HARTFORD.- Después de la llegada de la pandemia del COVID-19, el cierre del Estado, el desempleo masivo y la interrupción de la vida escolar y familiar, llegó también Isaías, una de las tormentas tropicales más devastadoras que ha azotado a Connecticut desde Sandy en 2012. Esto ya es suficiente.

“Este tipo de desastre en estos últimos días ha llevado a algunas personas a sus límites. Así que realmente motivamos a las personas a pensar en las habilidades de afrontamiento que les han funcionado en el pasado”, declaró Patricia Rehmer, presidenta de la Red de Salud del Comportamiento de Hartford HealthCare, en una reunión celebrada el 5 de agosto pasado, un día después de que más de 715 mil hogares de Connecticut perdieron el suministro eléctrico a causa de la tormenta Isaías.

El mensaje de los profesionales de la salud del comportamiento es simple: Sigue haciendo lo que te ha funcionado en el pasado.

“Es realmente crítico tratar de encontrar mecanismos de afrontamiento positivos en lugar de algunos negativos que podrían regresar con bastante rapidez en algunas personas. Una de las cosas que nos preocupan y que vemos un poco son las personas con problemas de uso de sustancias que recaen incluso después de años y años de sobriedad”, comentó Rehmer.

El número de sobredosis fatales de drogas alcanzó un número récord el año pasado, según nuevos datos de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC), y los expertos en salud pública anticipan que podría aumentar este año debido a la pandemia.

“Es muy importante que las personas permanezcan vigilantes sobre lo que están experimentando y lo que sienten para que puedan buscar ayuda si la necesitan”, indicó Rehmer.

Agregó que Hartford HealthCare continúa ofreciendo ayuda a cualquier persona que la necesite a través de su línea directa del Centro de Atención Comunitaria en 860-972-8100, disponible las 24 horas.

Puede hablar con un médico que también te puede referir a servicios de salud del comportamiento en todo el Estado, ya sea en persona o virtualmente, explicó Rehmer.

Algunos problemas comunes durante el COVID-19 son:

• Depresión
• Ansiedad
• Aislamiento
• Trastorno de estrés postraumático
• Perdida de trabajo
• Incertidumbre sobre la escuela.

Según Rehmer una llamada a la línea directa también puede ayudar a responder preguntas sobre:

• Manejo de emociones
• Apoyo de salud mental
• Problemas de uso de sustancias
• Problemas médicos y preocupaciones sobre el COVID-19.

Se conoció que más de 135 mil personas han llamado a la línea directa durante la crisis de salud.

“Aproximadamente el 48 por ciento de las personas en el estado de Connecticut no tienen electricidad, así que por favor, si las personas lo necesitan y si podemos ayudar, que llamen a este número y nosotros haremos lo que podamos”, precisó Jeff Flaks, Presidente de Hartford HealthCare.

La Red de Salud del Comportamiento de Hartford HealthCare ahora está programando visitas de salud virtual para los servicios de salud mental y adicciones.

Hartford HealthCare recomendó llamar a su proveedor de salud para más detalles. Los nuevos pacientes pueden programar una visita virtual llamando al 1-888-984-2408.

“¿No te sientes bien? Llame a su proveedor de atención médica para obtener orientación e intenta evitar ir directamente a una sala de urgencias o centro de atención de urgencias, ya que esto podría aumentar las posibilidades de propagación de la enfermedad”, agregó Flaks.

Para mayor información sobre la línea directa del Centro de Atención Comunitario, pueden llamar al 860-972-8100, o sin cargo, 833-621-0600.

El fondo fiduciario de desempleo de Connecticut se encamina a la insolvencia, advirtió la agencia estatal

NEW HAVEN.- Habiendo pagado miles de millones de dólares en beneficios desde que la pandemia del coronavirus golpeó al Estado a mediados de marzo, el fondo fiduciario de desempleo de Connecticut se encamina a la insolvencia a finales de este mes o principios de septiembre, según los funcionarios del Departamento de Trabajo.

Eso significa que Connecticut necesitará un préstamo federal de emergencia para mantener los beneficios para cientos de miles de desempleados, una medida que podría traducirse en impuestos más altos para las empresas locales.

“En este momento, nuestro enfoque principal es lograr que nuestra fuerza laboral, tanto los trabajadores desempleados como las empresas, puedan superar esta pandemia”, declaró la comisionada laboral adjunta de Connecticut, Daryle Dudzinski.

Habiendo recibido una cantidad sin precedentes de 750 mil solicitudes de beneficios por desempleo desde mediados de marzo, la agencia estatal ha pagado alrededor de 4.4 mil millones de dólares en beneficios hasta la fecha. Aproximadamente 1.6 mil millones de dólares han involucrado beneficios estatales, extraídos del fideicomiso de compensación por desempleo de Connecticut, y más de 2.8 mil millones en diversas formas de ayuda federal mejorada para los desempleados, financiada a través de subvenciones de Washington DC.

