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CT se mantiene por debajo del 1% en tasa de positividad de COVID-19

NORWALK.- La tasa de positividad de COVID-19 de Connecticut se mantuvo por debajo del 1%, a medida que las hospitalizaciones continúan disminuyendo.

De acuerdo con los datos publicados por el gobernador Ned Lamont, Connecticut reportó 175 casos de COVID-19 de 25 mil 599 pruebas realizadas el martes pasado, para una tasa de positividad del 0.68%. Antes del fin de semana, el viernes pasado, el Estado reportó un 0.59% de positividad.

Además, Connecticut tiene solo 32 pacientes hospitalizados con COVID-19, 10 menos desde el viernes pasado.

El Estado no reportó muertes por COVID-19 el martes pasado, su total permanece en 8 mil 279 fallecimientos desde que comenzó la pandemia.

Estados Unidos ha registrado ahora 605 mil 788 muertes por COVID-19, según el Coronavirus Resource Center de la Johns Hopkins University.

Hasta el martes pasado, el 67.4% de todos los residentes de Connecticut y el 77.3% de los mayores de 12 años habían recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19, mientras que el 61.1% de todos los residentes y el 70.2% de los mayores de 12 años estaban completamente vacunados, según los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC).

Firman ley sobre cambio climático para proteger ciudades costeras

BRIDGEPORT.- Los efectos del cambio climático ya se están sintiendo en Connecticut. Para el año 2050, los expertos advirtieron que es inevitable que se produzcan más impactos.

“El clima estará más caliente, la marea estará más alta y habrá inundaciones con más frecuencia a lo largo de la costa. Eso generará muchos costos”, explicó James O’Donnell, director ejecutivo del Connecticut Institute for Resilience and Climate Adaption.

El estado de Connecticut está tratando de planificar esos costos.

El martes pasado por la mañana, el gobernador Ned Lamont firmó una ley sobre la adaptación al cambio climático.

La ley se centra en cómo Connecticut está invirtiendo en proyectos de resiliencia al cambio climático mientras el Estado se prepara para abordar los impactos del cambio climático.

“Debemos de tener una infraestructura resistente y eso es lo que permite esta ley en todo este gran Estado”, precisó Andrew Mais, comisionado de seguros de Connecticut.

Según Mais, las propiedades costeras representan el 66% del valor total del seguro de Connecticut.

“Todo eso está en riesgo a menos que prestemos atención a lo que tenemos que hacer”, indicó Lamont.

La ley tiene varios componentes que brindan a las comunidades más opciones para la planificación de la resiliencia.

La ley autoriza a los municipios a crear autoridades de aguas pluviales. La autoridad puede trabajar para reducir la contaminación de las aguas pluviales y las inundaciones. La autoridad también puede ser una fuente de ingresos adicionales.

New London es la única ciudad del Estado que ya tiene una autoridad de aguas pluviales, desarrollada bajo un programa piloto en 2018. Tratan las aguas pluviales como una utilidad.

“La cantidad de aguas pluviales que genera su propiedad, así es como se basa su tarifa”, comentó el alcalde Michael Passero, demócrata de New London.

El programa genera 1.3 millones de dólares anuales. Le permite a la Ciudad invertir esos dólares en mejorar la infraestructura.

“Realmente creemos que estamos un paso por delante del juego”, precisó Passero.

Según la ley, se amplía el alcance del Connecticut Green Bank.

El Green Bank financia la energía limpia. Puede invertir en cualquier infraestructura ambiental, desde proyectos de residuos hasta carreteras elevadas.

“El cambio climático está aquí hoy. Necesitamos permitir una mayor inversión privada en las cosas que deben suceder para enfrentar el clima”, indicó Bryan García, director ejecutivo del Connecticut Green Bank.

El Estado apuntó que la ley debería eventualmente ayudar a establecer Connecticut para la inversión federal en proyectos.

Jennifer Lopez lanza una nueva canción que habla sobre “seguir adelante”

Jennifer Lopez parece estar canalizando sus sentimientos de su compromiso roto con Alex Rodríguez, en una nueva canción que habla sobre superar el miedo a seguir adelante.

Jennifer canceló sus planes de matrimonio con el ex profesional del béisbol A-Rod en abril, y desde entonces se ha reunido con su ex novio, Ben Affleck, y ahora ella ha provocado la inspiración detrás de su próxima canción con el artista puertorriqueño Rauw Alejandro.

