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Guardaespaldas hacían prueba de vida a Justin Bieber en la cima de sus adicciones

Justin Bieber reveló que durante la etapa más difícil de sus adicciones, sus guardaespaldas tenían que tomar su pulso por las noches para comprobar que estaba vivo.

En una entrevista para la revista GQ, el intérprete confesó que a los 13 años se inició en el mundo de las adicciones fumando marihuana, a su corta edad no podía sobrellevar el peso de la fama y recurrió a consumir sustancias: “Tenía una sensación extraña, de seguir anhelando más. Era como si tuviera todo ese éxito y aún así pensara: ‘Todavía estoy triste, todavía me duele. Todavía tengo un montón de problemas por resolver’, y al principio creía que el éxito iba a hacer que todo se arreglara. Para mí las drogas eran un bálsamo adormecedor para poder seguir adelante.

Justin Bieber confesó que llegó el momento en que ya no quería llevar esa vida de excesos, y recurrió a la espiritualidad, a su fe para encontrar la respuesta a sus vacíos existenciales: “Llegué a un punto en que dije: ‘Dios, si eres real, necesito que me ayudes porque no puedo hacer yo solo esto. Estoy luchando muy duro, cada decisión que tomo es por mi propio ego ¿Qué es lo que quieres de mí? Pones todos estos deseos en mi corazón para que cante, actúe y haga música…¿De dónde vienen? ¿Por qué está todo esto en mi corazón?¿Qué sentido tiene?¿Qué sentido tiene todo esto?¿Qué sentido tiene que esté en este planeta?”.

Sin duda esta terrible etapa quedó en el pasado, y ahora Justin está viviendo el mejor momento de su vida, su matrimonio con Hailey le ha traído la felicidad y la estabilidad emocional que necesitaba.

 

Gobernador de Puerto Rico pide al Congreso que la isla sea un estado más de EEUU

SAN JUAN (EFE).- El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, abogó este miércoles por la aceptación del Estado Libre Asociado como un nuevo estado en Estados Unidos, durante una audiencia en la Cámara de Representantes.

‘Durante años el Congreso ha ponderado la idea del estatus político de Puerto Rico, pero no ha actuado’, dijo Pierluisi. ‘Las cosas son diferentes ahora: el 3 de noviembre los puertorriqueños votaron para resolver ese estatus’.

En un referendo no obligante, el 52,5 % de los votantes apoyó entonces la opción de estadidad y, según Pierluisi, ahora al Congreso federal le toca decidir si acepta a Puerto Rico como el miembro 51 de la Unión.

‘La opción fue por sí o por no a la estadidad’, agregó Pierluisi, quien preside el Partido Nuevo Progresista. ‘Fue un referendo tal como otras entidades han tenido antes de convertirse en estado. Y la mayoría votó por la estadidad’.

El Comité de Recursos Naturales, presidido por el representante Raúl Grijalva, demócrata de Arizona, tuvo la audiencia para discutir un proyecto de ley (H.R. 1522) que estipula la admisión de Puerto Rico en Estados Unidos, y otro (H.R. 2070) que ‘reconoce el derecho del pueblo de Puerto Rico para convocar una convención mediante la cual la ciudadanía ejercerá su derecho a la autodeterminación’.

La representante Nydia Velázquez, demócrata de Nueva York y promotora de la ley H.R. 2070, argumentó que ‘el Congreso debe tomar la responsabilidad de entrar en un diálogo con el pueblo de Puerto Rico’.

La iniciativa tiene el respaldo de al menos 76 demócratas en la Cámara de Representantes, incluidas Alexandria Ocasio-Cortez y Joseph Morelle, de Nueva York, y Marie Newman, de Illinois. En el Senado, este proyecto tiene el apoyo de Bob Menéndez, de Nueva Jersey.

‘El proyecto de ley de autodeterminación no impone un resultado sino que permite la discusión plena del estatus, incluidas la estatidad, la libre asociación, la independencia’, agregó el gobernador.

Según Pierluisi, la legislación H.R. 2070 ofrece un proceso que incluye ‘opciones que los puertorriqueños ya han rechazado’.

‘Esto es el epítome del colonialismo e ignora lo que el pueblo ya votó’, añadió. ‘Le dice a los puertorriqueños cuál ha de ser el proceso para que expresen su autodeterminación’.

