Muchos ahora están en riesgo debido a una segunda pandemia de soledad y aislamiento social

BRIDGEPORT.- Han pasado más de seis meses desde que el COVID-19 entró en Connecticut.

En ese tiempo, 8 mil 847 residentes de los hogares de ancianos se infectaron con el virus y 2 mil 877 murieron. Más de 300 empleados se han enfermado.

Si bien los residentes de los hogares de ancianos y otras instalaciones de atención a largo plazo han representado aproximadamente el 40% de las muertes por COVID-19 en todo el país, han representado más del 70% de las muertes en Connecticut.

Estos números son tristes e impactantes, pero hay otro número, en gran parte ausente en las conversaciones sobre el COVID-19, que también vale la pena mencionar junto con estas otras estadísticas y es el “cero”.

Algunos residentes de los hogares de ancianos no han tenido visitas desde marzo. No han comido nada con otra persona en los últimos seis meses.

Muchos residentes han pasado cero minutos sosteniendo la mano de su cónyuge y no han recibido abrazos.

En los primeros días de la pandemia, cuando las muertes por COVID-19 en los hogares de ancianos eran catastróficas y nadie entendía cómo se transmitía el virus, tenía sentido actuar rápidamente y adoptar restricciones agresivas sobre las visitas.

Si bien el Departamento de Salud Pública ha relajado algunas restricciones en los últimos meses, permitiendo algunas visitas al aire libre y expandiendo quién puede recibir visitas de atención compasiva en el interior, los residentes que sobrevivieron a la pandemia de COVID-19 ahora están en riesgo debido a una segunda pandemia de soledad y aislamiento social .

Al mismo tiempo, la Asamblea General de Connecticut ha considerado cero leyes relacionadas con hogares de ancianos y COVID-19, señalaron los defensores.

Los hogares de ancianos no estaban en la agenda de la Sesión Especial de julio y no parece que estén en la agenda de la Sesión Especial de septiembre.

Esto no quiere decir que los legisladores no se preocupen por los residentes y el personal de los hogares de ancianos y otras instalaciones de atención a largo plazo.

Muchos se preocupan profundamente y algunos tienen seres queridos que viven y han muerto en los hogares de ancianos en los últimos meses. Sin embargo, el hecho es que el liderazgo legislativo no ha abordado de frente el destino de los residentes de hogares de ancianos y sus seres queridos, agregaron los defensores.

Desde el comienzo de la pandemia, todos los residentes de Connecticut han estado sujetos a restricciones, muchas de las cuales han sido necesarias para proteger la salud y la seguridad de las personas.

Sin embargo, ninguna otra población ha estado sujeta al mismo nivel de restricción que los residentes de los centros de atención a largo plazo, y su destino merece una conversación pública.

Según la Administration on Aging y el U.S. Department of Health and Human Services se espera que la población de estadounidenses de 65 años o más crezca rápidamente en las próximas décadas.

Se espera que la población hispana, en particular, constituya una proporción cada vez mayor de los adultos mayores de 65 años en los próximos años, según la Oficina del Censo de los Estados Unidos.

AARP Connecticut está pidiendo a los legisladores que tomen cuatro acciones concretas en las próximas semanas cuando se reúnan para una sesión especial:

• Exigir que los centros de atención a largo plazo adopten estándares apropiados para visitas al interior y al aire libre, y responsabilizar a los propietarios y gerentes de los centros cuando no se respeten los estándares de visitas.
• Permitir que los residentes de los hogares de ancianos instalen cámaras en sus habitaciones como una forma de mantenerse mejor conectados con amigos y familiares.
• Aumentar la dotación de personal en los centros de atención a largo plazo para que los residentes reciban la atención adecuada y el personal no tenga exceso de trabajo.
• Poner fin a la inmunidad civil para los hogares de ancianos. Llevamos seis meses de pandemia y necesitamos restablecer la rendición de cuentas.

No hay duda de que muchas instalaciones de atención a largo plazo y sus empleados han hecho todo lo posible para mantener a los residentes seguros y saludables en los últimos seis meses, pero esto no es cierto en todas las instalaciones, y es necesario que exista responsabilidad en todos los ámbitos cuando las instalaciones no cumplen con los estándares adecuados, finalizaron los defensores.

