STAMFORD.- Connecticut se unirá a otros estados en una demanda para bloquear un nuevo mandato de la administración del presidente Donald Trump, que prohíbe que el dinero de la planificación familiar federal vaya a los grupos de atención médica que ofrecen referencias de aborto.
El fiscal general del Estado, William Tong, dijo que tomaría “acciones legales rápidas” para preservar el financiamiento federal para las organizaciones como Planned Parenthood.
Los funcionarios en el estado de Washington y Oregón también se han comprometido a demandar a la administración Trump por la decisión.
La llamada “regla de la mordaza”, anunciada el viernes pasado, crearía barreras para las mujeres, especialmente las mujeres de hispanas, afroamericanas y las de bajos ingresos, que están buscando un aborto.
Prohibiría que los proveedores de atención médica que reciben los fondos federales conocidos como fondos del “Título X” envíen pacientes a las clínicas de aborto.
Los proveedores aún podrán realizar abortos, pero tendrían que hacerlo en instalaciones separadas y cumplir con el requisito de no referir a los pacientes a esas instalaciones.
“Las mujeres tienen derecho a una atención de salud reproductiva segura y asequible, libre de interferencias políticas”, señaló Tong.
“Esta acción busca impulsar una agenda de elección política y motivada políticamente en millones de personas que dependen del programa ‘Título X’ para el acceso al control de la natalidad y la atención segura de la salud reproductiva”, agregó el funcionario.
En Connecticut, al menos 38 mil pacientes dependen de los fondos federales para acceder a los servicios como exámenes de detección de cáncer, pruebas y tratamiento para enfermedades de transmisión sexual y control de la natalidad. La mayoría de los pacientes visitan las clínicas de Planned Parenthood en todo el Estado.
Para el ciclo de subvenciones más reciente, que se extiende desde abril de 2018 hasta fines de marzo de este año, Planned Parenthood of Southern New England recibió 2.4 millones de dólares en fondos del “Título X”, informó su presidenta Amanda Skinner. Eso representa alrededor del 7 por ciento del presupuesto anual del grupo.
Skinner dijo que Planned Parenthood, rechazará el dinero futuro del “Título X” si se mantiene la “regla de la mordaza”, pero no rechazará a las pacientes que no pueden pagar.
Sin embargo, dijo que la organización buscará vigorosamente nuevas fuentes de financiamiento, incluida la posibilidad de aprovechar su base de donantes y buscar subvenciones adicionales.
Ella dijo que “el 61 por ciento de los pacientes que califican para los fondos del ‘Título X’ en Planned Parenthood son personas de color, de los cuales el 29 por ciento son afroamericanos y el 32 por ciento son latinos.
El nuevo mandato de la administración de Trump podría dirigir el dinero federal de planificación familiar a los grupos anti aborto basados en la fe. Los centros de salud ya no tendrán que aconsejar a las mujeres sobre todas las opciones reproductivas, incluido el aborto.
Hay alrededor de 25 centros con base religiosa, a veces llamados centros de crisis para el embarazo, en Connecticut.