Puerto Rico es territorio estadounidense desde 1898 y se define como Estado Libre Asociado a ese país, con Constitución propia y con cierto grado de autonomía, aunque EE.UU. se reserva apartados como defensa, moneda, inmigración y aduanas, entre otros.

Esa condición divide a los puertorriqueños y mientras el gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP) plantea convertir a la isla en el estado número 51 de EE.UU., el opositor Partido Popular Democrático (PPD) aboga por perpetuar el estatus de Estado Libre Asociado.

La expropiación de tierras para construir el muro de Trump prosigue con Biden

WASHINGTON DC (EFE).- A pesar de las promesas de campaña del presidente, Joe Biden, de no construir ni un pie más del muro fronterizo de su predecesor, Donald Trump, la expropiación de propiedades en Texas continua ahora bajo la nueva administración, se informó este miércoles.

Un juez federal en McAllen (Texas) emitió una orden judicial el martes concediendo la solicitud del Gobierno de los Estados Unidos de hacerse con las tierras de la familia Cavazos para construir el muro fronterizo, denunció en un comunicado de prensa el Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP).

El pasado 20 de enero y como una de sus primeras medidas, Biden ordenó la suspensión temporal de la construcción del muro fronterizo por un periodo de 60 días para analizar el futuro de este proyecto, incluyendo la necesidad la expropiación de propiedades que iniciaron bajo la pasada administración del presidente Trump.

La orden judicial llega 23 días después que se cumpliera el plazo para que la administración Biden debiera de haber tomado una decisión sobre el futuro del muro fronterizo.

“Estamos completamente devastados. Pensamos que el presidente Biden nos protegería. Ahora hemos perdido nuestra tierra. Ni siquiera sabemos qué viene después”, dijo Baudilla Cavazos en el mismo comunicado.

La propiedad de la familia Cavazos es solo uno de los 140 casos activos de expropiación de tierras que continúan activos bajo la administración Biden.

De acuerdo al TCRP, quien representa legalmente a gran parte de las familias afectadas, por lo menos 114 de estos casos han progresado desde que se cumplió la fecha de 60 días establecida por la Administración Biden para definir el futuro del muro fronterizo.

En una reciente entrevista con Efe, Reynaldo Anzaldua, quien ha acompañado a sus primos Baudilia y José Alfredo Cavazos en su batalla legal por defender su predio junto al río Grande, dijo que el muro de Trump representa para su familia un “símbolo de odio y racismo”.

“No queremos que se construya ni un pie más del muro y que las propiedades que el Gobierno confiscó sean devueltas a sus dueños”, dijo la pasada semana Anzaldua.

A pesar de que Biden suspendió temporalmente la construcción del muro, los abogados del Departamento de Justicia continúan tomando posesión de las tierras a través de demandas en contra de familias en Texas.

“Ayer fuimos testigos de una traición al compromiso de la Administración Biden de poner fin a la construcción del muro fronterizo. En la corte federal, la pausa del presidente sobre la construcción del muro no tiene sentido sin una acción inmediata del Departamento de Justicia para desestimar estos casos”, dijo Ricky Garza, abogado con TCRP.

El Gobierno Biden se ha retirado o ha pedido que se desestimen casos en materia migratoria iniciados por la administración anterior, pero en este caso no ha seguido esa táctica y los procesos todavía continúan y en el caso de la familia Cavazos ha supuesto perder parte de sus tierras.

CT espera que proyectos de transporte cuenten con el apoyo del presidente Biden

NORWALK.- El Departamento de Transporte de Connecticut ya ha elaborado una lista de proyectos prioritarios que esperan que aseguren fondos del paquete de infraestructura de 2 billones de dólares del presidente Joe Biden, que propuso hace dos semanas.

Los funcionarios estatales quieren obtener una parte de los 621 mil millones de dólares destinados a los proyectos de transporte, para reducir la congestión en la autopista I-84 en Danbury, construir nuevos sistemas de autobuses en New Haven, Bridgeport y Stamford, reemplazar tres puentes en la línea ferroviaria de New Haven y mejorar el Stamford Transportation Center.

El Departamento de Transporte también priorizará la conversión de los 700 autobuses DE CT Transit en todo el estado de diésel a eléctricos durante los próximos 15 años, mejorará la tecnología obsoleta de señales de tráfico, como las de la autopista de peaje de Berlín, y mejorará las aceras, los carriles para bicicletas y las señales para peatones para reducir las muertes por accidentes de tráfico.