De acuerdo con los promotores, la “Tarjeta 4-CT” ha tenido un impacto positivo en ayudar a las personas necesitadas

NORWALK.- El objetivo de 4-CT, cuando se formó a mediados de marzo, era brindar un alivio rápido a las personas de Connecticut más afectadas por la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con las autoridades, nadie esperaba que esto fuera fácil, sin embargo, desde su fundación, la organización sin fines de lucro estatal ha cumplido el objetivo con casi 30 subvenciones que van desde 25 mil a 3 millones de dólares para ayudar a los miembros de la comunidad local.

“No podríamos haber logrado un impacto tan tremendo sin el apoyo del gobernador Ned Lamont y los funcionarios estatales, junto con nuestros socios en las fundaciones comunitarias, organizaciones sin fines de lucro y otras organizaciones que nos han ayudado”, declaró Ted Yang, director ejecutivo de 4-CT y fundador junto con Don Kendall.

“También tenemos que agradecer a todos los que contribuyeron y a los más de 75 voluntarios y personal que forman parte de nuestro equipo de 4-CT”, agregó.

Según Yang, 4-CT ha proporcionado equipo de protección temporal y atención médica a miles de residentes, ha mantenido a cientos de familias fuera de los refugios, ha comprado y donado más de un millón de libras de alimentos, ha establecido más de dos docenas de guarderías, entre otras ayudas.

El mayor impacto del grupo proviene de una pequeña tarjeta, la “Tarjeta 4-CT”, que ha entregado más de un millón de dólares en ayuda directa a las poblaciones más vulnerables, agregó el directivo.

Esencialmente una tarjeta de débito precargada, permite a las familias, a menudo excluidas de cualquier ayuda de socorro federal, pagar facturas, visitar médicos y tener comida en sus mesas.

La “Tarjeta 4-CT” ha sido reconocida por Alliance for America y otras organizaciones nacionales como un programa innovador y eficiente. Hasta la fecha, ha ayudado a más de 3 mil familias en 77 ciudades, se dio a conocer.

Sin embargo, las autoridades comentaron que el trabajo está lejos de terminar.

Con la posibilidad de enfrentar una segunda ola, 4-CT está enfocando todo su enfoque en el programa “Tarjeta 4-CT”.

“Queremos seguir con lo que funciona para ayudar a la mayor cantidad de residentes que podamos, y con la ‘Tarjeta 4-CT’ hemos visto que lo podemos conseguir”, indicó Yang.

“Por favor considere hacer una donación a sus vecinos necesitados, el 100 por ciento de su ayuda irá directamente a las personas necesitadas. Visite la web https://www.4-ct.org para obtener más información”, añadió el directivo.

Yang apuntó que “nuestro objetivo con la “Tarjeta 4-CT sigue siendo ayudar a aquellos que necesitan más ayuda aquí en Connecticut, y seguiremos necesitando todo su apoyo para que tengamos éxito a medida que avanzamos hacia la siguiente fase de la crisis de COVID-19. Muchas gracias por todo lo que han hecho por nuestro Estado”.

Para hacer una donación, pueden ingresar a la web  https://www.4-ct.org.

Los parientes se envalentonaron y detuvieron a los presuntos responsables

NAUGATUCK.- La familia de un niño de 10 años, que compró y consumió marihuana, se envalentonó, enfrentó y “arrestó” a los presuntos traficantes.

La policía de Naugatuck fue llamada a la Spring Street, el domingo pasado, alrededor de las 7:00 de la noche, tras recibir el reporte de una pelea.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a dos sospechosos, un hombre adulto y una joven, que fueron detenidos por miembros de la familia del menor.

El incidente que llevó a la acción de la familia comenzó alrededor de las 3:00 de la tarde, cuando dos jóvenes de 13 y 10 años compraron marihuana comestible a dos comerciantes utilizando una plataforma de redes sociales, de acuerdo con la policía.

Los niños comieron marihuana y se enfermaron. El niño de 10 años fue llevado al hospital para recibir tratamiento por sobredosis, según el informe.

La familia de los menores le dijo a la policía que acudieron a las redes sociales para averiguar quién había vendido las drogas a sus hijos.

Cuando encontraron al presunto traficante, la familia organizó una “compra” para atraer a los sospechosos a la escena, relató la policía.

Cuando llegaron los sospechosos, la familia los confrontó y los detuvo hasta que llegó la policía.

Los sospechosos, identificados como Xavier Roldan, de 21 años, de Southington, y una niña de 17 años, cuya identidad no fue revelada, fueron detenidos de inmediato por los oficiales.

Roldán y la menor enfrentan cargos por drogas, agresión, riesgo de lesiones a menores de edad, venta de drogas a menores y su posterior sobredosis, indicó la policía.