Dudzinski advirtió que quedan alrededor de 118 millones de dólares en el fideicomiso estatal, pero los funcionarios laborales estiman que se necesitarán entre 250 millones y 350 millones de dólares mensuales, desde ahora hasta principios de octubre, para cubrir los beneficios estatales por desempleo.

Los estados agotan rutinariamente sus fondos fiduciarios de desempleo durante las recesiones y otras recesiones económicas severas. Luego, los estados piden prestado de las reservas federales de desempleo para reponer sus programas de beneficios.

A menos que se tomen otras disposiciones, las empresas de Connecticut enfrentarían una tasa de desempleo más alta del gobierno federal para reembolsar el capital de cualquier préstamo estatal.

Las empresas locales también enfrentarían una evaluación estatal más alta para cubrir los costos de intereses de estos préstamos de emergencia.

Las empresas de Connecticut ya pagan tasas de evaluación de desempleo que van del 1.9 por ciento al 6.8 por ciento de la nómina imponible, los primeros 15 mil dólares que gana anualmente cada empleado, para respaldar el fideicomiso estatal.

Las empresas con una gran cantidad de personal estacional y otros despidos rutinariamente por diversas razones tienden a pagar tarifas más altas.

Aquellos que tradicionalmente tienen pocos despidos, y cuyos trabajadores tienen menos probabilidades de recibir beneficios por desempleo, pagan las tarifas más bajas.

Durante la recesión de principios de la década de 1990, Connecticut tomó prestados fondos vendiendo bonos en Wall Street para reforzar su fideicomiso de desempleo, evitando también a las empresas mayores costos.

Un informe reciente de Pew Charitable Trusts señaló que ocho estados han transferido millones de dólares de fondos federales de ayuda para el coronavirus a sus fideicomisos para proteger a las empresas de evaluaciones más altas.

Hasta la fecha, Connecticut ha utilizado su subvención federal del Coronavirus Relief Fund de 1.38 mil millones de dólares para respaldar las pruebas de COVID-19, para comprar equipo de protección y brindar otras formas de alivio a varios proveedores de atención médica, y para ayudar a las ciudades a cubrir los costos relacionados con la pandemia.

HARTFORD.- El fiscal general de Connecticut, William Tong, se unió a una coalición de 22 fiscales generales, encabezada por el fiscal general de California, Xavier Becerra, en un amicus brief que se opone a la regla ilegal de la Administración del presidente Donald Trump, que prohíbe a los inmigrantes solicitar asilo si han ingresado a los Estados Unidos en algún lugar que no sea un puerto oficial de entrada.

Un amicus brief son documentos legales presentados en casos de tribunales de apelación por personas que no son litigantes y tienen un gran interés en el tema.

Un tribunal federal de distrito anuló la regla de la Administración Trump por considerarla contraria a los estatutos aprobados por el Congreso que permiten a todos los inmigrantes que huyen de la persecución solicitar protección en los Estados Unidos, independientemente de cómo o dónde ingresen.

La Administración Trump ahora está pidiendo a la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia que revoque esa decisión.

El amicus brief se opone a la apelación de la Administración Trump.

En los documentos presentados el lunes pasado, los fiscales generales argumentan que las políticas ilegales de la Administración Trump dañan a los estados de la coalición, donde la mayoría de los solicitantes de asilo se reubican, al dejar que los estados mitiguen el sufrimiento completamente innecesario que estas políticas causan.

Los fiscales generales afirman además que la regla, junto con otras restricciones ilegales al asilo impuestas por la Administración Trump, atrapa a las personas que huyen de la persecución en campamentos peligrosos, insalubres y superpoblados en la frontera sur, lo que los pone en mayor riesgo de contraer el COVID-19.

A pesar de estas condiciones, la Administración Trump ha ralentizado drásticamente los tiempos de procesamiento para los solicitantes de asilo en los puertos de entrada, dejando a aproximadamente 14 mil 400 migrantes atrapados en estos campamentos esperando la oportunidad de que se escuchen sus reclamos, agregaron los fiscales.

“Esta regulación muestra el total y absoluto desprecio de la Administración Trump por los derechos humanos básicos. Es ilegal, cruel e innecesario. Continuaremos nuestra lucha para proteger los derechos de los solicitantes de asilo que vienen a nuestra nación”, señaló el fiscal general de Connecticut, William Tong.

La regla que prohíbe a las personas solicitar asilo si no ingresan por los puertos de entrada es solo una de las muchas políticas restrictivas y punitivas destinadas a desmantelar el sistema de asilo existente, agregó Tong.

El amicus brief sostiene que esta regla, en combinación con las políticas existentes para rechazar a las personas en la frontera, dificulta o imposibilita que los solicitantes de asilo presenten sus solicitudes.

