NEW HAVEN.- Poco antes de cumplir 24 años, a Jesús Morales Sánchez de New Haven, le diagnosticaron diabetes tipo 1, una enfermedad crónica que requiere que tome insulina por el resto de su vida.
Pero en ese momento, estaba entre varios trabajos y no tenía seguro médico, por lo que el medicamento le costaría varios cientos de dólares que no tenía.
Fue entonces cuando Sánchez pudo obtener insulina a bajo precio a través del programa federal 340B Drug Pricing Program.
“El programa 340B literalmente me salvó la vida y fue capaz de darme un trampolín para que pudiera volver a mi vida diaria. Con el tiempo pude conseguir un trabajo y pude obtener un seguro médico y pagar mis medicamentos una vez más”, agregó el hispano.
El 340B Drug Pricing Program se creó como una red de seguridad para ayudar a los pacientes de bajos ingresos y sin seguro médico a pagar los medicamentos.
Requiere que los fabricantes de medicamentos que participan en Medicaid vendan medicamentos para pacientes ambulatorios a precios con descuento a hospitales, centros de salud comunitarios, clínicas y otros sitios de salud elegibles.
Pero este otoño, varios fabricantes de medicamentos que proporcionan una gran cantidad de medicamentos para enfermedades crónicas en los Estados Unidos imponen restricciones sobre los tipos de sitios de salud que atenderán y los tipos de medicamentos que proporcionarán, ya que exigen una supervisión más estricta del programa y datos de reclamos adicionales.
Los residentes de Connecticut y los proveedores de salud dicen que esto dejará a muchas personas con menos opciones para pagar los medicamentos necesarios, incluso cuando la pandemia continúa y las personas con afecciones de salud subyacentes continúan teniendo un mayor riesgo de contraer una enfermedad grave de COVID-19.
“En medio de una pandemia, los medicamentos con descuento para las personas que no tienen seguro deben proporcionarse absolutamente en mayores cantidades”, declaró el senador federal Richard Blumenthal, quien agregó que “lo que las compañías farmacéuticas están haciendo aquí es absolutamente inconcebible e inaceptable”.
Los hospitales, centros de salud, médicos y farmacias elegibles deben ser aprobados individualmente por el programa federal antes de que puedan vender medicamentos con descuento a los pacientes.
La doctora Laura Nally, endocrinóloga pediátrica de Yale New Haven Health y Yale Medicine, es una prescriptora aprobada.
Ella dijo que los proveedores no suelen recibir notificaciones con anticipación cuando hay cambios en la participación de las empresas farmacéuticas.
“Primero nos dimos cuenta de que había un problema cuando recibíamos llamadas de pacientes que usaban el programa 340B y decían: ‘Ya no puedo obtener mi insulina en la farmacia’”, señaló.
Sabrina Griswold, directora de farmacia de First Choice Health Centers, con sede en East Hartford, dijo que este puede ser un cambio drástico para los pacientes y sus familias que impacta negativamente en su calidad de vida en general.
Nally y Griswold dijeron que las nuevas restricciones y demandas de los fabricantes de medicamentos han dejado tanto a los proveedores como a los pacientes luchando por encontrar otras soluciones asequibles.
“Mucha gente no sabrá qué hacer y no sabrá a quién llamar o cómo navegar por este complicado sistema. Por eso creo que todos nosotros, los profesionales médicos y las farmacias, estamos sometidos a mucha presión para intentar ayudar a comunicar dónde pueden ir los pacientes. Creo que va a ser muy difícil”, finalizó Nally.
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