El Estado también quiere crear una red de carga de vehículos eléctricos en todo el Estado, que incluya cargadores más rápidos en áreas con mucho tráfico.

También esperan que el dinero les permita reintegrar a Hartford y East Hartford, ciudades divididas por las autopistas I-91 y la I-84, un proyecto defendido durante mucho tiempo por el representante federal John Larson, D-1.

En términos generales, estos proyectos reflejan los objetivos del Estado de reducir la congestión, reconectar vecindarios, hacer que el ferrocarril sea más confiable y mejorar los sistemas de tránsito urbano.

El American Jobs Plan, el paquete de infraestructura masiva que podría financiar estos proyectos, recién está comenzando a avanzar en el Congreso y los demócratas esperan que se apruebe durante el verano.

Muchos de los proyectos prioritarios anunciados por el Departamento de Trasporte estatal se alinean con los objetivos del plan federal, que incluyen incentivar los vehículos eléctricos, reparar las carreteras y puentes y mejorar el transporte público, especialmente la velocidad de los trenes.

“El plan de empleo permitirá a los estados y al gobierno local seguir adelante con proyectos atrasados ​​desde hace mucho tiempo para reparar carreteras y puentes, expandir y modernizar el tránsito, no solo en las grandes ciudades, sino en las comunidades pequeñas, y conectar más de nuestras comunidades”, indicó el Secretario de Transporte de los Estados Unidos, Pete Buttigieg.

Por su parte, el comisionado del Departamento de Transporte de Connecticut, Joseph Giulietti, se ha reunido con varios administradores de transporte de Biden para resaltar las prioridades de transporte de Connecticut y la necesidad de una asociación federal.

Mientras la administración trabaja para generar apoyo para el plan, la Casa Blanca publicó los boletines de calificaciones para la infraestructura de cada Estado el lunes pasado, calificando a Connecticut con una “C”.

La gran mayoría de los estados recibieron calificaciones “C” según las condiciones de sus carreteras y puentes, transporte público, infraestructura resiliente, agua potable, vivienda, banda ancha, cuidado de niños, manufactura, energía del hogar, trabajos de energía limpia y veteranos. Instituciones de salud.

“En Connecticut hay 248 puentes y más de 2 mil 100 millas de carreteras en malas condiciones. Desde 2011, los tiempos de viaje han aumentado en un 10.9 por ciento en Connecticut y, en promedio, cada conductor paga 711 dólares por año en costos debido a la conducción en las carreteras que necesitan reparación”, escribió la Casa Blanca en su hoja de datos de infraestructura estatal.

El paquete de infraestructura va mucho más allá de las inversiones en transporte, incluidos miles de millones de dólares para viviendas asequibles, tecnología de energía limpia, inversiones en fabricación y dinero para apoyar a los cuidadores de personas mayores y discapacitados.

Los gobiernos estatales y locales podrán acceder a los 2 billones de dólares en inversiones a través de algunas fórmulas existentes y solicitando subvenciones competitivas.

Proyecto de viviendas asequibles recibirá $1.6millones en fondos estatales

STAMFORD.- Lawnhill Terrace 4 en esta ciudad se encuentra entre los 16 proyectos de viviendas asequibles que están programados para compartir más de 49 millones en fondos estatales, anunció el gobernador Ned Lamont.

Se prevé que la financiación se apruebe cuando la Comisión de Bonos del Estado se reúna esta semana.

El Gobernador, que se desempeña como presidente de la Comisión, dijo que los fondos complementan los esfuerzos en curso de su administración para ampliar el acceso a opciones de vivienda para personas de ingresos mixtos en una amplia gama de comunidades de Connecticut, al tiempo que se basan en iniciativas para prevenir y acabar con la falta de vivienda.

“Ayudar a todos los residentes de Connecticut a pagar viviendas de alta calidad en la comunidad de su elección apoya a las familias, impulsa la economía y hace que los vecindarios sean lugares vibrantes para vivir y trabajar”, ​​declaró Lamont.

“A medida que más y más familias deciden construir su futuro en Connecticut, es vital que invirtamos en vivienda. Una inversión en vivienda es una inversión en la estabilidad familiar, el éxito de los niños y la salud económica de todo nuestro Estado”, agregó el funcionario.