Hablando sobre el sencillo, Cambia El Paso, en el programa de radio satelital Pitbull’s ‘Globalization’ de SiriusXM, Jennifer dijo: “La canción trata sobre el cambio y no tener miedo de dar el paso. Por ejemplo, simplemente da el paso, avanza, haz lo que tengas que hacer “.

“Si algo no se siente bien, sea lo que sea en tu vida, simplemente haz ese movimiento”, continuó. “¡Y a bailar!”

Jennifer compartió una foto de sí misma con Alejandro el jueves y les dijo a los fanáticos que estaban dando los toques finales a la pista.

Ex trabajadora de guardería se declara inocente de cargos de abuso infantil

STAMFORD.- Una ex trabajadora de una guardería de Wilton, acusada de agresión después de que la policía dijo que un bebé bajo su cuidado sufrió un “traumatismo craneal por abuso” a principios de este año, se declaró inocente el martes pasado durante una breve audiencia.

Las autoridades informaron que Amy Tingets, de 39 años, de Norwalk, compareció en el Tribunal Superior de Stamford para enfrentar cargos de agresión en primer grado y riesgo de lesiones a un niño, después de que un bebé de Weston de 6 meses sufriera un “traumatismo craneoencefálico severo”, mientras estaba bajo su cuidado, en la Wilton’s Goddard School, su antiguo empleador.

Tingets se declaró inocente de los dos cargos en la audiencia.

El abogado Dean Popkin, que representa a Tingets, dijo que su cliente siente simpatía por la familia del bebé herido, pero que mantiene su inocencia en el incidente.

“El corazón de Amy está con el bebé y su familia, pero de ninguna manera es responsable de las lesiones”, indicó Popkin.

La próxima vez que Tingets comparecerá ante el tribunal será el 20 de septiembre.

El incidente ocurrió el 9 de febrero pasado, una semana después de que la víctima, descrita por las autoridades como un niño de Weston de 6 meses en ese momento, y su hermano de 2 años comenzaron a asistir a las instalaciones de Danbury Road, según las autoridades.

El niño aparentemente sufrió un “traumatismo craneoencefálico severo” ese día, y los socorristas acudieron rápidamente a la guardería para recibir un informe de un bebé que no respondía después de una siesta, según la declaración jurada.

El niño fue llevado al Hospital de Norwalk, luego al Yale New Haven Hospital, donde un equipo de médicos certificados en abuso infantil evaluó sus lesiones.

Los médicos del hospital informaron que el niño sufría hematomas subdurales bilaterales, según la declaración jurada.

Los médicos y sus padres informaron problemas con su visión después de esta fecha, según la declaración jurada.

La madre del niño dijo a los investigadores que “varios médicos le dijeron a la familia que el niño había sufrido lo que parecía ser una ´fuerte sacudida´, después y durante la atención, según la declaración jurada.

Unos días antes de esa visita al hospital, Tingets informó el 5 de febrero a los padres del niño que se golpeó la cabeza con un juguete y terminó con una leve marca roja en la cabeza.

No hubo hinchazón y la marca desapareció ese mismo día. Ese fue el único día que el bebé de 6 meses durmió más de una hora en la guardería, dice la declaración jurada.

La siguiente vez que lo hizo fue el 9 de febrero, según la declaración jurada.

Una investigación del Departamento de Niños y Familias del Estado indicó que las denuncias de “abuso físico y negligencia física” fueron fundamentadas contra Tingets, citando las “lesiones físicas graves del niño mientras estaba bajo el cuidado de Amy Tingets”, dice la declaración jurada.

Tingets fue contratada en la guardería de Wilton en agosto de 2019 después de que supuestamente no le dijo a su empleador que la despidieron de su trabajo anterior por “maltrato de niños”, según su orden de arresto.

Un informe de Hearst Connecticut Media, el mes pasado, reveló que una verificación de antecedentes no indicó que Tingets había sido objeto de una investigación de la Oficina de la Primera Infancia sobre las acusaciones de abuso que llevaron a su despido de la Children’s Day School en Greenwich.