Al registrar el vehículo de los sospechosos, la policía supuestamente encontró:

6 mil 675 dólares en efectivo, 40 paquetes de gomitas de Tetrahydrocannabinol (THC) comestibles, 176 cartuchos de vape de THC, 106 cartuchos de vape de nicotina (que se vendían ilegalmente) y 4.89 libras de marihuana, incluida la “cera” de THC, que es un tipo de concentrado, señalaron las autoridades.

El valor en la calle de la marihuana es de alrededor de 30 mil a45 mil dólares, explicó la policía.

Roldan está detenido bajo una fianza de 500 mil dólares y la niña fue enviada a un centro de detención juvenil.

Ambos se declararon culpables de fraude, al manipular la búsqueda de un nuevo jefe del Departamento de Policía

 BRIDGEPORT.- El ex jefe de la policía de Bridgeport, Armando Pérez y el ex director de personal, David Dunn, se declararon culpables de defraudar a la Ciudad, al manipular la búsqueda de un nuevo jefe del Departamento en 2018 para garantizar que Pérez ganará.

Pérez y David Dunn comparecieron, el lunes pasado, en la Corte Federal de Bridgeport.

“Como han admitido ahora, el ex jefe Pérez y el ex director de personal planearon manipular la búsqueda supuestamente imparcial y objetiva de un jefe de la policía permanente para garantizar que el puesto fuera adjudicado a Pérez, y luego mintió repetidamente a los agentes federales para ocultar su conducta”, declaró la fiscal federal interina, Audrey Strauss.

“La acusación en este caso es un paso importante para garantizar que los ciudadanos y agentes de la policía de Bridgeport tengan líderes íntegros que se comprometan a hacer cumplir la ley, no a infringirla”, agregó la fiscal.

Pérez, de 64 años, de Trumbull, y Dunn, de 73, de Stratford, se declararon culpables de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, que conlleva una pena máxima de cinco años en prisión, así como un cargo por hacer declaraciones falsas a los investigadores federales, que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión.

Pérez está programado para ser sentenciado el lunes 4 de enero de 2021 y Dunn está programado para ser sentenciado el lunes 11 de enero de 2021.

De acuerdo con las alegaciones contenidas en la denuncia, los cargos surgen de un plan criminal para manipular la búsqueda de la Ciudad de un nuevo jefe del Departamento de Policía de Bridgeport en 2018.

Durante el curso de este plan, Pérez, que se desempeñaba como jefe interino del Departamento en ese momento, conspiró con Dunn, quien era el director de personal interino, para engañar a la Ciudad manipulando secretamente el proceso de búsqueda supuestamente independiente, indicaron los fiscales.

Según las autoridades, ambos buscaban asegurarse de que Pérez fuera clasificado como uno de los tres mejores candidatos y, por lo tanto, se le pudiera otorgar un contrato de cinco años para servir como jefe del Departamento de Policía.

Más específicamente, en febrero de 2018 o alrededor de esa fecha, la Ciudad inició una búsqueda para ocupar el puesto de jefe de policía permanente.

Según los Estatutos de la Ciudad, Bridgeport debía realizar un “examen abierto y competitivo” para determinar los tres candidatos con la mejor puntuación para el puesto, entre los que el alcalde Joe Ganim podía elegir.

Dunn, en su papel de director de personal, supervisó el proceso de examen del jefe de la policía y contrató a un consultor externo para que lo ayudara a desarrollar y realizar el examen.

Dunn y Pérez luego manipularon ese proceso de examen de varias maneras: Dunn robó preguntas confidenciales del examen e información relacionada desarrollada por el consultor, y le proporcionó esos materiales a Pérez, incluso por correo electrónico, de acuerdo con los documentos judiciales.

Como resultado del plan, la Ciudad fue engañada para colocar a Pérez entre los tres principales candidatos, lo que lo convirtió en elegible para el puesto de jefe de policía permanente.

El Alcalde finalmente le ofreció el puesto a Pérez, y la Ciudad, bajo la garantía de que había sido designado de acuerdo con los Estatutos de la Ciudad, celebró un contrato de cinco años con Pérez, los términos del cual incluían un pago por licencia acumulada.

Pérez y Dunn fueron entrevistados voluntariamente en relación con la investigación del FBI.

En un intento por ocultar su conducta, durante esas entrevistas, ambos mintieron a los agentes del FBI sobre hechos relevantes para la investigación criminal, finalizaron los fiscales.