Por su parte, la comisionada de Vivienda de Connecticut, Seila Mosquera-Bruno, indicó que “lograr el equilibrio correcto entre la nueva construcción y la preservación ha sido un ´baile´ delicado, que ha requerido una reorganización y reenfocar nuestros procesos internos en la búsqueda de la visión de la administración y la misión de la agencia”.

Agregó que “esto permitirá que se construyan y conserven viviendas seguras, sanitarias y energéticamente eficientes que sean asequibles, lo que brindará a los residentes de Connecticut la opción y la oportunidad de vivir en la comunidad que elijan”.

La secretaria de la Oficina de Política y Administración, Melissa McCaw precisó que “las inversiones en viviendas asequibles ofrecen enormes beneficios para el Estado, las comunidades locales y nuestros residentes. Al brindarles a las familias oportunidades de vivienda estables y asequibles, podemos ayudarlas a corto plazo y mejorar en gran medida sus posibilidades de éxito a largo plazo”.

Además de los $1.625 millones para el desarrollo de Stamford de 34 unidades, los fondos se utilizarán para apoyar los siguientes proyectos:

Branford: Parkside Phase 1, 67 unidades ($3.795 millones).

Farmington: New Horizons Expansion, 22 unidades ($2.2 millones).

Hartford: Martin Luther King Apartments, 155 unidades ($4 millones).

Hartford: Northeast Hartford Affordable Housing II, 78 unidades, ($2.7 millones).

Hartford: Westbrook Village Phase IV, 60 unidades ($3.9 millones).

New Haven: 340+ Dixwell, 69 unidades ($3.358 millones).

New Haven: Hill Central Phase I, 64 unidades ($2,831,200).

New Haven: MLK/Tyler, 56 unidades, ($3.32 millones).

New Haven: Richard Street Apartments, 23 unidades ($2 million)

Newington: Cedar Pointe, 72 Units ($4 millones).

Orange: Lascana Homes, 46 unidades ($3.6 million).

Salisbury: Sarum Village Phase III, 10 unidades ($1.5 million).

Stafford: Woodland Springs II, 79 unidades ($4 millones).

Waterbury: Linden, 44 unidades, ($3.775 millones).

Willimantic: Hevrin Terrace, 90 unidades, ($2.664 millones).

 

CT busca defender contra el ICE el perdón que otorga a inmigrantes por sus delitos

BRIDGEPORT.- Richard Marvin Thompson, un camionero de 37 años, fue liberado de la detención del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) en mayo del año pasado.

Había estado encerrado durante casi tres años a pesar del indulto total del Estado por un crimen que había cometido cuando era adolescente.

No era la primera vez que estaba tras las rejas. Thompson había sido previamente encarcelado por el ICE. En total ha pasado casi ocho años en prisión.

Se preguntó cómo había sido salir de la prisión en una pandemia si ya estaba acostumbrado a la cultura de encierro.

“He conseguido un empleo desde que salí del encierro. Todavía tengo un problema con mi licencia para conducir porque no tengo una tarjeta de residencia”, declaró el inmigrante.

El proceso para obtener su tarjeta verde tomará más tiempo.

Thompson fue traído legalmente de Jamaica a Connecticut por su padre cuando tenía 14 años.

A los 18, se peleó y fue declarado culpable de agresión en segundo grado. Once años después, el ICE decidió deportarlo.

El estado de Connecticut otorgó a Thompson un “perdón total, absoluto e incondicional” por el crimen en 2017. Pero ese fue el mismo año el ICE comenzó a detener y tratar de deportar a los residentes legales permanentes en Connecticut que han sido totalmente indultados por sus delitos.

El fiscal general William Tong acudió a los tribunales en 2019 para defender el sistema de indulto del Estado, y Thompson fue liberado en medio de la pandemia en 2020.

Pero la política federal hacia los indultos de Connecticut parece no haber cambiado con el advenimiento de la administración del presidente Joe Biden.

Ahora Connecticut quiere un acuerdo legal vinculante con los federales que claramente proteja el derecho del Estado a decidir cómo perdona a las personas.

“No pudimos llegar a un acuerdo y ahora estamos reafirmando esos reclamos y continuando nuestro litigio hasta que finalmente podamos poner todo esto en la cama”, comentó Tong.

En nuevas presentaciones legales, Connecticut cita varios casos adicionales de personas que han sido arrestadas y detenidas a pesar de los indultos estatales.