Bridgeport enfrenta dificultades para contratar nuevos agentes de la policía

BRIDGEPORT – La respuesta a la última campaña de reclutamiento policial de la Ciudad, lanzada en abril, parece reflejar una tendencia nacional a la que se enfrentan los departamentos cuando se trata de dificultades de contratación.

Según la administración del alcalde Joe Ganim, 419 candidatos presentaron solicitudes antes de la fecha límite del 4 de junio.

La puntuación en los exámenes escritos en persona, que se llevaron a cabo del 19 de junio al 3 de julio, se completará a mediados de julio con las siguientes pruebas orales.

De los 419 candidatos 132 son residentes de la Ciudad y 89 son mujeres, de acuerdo con el Ayuntamiento.

Sin embargo, en 2015, cuando el entonces alcalde Bill Finch lanzó una búsqueda de nuevos oficiales, su administración se jactó de que inicialmente se presentaron mil 13 candidatos, 800 de ellos llegaron a la etapa de entrevista oral y que 762 calificaron para la academia en espera de verificaciones de antecedentes, exámenes físicos y otros requerimientos.

La administración de Ganim quiere contratar a 60 nuevos oficiales y la jefa interina del Departamento, Rebeca García, podría usar esa mano de obra.

Esta semana dijo que la dotación óptima del Departamento es de 426 oficiales, pero que al 30 de junio tenía 349 hombres y mujeres bajo su mando.

David Daniels sirvió en la fuerza de Bridgeport desde 1988 hasta su retiro en 2014 y en un momento de esa carrera estuvo involucrado en el reclutamiento.

“Cuatrocientos oficiales es poco, es un número muy bajo para una ciudad tan grande”, comentó Daniels y agregó que eso hará que sea aún más difícil para la Ciudad terminar con un grupo suficientemente grande de contendientes calificados.

“Las pruebas son muy estrictas: un examen escrito, un examen físico, un examen mental, un detector de mentiras, un examen de detección de drogas. A lo largo del camino, la gente se quedará en el camino”, señaló Daniels.

“Todavía hay más de 400 candidatos potenciales”, precisó Dan Roach, asesor de Ganim y miembro de la comisión de policía de Bridgeport desde hace mucho tiempo.

“Si el número fuera mayor, se habría visto un poco mejor. Creo que refleja lo que estamos viendo en todo el país”, agregó Roach.

Varios medios de comunicación de todo el país han informado sobre problemas con el reclutamiento de las fuerzas del orden, incluida la Radio Pública Nacional (NPR) a finales del mes pasado.

“Los llamamientos históricos para la rendición de cuentas de la policía, la reforma y los intentos de ajuste de cuentas racial han dejado a los departamentos de policía de todo el país luchando por mantener a los oficiales que tienen y atraer a nuevos a la fuerza”, informó la NPR el 24 de junio.

Si bien el sindicato de la policía de Bridgeport no ofreció una respuesta, Larry Dorman, portavoz de la organización laboral matriz de ese grupo, la American Federation of State, County and Municipal Employees, expresó que “he hablado de manera anecdótica con varios de nuestros sindicatos locales que representan a los oficiales de la policía, y lo que están descubriendo es que los departamentos tienen poco personal, están perdiendo oficiales y la cantidad de candidatos para nuevos oficiales se ha reducido drásticamente.

“Y eso es preocupante”, señaló Dorman.

A nivel local, el Ayuntamiento y Ganim reunieron un grupo de trabajo para idear formas de reformar la aplicación de la ley. Esas propuestas se publicaron en abril.

Dorman agregó que “aún no se puede medir”, pero cree que el proyecto de ley de responsabilidad policial que los legisladores de Connecticut aprobaron el verano pasado “es parte de esa ecuación”.

La NPR también informó que la crisis de reclutamiento “se produce cuando muchas ciudades continúan lidiando con las consecuencias de la pandemia y el fuerte aumento de tiroteos y asesinatos”.

Bridgeport ha tenido nueve homicidios en lo que va de año, incluidos dos durante una semana a mediados de junio, lo que llevó a Ganim y García a anunciar un aumento en las patrullas centradas en áreas de alta criminalidad.

La Ciudad también tuvo nueve asesinatos a partir de este momento el año pasado, y esa cifra casi se triplicó a 24 para finales de 2020.

