WASHINGTON DC.- La regla final de Carga Pública que entró en vigor el 24 de febrero y que a finales de julio fue suspendida temporalmente por un juez federal de Nueva York, ha vuelto a ser activada tras un dictamen de la Corte de Apelaciones del 2º Circuito fechado el 11 de septiembre.
La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), anunció el martes que la regla se aplicará a “todas las solicitudes y peticiones enviadas a través del sistema de correos o manera electrónica a partir del 24 de febrero de 2020”.
Y en el caso que la solicitud haya sido enviada por mensajería comercial (por ejemplo, UPS, FedEx o DHL), “utilizaremos la fecha que tiene el recibo de mensajería como la fecha del matasellos”, indicó.
Cambio clave
El 29 de julio la corte federal de Nueva York, en respuesta a una demanda entablada por organizaciones y varios estados gobernados por demócratas, dejó sin efecto la nueva regla de carga pública hasta que finalice la emergencia de salud por la pandemia del coronavirus.
El juez federal de distrito, George Daniels, dictaminó que los demandantes proporcionaron “amplia evidencia” de que la política disuade a los inmigrantes de buscar hacerse la prueba del covid-19, situación que podría amenazar los esfuerzos para frenar la propagación de la enfermedad.
Al quedar en suspenso la norma, la mayoría de los inmigrantes que solicitaban un beneficio migratorio, “no adjuntaban al trámite el formulario de autosuficiencia I-944”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida). Pero ahora que el servicio de inmigración activó “si van a tener que presentar el formulario I-944. Y aquellos que entre finales de julio y el martes no lo hicieron porque no estaba requerido, van a tener que enviarlo para que le aprueben el trámite”, advirtió.
Poderes extraordinarios
La nueva regla de carga pública, además que endurecer los requisitos para la obtención de un beneficio migratorio, también otorga más poder a los agentes de USCIS para decidir la prórroga de una estadía y, en caso de una respuesta negativa, enviar al extranjero una Notificación de Comparecencia (NTA) para que se presente ante una corte de inmigración donde deberá batallar para no ser deportado de Estados Unidos.
“Esta regla final incluye un requisito: que los extranjeros que buscan una extensión de la estadía o un cambio de estatus demuestren que no lo han hecho desde que obtuvieron el estado de no inmigrante que buscan extender o cambiar, y que tampoco recibieron beneficios públicos”, precisa.
En cuanto a las solicitudes de visa o cambio de estatus presentadas antes de la entrada en vigor de la nueva regla, el gobierno dijo que “no se verán afectadas.
Ni ciudadanos ni asilados
La regla final de carga pública “no establece ninguna penalidad para los ciudadanos estadounidenses que, en el pasado, el presente o en el futuro han o vayan a tramitar beneficios públicos. “Incluso si el ciudadano estadounidense está relacionado con un extranjero sujeto a la carga pública de inadmisibilidad”.
Tampoco afectará a “extranjeros de quienes el Congreso ha eximido a carga pública”, indica la norma. En esta lista se incluyen asilados, refugiados u otras poblaciones vulnerables, quienes quedan exentas de esta regla final, indica.
También incluye una serie de disposiciones especiales sobre cómo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) considerará el recibo de beneficios públicos de ciertos miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias, hijos adoptivos y recepción de Medicaid en ciertos contextos, especialmente de extranjeros menores de 21 años, mujeres embarazadas y mujeres hasta 60 días después de dar a luz, se lee en las descripciones del reglamento.
Ciertas excepciones
Habrá algunas excepciones “para ciertos servicios financiados por Medicaid bajo la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA) o en un entorno escolar”, añade la regla.
La USCIS dijo que “los extranjeros que pueden calificar para estas exenciones deben estudiar la norma cuidadosamente”
Los abogados consultados por Univision Noticias dijeron que “a partir de ahora y antes de iniciar un trámite de cambio de estatus o una extensión de visa, los inmigrantes legales que tengan duda deben buscar consejo legal para evitar problemas y que les nieguen el trámite”.
La regla final indica además que corresponde solo al DHS “considerar los beneficios públicos recibidos directamente por el extranjero” al momento de autorizar o aprobar una solicitud de cambio de estatus u prórroga de visa.
Programas que afectan
- Prestaciones económicas por mantenimiento de los ingresos;
- Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI);
- Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF);
- Asistencia de Nutrición Suplementaria Programa (SNAP);
- La mayoría de las formas de Medicaid;
- Sección asistencia 8 viviendas en el Programa de Vales de Elección de vivienda;
- Sección 8 basado en un proyecto de Asistencia de Alquiler;
- Vivienda pública subvencionada.
Quiénes están exentos
Estos son los grupos de inmigrantes a quienes no les afectará la nueva regla de carga pública y que recibieron protección de programas humanitarios autorizados por el Congreso:
- Refugiados y asilados. (Aquellos que piden la protección del gobierno de Estados Unidos y que tienen un temor creíble de que sufrirán persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular u opinión política;
- Intérpretes afgano e iraquí o ciudadanos afganos o iraquíes empleados por o en nombre de la Gobierno de Estados Unidos, de conformidad con la sección 1059(a)(2) de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para Año fiscal 2006;
- Cubanos y haitianosque obtuvieron ajuste de estatus bajo el amparo de la Reforma de Inmigración de la Ley de Control de 1986 (IRCA);
- Extranjeros que solicitan ajuste de estatusde conformidad con la Ley de Ajuste Cubano;
- Nicaragüenses y otros centroamericanosque están ajustando su estatus de conformidad con la sección 202(a) Sección 203 de la Ley NACARA;
- Haitianosque están ajustando su estatus de conformidad con la Sección 902 de la Ley de Refugiado Haitiano de 1998;
- Inmigrantes amparadosbajo el Programa de Jóvenes Especiales (SIJ). Ciertos menores que son elegibles para pedir la residencia legal y que han estado sujetos a un proceso judicial juvenil estatal relacionado con el abuso, negligencia, abandono u otra forma similar bajo la ley estatal;
- Extranjeros que ingresaron a los Estados Unidos antes del 1 de enero de 1972y se encuentran y que reúnen requisitos para obtener la residencia de conformidad con el Artículo 249 de la Ley de Inmigración (INA);
- Extranjeros que solicitan el Estatus de Protección Temporal (TPS) de conformidad con la Sección 244(c) de la Ley de Inmigración;
- No-inmigrantes víctimas de tráficohumano que piden Visa T;
- No-inmigramtes víctimas de crimenesque pìden la visa U.
- Víctimas de abuso domésticopeticionario del amparo bajo la Ley VAWA;
- Extranjeros que ajustan estatusbajo el amparo de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional para el año fiscal 2004. (Tomado de Univisión)
