HARTFORD.- Un análisis preliminar del Departamento de Trabajo del Estado muestra que al menos una de cada 14 solicitudes de beneficios por desempleo en Connecticut, durante el primer año de la pandemia de coronavirus, fue fraudulenta.
Pero el alcance total de ese fraude, incluido el número de personas involucradas, el valor monetario del intento de fraude y los beneficios que podrían haberse pagado a los contribuyentes no elegibles, probablemente no se conocerá hasta este otoño, declaró el comisionado del Departamento de Trabajo del Estado, Kurt Westby.
La agencia está llevando a cabo esta revisión mientras continúa administrando un número de casos de beneficios de desempleo cinco veces mayor que los niveles previos a la pandemia.
“El fraude no se ha detenido en ningún Estado”, expresó Westby, quien agregó que a medida que millones de dólares en beneficios federales adicionales ingresaron a Connecticut durante el año pasado, la gente intensificó sus esfuerzos para acceder a ellos de manera incorrecta o ilegal.
Los funcionarios del departamento estiman que de los 1.4 millones de solicitudes de beneficios por desempleo recibidas durante el año pasado, aproximadamente 100 mil hasta ahora han sido identificadas como fraudulentas por el personal del Departamento.
La mayoría de las solicitudes fraudulentas involucraron robo de identidad e información falsa, de acuerdo con los funcionarios laborales.
Una gran parte del desafío, agregaron, es que para confirmar de manera concluyente el fraude, cada aplicación sospechosa debe ser examinada individualmente.
“El fraude es particularmente caro. No solo cuesta dinero que las empresas en última instancia tienen que devolver al fondo fiduciario (federal de desempleo), sino que también genera retrasos al impedir que el personal procese solicitudes legítimas”, señaló Westby.
La agencia aún debe revisar miles de casos que marcó por sobrepago. Pero esta categoría no indica automáticamente un posible fraude. El sobrepago puede ocurrir por razones legítimas.
Un ejemplo que ocurrió comúnmente durante la pandemia involucra a los trabajadores despedidos que legítimamente solicitaron desempleo, pero luego fueron rápidamente recontratados porque su empleador recibió un préstamo federal de emergencia del Programa de Protección de Nómina.
El Departamento pagó los beneficios antes de que estos trabajadores fueran reclasificados y luego tuvo que recuperar los fondos.
“Esto es fluido y estamos actualizando continuamente todos y cada uno de los casos”, explicó Westby.
El Comisionado también señaló que 100 mil solicitudes fraudulentas no equivalen a 100 mil personas que intentan cometer un fraude.
Una persona puede presentar múltiples solicitudes por varias razones, incluso para corregir un error en un formulario anterior, solicitar una extensión de beneficios o acceder a cualquiera de los programas federales de ayuda mejorada.
El Departamento estima que las 1.4 millones de solicitudes recibidas durante el primer año de la pandemia involucraron a alrededor de 580 mil contribuyentes únicos.
El Departamento normalmente procesaba alrededor de 130 mil solicitudes en un año típico de prepandémica y enfrentó un “desafío monumental” la primavera pasada cuando recibió alrededor de 400 mil solicitudes en solo unas pocas semanas después de que el COVID-19 azotó Connecticut, precisó Westby.
Los funcionarios se apresuraron a redirigir y reforzar al personal en las áreas más vitales, incluidos los bancos de teléfonos para ayudar a procesar las aplicaciones y los equipos de tecnología para actualizar el software obsoleto de la agencia.