Daniels también culpó de la aparente falta de interés en una carrera policial a “los tiempos, que tiene que ver con la percepción de la policía, a nivel nacional, con toda la prensa negativa que han recibido”, pero señaló que la fuerza de Bridgeport también ha generó su parte justa de publicidad negativa.

El Departamento de Bridgeport ha sido golpeado en los últimos meses y años por controversias y escándalos, desde casos de fuerza excesiva y otros problemas de policías que se comportan mal, hasta luchas internas entre oficiales por ascensos y acusaciones de racismo.

Indocumentados sin seguro médico viven con miedo e incertidumbre

NEW HAVEN.- Patricia Rosas ha sobrevivido tanto al coronavirus como al cáncer. Pero su lucha con un seguro médico asequible tampoco la ha hecho fácil.

“Han pasado cinco meses desde mi cirugía para extirparme el riñón. No me siento mal, pero tenía cáncer y no sentía nada. Así que tengo algo de miedo”, dijo Rosas.

Aproximadamente el 6% de la población del Estado no tiene seguro médico. Según un estudio de Access Health CT, las personas afroamericanas e hispanas representaron el 19% de la población sin seguro en 2018. Pero eso cuenta solo a las personas que son ciudadanos y residentes legales. Mientras tanto, el Migration Policy Institute reveló que el 52% de las personas indocumentadas carecen de seguro médico.

Los legisladores aprobaron un proyecto de ley que extenderá la cobertura de atención médica a las mujeres y niños inmigrantes embarazadas.

La medida, que comenzará en 2023, brindará acceso a Medicaid HUSKY a niños inmigrantes indocumentados de hasta 8 años.

Además, brindará atención prenatal a las embarazadas indocumentadas, así como atención posnatal durante un año. Ambos grupos calificarán según la elegibilidad de ingresos.

Pero eso deja fuera a pacientes como Rosas, que llegó de México hace casi 30 años. Ella se encuentra entre las 120 mil personas indocumentadas en Connecticut que no son elegibles para el seguro médico estatal para personas de bajos ingresos.

Durante años, Rosas sufrió en silencio, temerosa de que la rechazaran debido a su estado migratorio.

“Tenía un dolor agudo debajo de la caja torácica derecha que a menudo me dejaba sin aire. Ese dolor comienza muy leve y lo sufrí durante muchos años”, ”, manifestó Rosas.

Rosas visitó el centro de salud de su comunidad local donde le diagnosticaron un cálculo biliar.

“Le conté a la doctora sobre los síntomas, pero ella solo me dio un diagnóstico y ningún tratamiento porque la clínica no tenía el equipo necesario para tratarme”, relató la hispana.

En todo el Estado, los centros de salud comunitarios brindan atención médica primaria, dental y de salud conductual independientemente de la capacidad de pago de una persona.

En Hartford, el Hispanic Health Council sirve a las familias bajo un modelo que une el acceso a los servicios clínicos, la educación de salud preventiva y el bienestar familiar.

La organización se fundó en 1978 después de la trágica muerte de una niña cuya madre, que hablaba español, no entendía las instrucciones médicas que le estaban dando en inglés.

Esta muerte movió a los líderes a impulsar la promoción de la equidad en salud.

Yesenia Conde dirige el Departamento de Servicios a la Juventud del Ayuntamiento. La Junta atiende a más de 200 familias al año en promedio, y con la pandemia, ese número casi se duplicó. Conde dice que fue revelador.

Arelys Insignares es una trabajadora de salud comunitaria que promueve el bienestar familiar y trabaja directamente para educar a las familias y conectarlas con los servicios.

Si bien la pandemia interrumpió las visitas domiciliarias, el centro permaneció abierto.

Pero, más recientemente, Insignares reanudó las visitas en persona a las madres y sus hijos como parte de su Family Resource Center.

Trabaja con madres como Gladis Escalante, quien llegó de Guatemala hace 15 años. Escalante ha estado trabajando con Insignares desde el nacimiento de su primera hija hace 10 años.

Como muchas de las familias que visitan el Hispanic Health Council, la familia de Escalante es de ciudadanía mixta.

Si bien Insignares puede orientarla en la dirección correcta para acceder a los servicios de salud para sus hijas, la ayuda que la propia Escalante puede obtener es limitada.