Los solicitantes de asilo han informado que los funcionarios fronterizos emplean tácticas que incluyen informar falsamente a las personas de que los Estados Unidos ya no brinda asilo e intimidar a los solicitantes de asilo amenazándolos con llevarse a sus hijos si no renuncian a su solicitud de protección.

Al presentar el amicus brief, Tong se une a los Fiscales Generales de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Pensilvania. , Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y el Distrito de Columbia.

Más del 50 por ciento de los fondos se destinarán a la compra de artículos de limpieza y equipo de protección personal

HARTFORD.- Luego de las protestas generalizadas de la semana pasada por parte de los maestros en todo el Estado, el gobernador Ned Lamont anunció 160 millones de dólares adicionales en fondos para que los distritos escolares reabran sus puertas de manera segura a finales de este mes.

Eso se suma a 15 millones de dólares en fondos de ayuda para el coronavirus y 111 millones en fondos de ayuda de emergencia.

Los 160 millones de dólares en fondos ayudarán a preparar las escuelas para reabrir de manera segura.

Lamont declaró que más del 50 por ciento de los fondos se destinarán a la compra de artículos de limpieza y equipo de protección personal.

Agregó que la siguiente pieza más importante está relacionada con la dotación de personal que los distritos podrían necesitar llevar al aula si los maestros que son de la tercera edad no pueden regresar a los edificios escolares.

Indicó que algunos de los distritos escolares también requerirán monitores de autobús adicionales.

Lamont expresó que está contento de que alrededor del 55 por ciento de las escuelas quieran reabrir a tiempo completo y alrededor del 45 por ciento están abriendo utilizando un modelo híbrido de aprendizaje en persona y remoto.

Por su parte, el comisionado de Educación, Miguel Cardona, comentó que el objetivo es que los niños vuelvan al aula.

“Sabemos que es la mejor opción”, agregó

El presidente de la Asociación de Educación de Connecticut (CEA), Jeff Leake, y la vicepresidenta de la Federación Estadounidense de Maestros (AFT) de Connecticut, Mary Yordon, indicaron que la financiación es una buena noticia.

“Ahora es el momento de proporcionar también pautas de seguridad claras y actualizadas basadas en estudios médicos e investigaciones científicas, especialmente porque estudios recientes muestran que los niños y adolescentes pueden transmitir el COVID-19 a otros estudiantes, adultos, familiares y amigos en el hogar”, indicaron ambos funcionarios.

Leake y Yordon añadieron que “si no se fortalecen estas protecciones, se corre el riesgo de crear puntos calientes de COVID-19 como está sucediendo en otros estados y revertir el progreso que ha logrado Connecticut. Apoyamos firmemente continuar el progreso y mejorar la seguridad de los estudiantes, educadores y sus familias”.

La semana pasada, maestros de todo el Estado protestaron por la posibilidad de regresar al aula sin más protecciones para ellos y sus estudiantes.

Shellye Davis, copresidente de la Hartford Federation of Paraprofessionals, AFT Local 2221, comentó que sus miembros no apoyarán la “prisa por reabrir los edificios escolares simplemente para proporcionar guardería y atraer a las grandes empresas”.

Davis dijo que cumplir con esas pautas requerirá más que espacios de trabajo, aulas y autobuses adicionales.

Cuando se les preguntó si planeaban hacer huelga si no sentían que las escuelas se estaban abriendo de manera segura, Davis comentó que esperan que el gobernador Ned Lamont y los funcionarios estatales se sienten con ellos y hablen sobre lo que necesitan”.

“Queremos estar en la escuela y niños quieren estar en las aulas. El problema es que no podemos hacer eso si no podemos estar seguros”, señaló Davis.

Lamont apuntó que los fondos demuestran que el Estado está poniendo el dinero “para asegurarnos de que el regreso a la escuela sea de manera segura”.

Sin embargo, más de 100 mil hogares aún permanecen sin electricidad

NEW HAVEN.- Cerca de 100 mil hogares de Connecticut permanecen sin electricidad casi una semana y media después del paso de la tormenta tropical Isaías.

La tormenta cobró la vida de dos personas y dejó daños generalizados en todo el Estado con ciudades enteras en la oscuridad.

Eversource informó que más del 90 por ciento de los hogares ahora tienen el servicio eléctrico restaurado y esperan que las restauraciones restantes avancen esta semana.

Los apagones han afectado a miles de personas, ya que intentan trabajar desde casa a raíz de la pandemia de coronavirus y a medida que avanza el verano las temperaturas aumentan haciendo necesario el aire acondicionado.

La Federal Emergency Management Agency (FEMA) notificó al Estado que el presidente Donald Trump aprobó una declaración federal de emergencia para Connecticut.