El gobierno federal ha argumentado que debido a que los indultos de Connecticut provienen de una Junta de Indultos y Libertad Condicional y no directamente del Gobernador, no son válidos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó una declaración en su sitio web que dice que honrará los indultos de Connecticut a los efectos de la ley federal de inmigración.

“Mi respuesta es ´gracias´. Aprecio su generosidad, pero… no es suficiente”, comentó Tong

Tong dijo que no hay indicios de que los federales vayan a hacer lo que dicen que harán.

Quiere asegurarse de que se respeten las leyes y la soberanía de Connecticut. Pide un reconocimiento explícito de que lo que ha estado sucediendo está mal.

Richard Marvin Thompson dijo que esta confusión le está pasando factura.

“No es justo para personas como nosotros. Mientras lo pienso, me enojo porque me hizo pasar por muchas cosas como la separación del hogar. Los años que me perdí con mis hijos”, lamentó el inmigrante.

Después de su liberación, Thompson regresó con su prometida y sus dos hijos a Bridgeport.

Toda la familia se vio afectada por el tiempo que pasó en la detención de ICE, especialmente cuando se enfrentó a la deportación, señaló Thompson,

Hablar de su experiencia es preocupante, pero dijo que si puede ayudar a otros inmigrantes de Connecticut lo haría solo para asegurarse de que no pasen por lo mismo por lo que él pasó.

Robos de automóviles aumentan un 42%

STAMFORD.- Connecticut experimentó un aumento del 42% en autos robados el año pasado, informó la American Automobile Association (AAA).

“Honestamente, este es un problema continuo. El mensaje que estamos tratando de transmitir no es dejar las llaves en el auto y cerrar las puertas. Creo que es una falsa sensación de seguridad que la gente tiene sobre sus vehículos”, declaró Amy Parmenter, portavoz de AAA para Greater Hartford.

Utilizando datos de la National Insurance Crime Bureau (AAA), más de 8 mil 500 automóviles fueron robados en 2020, principalmente durante la pandemia, en comparación con casi 6 mil robados en 2019, manifestó Parmenter.

Hay indicios de que la cantidad de robos para 2021 podría ser aún mayor. El área de West Hartford tuvo más robos de autos en los primeros tres meses de 2021 que en el primer trimestre de 2020.  “Es posible que estemos en camino de un año aún peor”, precisó la vocera.

La policía se ha estado quejando durante años por robos de autos e instando a los residentes a cerrar las puertas de sus autos por la noche. Aun así, los robos aumentaron, incluso cuando las personas se quedaron en casa de acuerdo con las directivas del coronavirus.

El reclamo promedio por un vehículo robado fue de aproximadamente 7 mil dólares el año pasado, pero algunos robos no están cubiertos por el seguro.

Indicó Parmenter.

Solo las pólizas de seguro integral cubren los autos robados, señaló Sonia Medina, otra portavoz de la AAA.

“La AAA anima a los propietarios de los vehículos a revisar sus pólizas con sus asesores para asegurarse de que estén cubiertos”, agregó Medina.

Mientras tanto, las medidas sencillas que los propietarios de automóviles pueden tomar para prevenir el robo incluyen:

* Nunca deje sus llaves o llaveros en el vehículo. La conveniente función keyless (sin llave) no solo es conveniente para el propietario del automóvil, sino también para el ladrón que puede llevarse su automóvil con solo tocar un botón.

* Estacione su vehículo en un garaje o en un área bien iluminada. Si está fuera, trate de estacionarse en un área donde cualquier persona involucrada en actividades delictivas sea notada.

* Mantenga los objetos de valor fuera de la vista.

Más de 18 mil empleados no sindicalizados se unen a Licencia Médica Familiar Pagada

BRIDGEPORT.- El estado de Connecticut se ha unido a otros 87 mil empleadores para cobrar una deducción de nómina para respaldar su propia ley de Licencia Médica Familiar Pagada, informó la Connecticut Paid Leave Authority y el contralor estatal, Kevin Lembo.

El programa anticipó la deducción del 0.5% de los cheques de pago a partir del 1º de enero.

Durante una reunión virtual, Lembo dijo que unos 18 mil 500 trabajadores estatales no sindicalizados debían pagar al fondo, pero que no habían estado haciendo sus contribuciones debido a complicaciones con el sistema de nómina Peoplesoft del Estado.

Lembo indicó que esos trabajadores pagarían una deducción del 1.5% hasta el 30 de junio para ponerse al día.

El problema con el sistema de nómina surgió del empleo estatal de trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, explicó el funcionario.