“Imagínense, solo mis hijas tienen seguro médico, por ejemplo, yo no. No puedo ir a un médico porque no puedo pagarlo. En este momento, también soy diabética y, a veces, no puedo pagar los medicamentos porque estoy desempleada”, expresó Escalante.

Por lo tanto, trabaja en estrecha colaboración con Insignares para informarse y controlar su diabetes.

Eso es lo que le pasó a Patricia Rosas. Fue ingresada en cirugía en noviembre de 2019, casi siete meses desde su visita inicial a su centro de salud comunitario local.

“Cuando la doctora entró en la habitación, sin más preámbulos, me dijo que tenía cáncer en el riñón”, dijo Rosas, conteniendo las lágrimas. “Estaba en shock, no podía hablar, estaba como paralizada”, comentó Rosas.

Para ayudar a cubrir los costos, sus amigos organizaron una recaudación de fondos de GoFundMe y el Saint Francis Hospital le brindó asistencia financiera.

Sin ambos, su factura final de 57 mil dólares la habría dejado con una deuda abrumadora.

 

Miles de niños de CT se consideran personas sin hogar ¿La expiración de la prohibición de desalojo empeorará la situación?

NORWALK.- Una moratoria estatal de desalojos expiró la semana pasada, lo que podría aumentar el recuento de miles de niños y jóvenes sin hogar.

En el año escolar 2019-2020, el Departamento de Educación del Estado identificó a 4 mil 859 estudiantes sin hogar en sus escuelas públicas K-12, con salvedades.

Según la ley federal, los niños en edad escolar se consideran personas sin hogar si carecen de vivienda o de un espacio para vivir adecuado o permanente.

Eso incluye a los estudiantes que tienen que duplicar o compartir la vivienda con amigos o familiares debido al desalojo o la pobreza.

Los estudiantes transitorios a menudo están sujetos a traumas y carecen de necesidades básicas como alimentos, atención médica, tecnología y útiles escolares.

Tienden a mudarse de escuela con frecuencia, lo que puede afectar sus relaciones académicas y escolares.

Incluso antes de la pandemia, los defensores dijeron que les preocupaba que los niños hicieran la tarea y estudiaran para los exámenes en entornos laborales poco propicios.

Desde las primeras etapas de la pandemia de COVID-19, Connecticut limitó los desalojos a escenarios que incluyen retrasos en el pago del alquiler durante al menos seis meses o causar una “molestia grave”, como dañar físicamente a otro inquilino o propietario o usar la unidad para el trabajo sexual o venta ilegal de drogas.

Los datos son experimentales, pero la U.S. Census Bureau Household Pulse Survey más reciente encontró que el 69 por ciento de los encuestados con hijos que no están al día con los pagos de alquiler informaron que es probable que se enfrenten al desalojo en los próximos dos meses, en comparación con el 10 por ciento de los encuestados sin hijos.

La moratoria estatal se extendió varias veces durante la pandemia, hasta que expiró el miércoles pasado.

Se espera que una moratoria federal caduque a fines de este mes.

En ausencia de la moratoria estatal, el gobernador Ned Lamont aprobó nuevas protecciones para los inquilinos, incluidos servicios legales gratuitos para los inquilinos de bajos ingresos al borde del desalojo y órdenes para que los propietarios aprovechen los 400 millones de dólares en ayuda federal disponible en Connecticut para cubrir el alquiler no pagado hasta al menos el final de este mes.

Muchos han aplaudido estas medidas, incluido el Center for Children’s Advocacy.

“Creemos que es inevitable que se levante la prohibición de desalojo”, dijo Yagaloff, Adam Yagaloff, un abogado del Center for Children’s Advocacy’s Homeless Youth Advocacy Project, quien calificó las protecciones como

“razonables”.

Pero aún está por verse si estas medidas van lo suficientemente lejos o si extienden las protecciones para los inquilinos durante el tiempo suficiente.

 

Difícil de rastrear

El número exacto de niños afectados por la falta de vivienda puede ser difícil de precisar.

Yagaloff dijo que los jóvenes transeúntes a menudo abandonan el sistema escolar: solo las tres cuartas partes de la población de estudiantes sin hogar de Connecticut se graduaron a tiempo en 2019, el año sin pandemia más reciente.

“Hemos visto durante el último año y medio que los jóvenes han tenido que encontrar trabajo para poder mantener a sus familias. Han tenido que suspender la escuela o asistir a la escuela con menos frecuencia para conseguir trabajo”, agregó el defensor.