La declaración permitirá que el Estado, la tribu indígena Mashantucket Pequot, la tribu Mohegan de indígenas de Connecticut, los gobiernos locales elegibles y ciertas organizaciones privadas sin fines de lucro reciban apoyo financiero federal.

El viernes pasado, el Servicio Meteorológico Nacional confirmó que un tornado EF-1 con vientos de hasta 105 millas por hora fue confirmado en Westport por la tormenta tropical Isaias.

Según el meteorólogo jefe de First Alert Weather, Ryan Hanrahan, este es el primer tornado registrado en Connecticut asociado con una tormenta tropical o huracán.

Más de mil 700 cuadrillas han estado trabajando para restaurar la energía, agregó Eversource.

La empresa indicó que se ha restaurado la energía a aproximadamente 900 mil hogares desde que comenzó la tormenta.

El presidente de Operaciones Eléctricas Regionales, Craig Hallstrom, manifestó que la atención se centró el miércoles pasado, el día después de la tormenta, en despejar las carreteras y hacer esfuerzos de restauración.

Hallstrom agregó que están identificando hogares críticos, agilizándolo la restauración de la energía y obteniendo ayuda adicional para las instalaciones críticas para la infraestructura.

Explicó que la empresa planea tener las carreteras principales en funcionamiento esta semana y luego mejorar los vecindarios.

Por su parte, United Illuminating (UI), anunció que ha restaurado el servicio a más de 115 mil hogares afectados por la tormenta tropical Isaias, y está en camino de completar sustancialmente la restauración esta semana para sus hogares restantes.

De acuerdo con la compañía, aumentó su presencia en el campo a mil de aproximadamente 800 personas que estaban trabajando en actividades de restauración.

“Continuamos identificando e incorporando equipos y recursos adicionales para restaurar de manera segura a nuestros hogares afectados lo más rápido posible. Hemos hecho un buen progreso para abordar la destrucción que dejó la tormenta tropical Isaías, pero aún tenemos trabajo por delante para restaurar a los hogares restantes”, apuntó Tony Marone, presidente y director ejecutivo de UI.

De acuerdo con la policía, los manifestantes estaban bloqueando el tráfico y desafiando a los oficiales

STAMFORD.- Decenas de manifestantes participaron en una marcha pidiendo justicia para Steven Barrier, un joven de 23 años que murió el año pasado debido a una emergencia médica mientras estaba bajo custodia de la policía.

La protesta, que se llevó a cabo el sábado pasado, comenzó en Home Depot y se dirigió a la sede de la policía de Stamford, en la Bedford Street.

Durante el transcurso de la marcha, numerosas empresas y automovilistas se vieron afectados por el grupo, señaló el jefe de la policía de Stamford, Timothy Shaw.

Después de llegar a la sede de la policía, el grupo no cumplió con las solicitudes para dispersarse y caminó hacia el sur por la Bedford Street, lo que interrumpió a los automovilistas y los negocios, agregó Shaw.

La policía bloqueó las carreteras por la seguridad de los manifestantes y otros miembros de la comunidad.

Luego los oficiales advirtieron a los manifestantes que se realizarían arrestos si continuaban impidiendo el tráfico y causando problemas de seguridad, explicó Shaw, quien dijo que había numerosos agitadores que intentaban desafiar a los oficiales durante la marcha.

Una vez que se determinó que debían realizarse los arrestos, los manifestantes no cumplieron las ordenes de los agentes y los oficiales tuvieron que hacerse con el control físico deteniendo y esposando a varios, comentó Shaw.

Los manifestantes, mientras tanto, aseguraron que los agentes fueron agresivos y usaron fuerza excesiva contra los otros participantes de la protesta que no eran no violentos mientras se dispersaban.

Seis manifestantes fueron arrestados y nueve agentes fueron tratados por lesiones en el Hospital de Stamford, indicaron las autoridades.

Varios manifestantes también resultaron heridos en el enfrentamiento.

Shaw añadió que la Policía de Stamford ha mantenido un diálogo continuo con los grupos en la Ciudad para discutir “cómo podemos trabajar juntos para tener una mejor relación”, pero que “este grupo específico evitó deliberadamente cualquier discusión con nuestros oficiales”.

El jefe de la policía dijo que “espero que los manifestantes que actuaron intencionalmente como agitadores sean responsabilizados por los miembros de su organización”.

Steven Barrier, de 23 años,  murió mientras estaba bajo custodia de la policía de Stamford el 23 de octubre de 2019. Según la autopsia sufrió un infarto.

La madre de Barrier, Valerie Jaddo, no cree la versión del infarto, al señalar que su hijo no tenía antecedentes de problemas cardíacos.

Los nombres de los detenidos no fueron dados a conocer.

Un video del enfrentamiento puede verse en twitter, en https://twitter.com/i/status/1292300321503563776.