Los trabajadores sindicalizados no están obligados a contribuir al programa porque sus beneficios negociados ya incluyen disposiciones sobre permisos familiares.

Sin embargo, algunos de esos trabajadores caen ocasionalmente en ambas categorías dependiendo del trabajo en el que estén operando. Eso significa que aplicar una deducción general no lograría atrapar a la franja correcta de la fuerza laboral, argumentó Lembo.

“Había un subconjunto de ese grupo que tenía ingresos tanto de sindicalizados como de no sindicalizados y solo podíamos aplicar la deducción a la parte de no sindicalizados de su compensación. Estábamos un poco solos en eso”, precisó el funcionario.

El programa, que fue adoptado por la legislatura en 2019, permitirá a los trabajadores tomar hasta 12 semanas de licencia pagada por emergencias médicas y familiares cuando sus beneficios se activen en 2022.

La Connecticut Paid Leave Authority se ha comunicado con los empleadores estatales y ha realizado eventos periódicos para animarlos a registrarse y comenzar a deducir la tarifa de los cheques de pago de los trabajadores.

Hasta ahora, los empleadores de Connecticut han remitido 2.93 millones de dólares para financiar el programa.

Sin embargo, ha tenido algunas dificultades para lograr un cumplimiento total.

La directora ejecutiva de la Connecticut Paid Leave Authority, Andrea Barton Reeves, estimó que había entre 104 mil y 108 mil empleadores afectados por la ley.

Alrededor de 87 mil se habían registrado hasta ahora en su organización.

El número es un aumento significativo con respecto a marzo, cuando solo se habían registrado 66 mil, pero aún deja a algunos trabajadores sin hacer sus contribuciones requeridas.

Barton Reeves dijo que era optimista de que más empresas cumplirían pronto. Dijo que muchos de los restantes que se resisten eran empleadores muy pequeños que probablemente desconocen los requisitos.

Aunque Barton Reeves se mostró reacia a discutir la imposición de sanciones a las empresas que no se registran para hacer las deducciones, reconoce que el Estado podría buscar empresas en lugar de sus trabajadores para hacer las contribuciones requeridas, si no responden a los esfuerzos de “buena fe” de su organización para involucrarlos.

“Penalizarlos, desde nuestra perspectiva, no es la forma de animarlos en este momento. Entonces, después de haber hecho todo este trabajo y todavía tenemos algunos que creemos que no se cumplirán, es entonces cuando las sanciones parecen apropiadas”, finalizó Barton Reeves.

Piden más capacitación en salud mental para ayudar a estudiantes universitarios en crisis emocional

HARTFORD.- La angustia emocional entre los estudiantes universitarios está aumentando, y un nuevo informe de la Marie Christie Foundation reveló que los miembros de la facultad quieren más capacitación en salud mental para ayudar a quienes puedan estar en crisis.

En una encuesta realizada a una docena de campus universitarios, el 87% de los profesores cree que la salud mental de los estudiantes ha empeorado desde que comenzó la pandemia.

Sin embargo, solo la mitad dijo que tendría una buena idea de cómo reconocer y ayudar a un estudiante con angustia mental o emocional.

La psicóloga Carrissa Phipps de Middletown manifestó que la intuición es vital para que los estudiantes reciban la atención adecuada.

“A veces, un miembro de la facultad es la primera persona que un estudiante puede revelar que está luchando, o el miembro de la facultad puede estar viendo ese cambio en el comportamiento y la motivación”, expresó Phipps.

“Por lo tanto, pueden ser una excelente fuente para ayudar a recomendar a los estudiantes al apoyo”, agregó la experta.

En la encuesta, el 73% de los instructores dijeron que les gustaría tener alguna capacitación en salud mental de los estudiantes.

Para que eso suceda en Connecticut, según Phipps, los administradores universitarios deberán convertirlo en una prioridad en sus presupuestos escolares.

Phipps formó parte del Connecticut General Assembly’s Mental Health in Higher Education Task Force, que entregó sus propias recomendaciones en febrero de 2020.

Dijo que cree que la salud mental es una prioridad en la educación superior de Connecticut, pero dijo que el COVID-19 ha complicado el trabajo.

Otras recomendaciones del grupo de trabajo incluyen que las escuelas hagan una evaluación exhaustiva de sus recursos de salud mental, una mayor promoción de esos servicios para los estudiantes, la formación de una coalición de salud mental y la implementación de políticas de manejo de crisis.

