los 18 años.
Afirmó que el DCF intervino en su vida, basándose en acusaciones sin fundamento, y se llevó a sus hijos después de un incidente de violencia doméstica. Dijo que finalmente ganó su caso en 2020 y recuperó a sus hijos.
El DCF no quiso comentar sobre el caso, citando los procedimientos legales y que los registros relacionados con los servicios de protección infantil son confidenciales.
Grajales dijo que le preocupa que el DCF separe desproporcionadamente a las familias de color.
“Realmente parece que muchas veces a los hispanos y afroamericanos les quitan a sus hijos y no tienen la oportunidad de recuperarlos. Soy una de las pocos que ha podido recuperar a mis hijos y aún tenerlos bajo mi cuidado”, dijo Grajales.
En un año típico, el DCF investiga alrededor de 28 mil informes de abuso infantil en Connecticut, con un mayor número de informes de ciudades más grandes como Hartford, Bridgeport y New Haven, que son más diversas racialmente.
Hill-Lilly dijo que está comprometida a abordar las disparidades raciales.
“Es cierto: las familias afroamericanas e hispanas están sobrerrepresentadas en nuestros sistemas. Hemos hecho mucho para defender lo que llamamos iniciativas de justicia racial para asegurarnos de que no estemos atacando injustamente a las familias de color”, dijo Hill-Lilly.
La comisionada adjunta tiene un mensaje para las familias: “Trabajamos en el mejor interés de ustedes. Buscamos colaborar con ustedes continuamente, se lo agradecemos a nuestros proveedores que nos están ayudando y a la fuerza laboral, que estuvo allí trabajando en nombre de los niños y las familias, también lo apreciamos”.
