HARTFORD.- A pesar de que el representante estatal Josh Elliott, demócrata de Hamden, reintrodujo un proyecto de ley para reducir el costo de las llamadas telefónicas de las personas encarceladas a sus familias, el Departamento de Correcciones de Connecticut anunció que todos los reclusos recibirán tablets y el Estado cobrará una tarifa por cada correo electrónico que los presos envíen a sus familiares y por la programación de entretenimiento.

Los funcionarios no tenían una estimación de la cantidad de ingresos que generaría el Estado al recibir una tarifa por cada correo electrónico externo de los reclusos y el acceso a películas, libros y otros entretenimientos en las tablets, que serán proporcionadas por JPay Inc, un servicio de comunicación de las prisiones.  JPay es una subsidiaria de Securus Technologies, el proveedor que administra el sistema telefónico de las cárceles.

El contrato no le costará al Estado, pero se espera que JPay gane 3.5 millones de dólares con los servicios premium, según funcionarios estatales.

En un programa que el comisionado interino Ángel Quirós calificó como “una situación en la que todos ganan”, el Estado capturará alrededor de 10 de los 30 centavos que cobrará a un preso por enviar cada correo electrónico a un miembro de la familia de una lista aprobada, según el contrato.

El problema del costo de las llamadas telefónicas entre los reclusos y sus familias ha estado enconado durante al menos dos años y el Estado gana alrededor de 7.7 millones de dólares al año por las llamadas, de acuerdo con el informe.

En 2019 y nuevamente en 2020, Elliott presentó un proyecto de ley que habría liberado las llamadas desde la prisión.

La sesión legislativa de 2020 se vio interrumpida por la pandemia de coronavirus.

La propuesta tendrá otra oportunidad de ser aprobada en esta sesión con el proyecto de ley ahora en camino al Comité Judicial.

Elliott sostuvo que no tiene ningún problema con que se cobre a los presos por películas u otros servicios que todos los demás deben comprar.

Pero está en desacuerdo con cobrar a los presos por enviar correos electrónicos a los miembros de su familia y con aumentar el costo para que el Estado pueda beneficiarse.

“Toda la idea de cobrar a las personas por enviar un correo electrónico nos está haciendo retroceder. Lo que debemos analizar es cómo podemos hacer para que las personas se mantengan en contacto de una manera que no sea punitiva. Este no es un paso en esa dirección”, señaló el congresista.

Según el contrato actual para el servicio telefónico de la prisión con Securus Technologies, el Estado está recibiendo alrededor de 7.7 millones de dólares anuales al cobrar hasta un 68% más que el costo real del servicio para ciertas llamadas dentro del Estado.

El Criminal Justice Information System del Estado recibe alrededor de 2 millones de dólares al año del contrato telefónico y el Departamento de Correcciones del Estado recibe alrededor de350 mil dólares, que se utilizan para pagar los programas para los reclusos.

El resto del dinero, alrededor de 5.5 millones de dólares, va al Poder Judicial para pagar a los oficiales de libertad condicional, en una unidad especializada que trabaja para asegurar que los que están en libertad condicional no sean arrestados nuevamente por violaciones técnicas.

Según la portavoz del Departamento de Correcciones, Karen Martucci, los ingresos generados por las tablets están “destinados a la programación y los servicios que tienen un impacto directo y favorable en la población reclusa, con el objetivo final de un reingreso exitoso”.

Los defensores de los presos y sus familias han argumentado durante mucho tiempo que el costo de las llamadas telefónicas para mantenerse conectados con sus familias es prohibitivo, alrededor de 4.50 dólares por 15 minutos.

Las tablets son un arma de doble filo, según Ashley Turner, quien tiene un ser querido que está encarcelado.

“Obviamente, esto es un gasto adicional para una población mal pagada que depende en gran medida de sus seres queridos para sus necesidades básicas y aquí en Connecticut el precio en las llamadas telefónicas es muy alto”, indicó Turner.

“Sin embargo, al menos obtendrá experiencia con la tecnología y, con suerte, le abrirá la puerta a una mayor comunicación a través de los correos electrónicos y tal vez algún día a las llamadas o visitas por video. Creo que los precios son altos para lo que están obteniendo, pero estoy segura de que parte de eso es para garantizar que el Departamento de Correcciones obtenga su parte. En algunas compras, llega hasta el 50% de las comisiones ilícitas al Estado “, finalizó Turner.