Aproximadamente uno de cada cinco miembros de la facultad dijo que ayudar a los estudiantes con angustia emocional también pesa sobre su propia salud mental.

Phipps, quien también es profesora adjunto en la Universidad de Hartford, dijo que la atención plena es vital.

“Equilibrar esa generosidad con los estudiantes y poder realmente encontrarlos donde están, y reconocer que este es un momento realmente difícil para todos nosotros, al mismo tiempo que establece límites y expectativas, es vital para poder ayudar a los jóvenes que atraviesan una crisis emocional”, agregó la experta.

Señaló que, dado que la pandemia golpeó poco después de que el grupo de trabajo publicara sus recomendaciones, no está segura de sí las escuelas han tenido la oportunidad de implementarlas.

Stamford esperaba vacunar con Johnson & Johnson a trabajadores de primera línea

STAMFORD.- Los funcionarios de Stamford esperaban que unos 300 trabajadores de primera línea y empleados de pequeñas empresas pudieran recibir la vacuna Johnson & Johnson en una clínica especial organizada por la Ciudad, tal como había sucedido semanas antes para los educadores de Stamford.

Luego llegó la noticia de que el gobierno federal había recomendado abruptamente una suspensión temporal de la administración de la inyección de una dosis de Johnson & Johnson.

Las autoridades municipales, que no estaban seguras de tener suficientes inyecciones de Johnson & Johnson, cambiaron rápidamente a su plan de respaldo de la vacuna Moderna de dos dosis.

En el futuro, ese es su plan para el resto de sus programas de vacunas especializados.

El Departamento de Salud de la Ciudad y Stamford Health, que administran la mayor parte de las dosis locales a través de una empresa conjunta, han utilizado la vacuna Johnson & Johnson para apuntar a poblaciones vulnerables, de difícil acceso y esenciales desde que se autorizó la inyección de una dosis en febrero pasado.

Por ejemplo, la mayoría de los maestros de las escuelas públicas en Stamford recibieron la vacuna Johnson & Johnson a través de una clínica de vacunación masiva, que se llevó a cabo principalmente durante dos fines de semana en marzo pasado y que fue organizada por el sistema escolar y Stamford Health.

Ahora, la Ciudad está buscando programar clínicas adicionales para satisfacer el cambio a las vacunas de dos dosis para el futuro inmediato.

El gobernador Ned Lamont, después de discutir con la Casa Blanca y los funcionarios de salud federales, dijo que se esperaba que la pausa en la administración de la vacuna Johnson & Johnson durara “solo días, no semanas”.

Fue provocado por informes de seis personas, de los 6.8 millones que han recibido la vacuna Johnson & Johnson en todo el país, que desarrollaron coágulos sanguíneos graves.

Ninguno de los casos ocurrió en Connecticut.

El portavoz del hospital, Andie Jodko, enfatizó que la pausa temporal proviene de una gran cantidad de precaución, más que de una amenaza apremiante.

“Aunque los eventos informados son muy raros, esperaremos los resultados de la investigación antes de continuar con el uso de la vacuna Johnson & Johnson”, agregó Jodko.

En general, la oferta de Johnson & Johnson ha sido baja en Stamford.

Los funcionarios de Stamford Health manifestaron que han administrado “menos de 2 mil dosis de la vacuna Johnson & Johnson”, muchas en las clínicas de vacunas enfocadas en los maestros el mes pasado.

El Departamento de Salud de la Ciudad también usó otras 20 dosis de Johnson & Johnson para apuntar a los adultos confinados en sus hogares y personas sin hogar, indicó el portavoz de la ciudad, Arthur Augustyn.

Todos los programas específicos de Stamford han pasado posteriormente al uso de la vacuna Moderna, pero ambas iniciativas continuarán según lo planeado.

De las 84 mil 185 dosis que la Ciudad distribuyó hasta el 7 de abril, solo el dos por ciento eran de Johnson & Johnson, de acuerdo con el alcalde David Martin.

La gran mayoría de las dosis de Stamford, el 77 por ciento, fueron la vacuna Pfizer. Otro 21 por ciento eran Moderna.

Cualquier individuo programado cita para recibir la vacuna Johnson & Johnson a través de Stamford Health será reprogramado o se le ofrecerá una vacuna alternativa de dos dosis, según el doctor Michael Parry.