Si bien la tasa promedio de ausencias crónicas fue del 20 por ciento este año, más del 57 por ciento de los estudiantes transitorios faltaron repetidamente a la escuela, según los datos estatales más recientes.

Un informe de la Connecticut Coalition to End Homelessness estimó que 7 mil 823 jóvenes de 13 a 24 años no tenían hogar o tenían viviendas inestables. Un número desproporcionado de ellos se identificó como afroamericano , hispano o LGBTQ +.

El recuento se realizó en enero de 2020 y es anterior a la pandemia, que según Hearst podría exacerbar una situación ya “frágil”.

En una encuesta estatal de jóvenes sin hogar o inestabilidad de vivienda, todos los encuestados informaron un empeoramiento de su situación desde COVID-19, según el Youth & Young Adult Taskforce of the Reaching Home Campaign.

Y aunque las escuelas no pueden detener los procedimientos de desalojo, según la ley federal tienen recursos para mitigar el impacto en otras facetas de la vida de los estudiantes.

 

Fecha límite de toma de huellas dactilares plantea preocupaciones sobre personal de los asilos de ancianos

NEW HAVEN.- Funcionarios sindicales, empleados y operadores de los hogares de ancianos están denunciando una directiva del Departamento de Salud Pública del Estado, que exige que más de 7 mil 500 trabajadores de los asilos, contratados durante la pandemia, se tomen las huellas digitales antes del martes 20 de julio o perderán sus trabajos.

En medio de las preocupaciones por la seguridad de los residentes, en una industria que ya tiene poco personal debido a la pandemia, los funcionarios sindicales y los funcionarios de los hogares de ancianos quieren que se retrase el plazo.

“Estamos más que felices de cumplir con esta directiva, pero dado el volumen de trabajo pendiente, nos preocupa que no haya capacidad para manejar la cantidad de huellas digitales requeridas para el 20 de julio”, declaró Lori Mayer, portavoz de Genesis Healthcare.

La compañía operaba más de 20 hogares de ancianos en Connecticut al comienzo de la pandemia.

“Además, los hogares de ancianos en todo el Estado están contratando nuevos empleados todos los días, lo que también requiere la toma de huellas digitales. Tenemos la esperanza de que el Departamento de Salud Pública proporcione una extensión”, precisó Mayer.

Los requisitos de las huellas dactilares para los nuevos empleados contratados durante la pandemia fueron relajados por una orden ejecutiva emitida por el gobernador Ned Lamont debido a la escasez de trabajadores.

Muchos departamentos de policía cancelaron los servicios de toma de huellas dactilares al restringir el acceso público en el punto álgido de la pandemia.

La “Orden Ejecutiva 7K” está programada para expirar con el resto de las órdenes pandémicas de emergencia de Lamont, de acuerdo con la directiva del Departamento de Salud Pública.

Está instruyendo a los trabajadores para que programen citas para tomar las huellas digitales en uno de los 11 cuarteles de la policía estatal antes del 20 de julio.

“Los trabajadores a quienes no se les hayan tomado las huellas digitales antes del 20 de julio de 2021, no serán elegibles para un empleo continuo en puestos de cuidado directo a menos que se les tomen las huellas digitales antes de que expire la orden ejecutiva”, advirtió Chris Boyle, portavoz del Departamento de Trabajo.

Los trabajadores pueden inscribirse en espacios de 10 minutos en el cuartel de la policía estatal.

Boyle señaló una ley estatal que requiere que los empleados de cuidado directo, recién contratados de los centros de cuidado a largo plazo, obtengan “verificaciones de antecedentes penales basadas en huellas dactilares” como parte de su verificación de antecedentes para ser contratados.

“El requisito legal de una verificación de antecedentes no es nuevo y es una medida importante para garantizar la salud y seguridad de los residentes de hogares de ancianos. Recomendamos encarecidamente a los empleadores y sus trabajadores que reserven citas ahora”, indicó Boyle

Boyle informó que se han tomado las huellas dactilares a 3 mil de los 7 mil 500 trabajadores.

Los empleados comprenden la necesidad del requisito y lo aceptan, según Doris Tavares, quien ha trabajado durante seis años como asistente de enfermería certificada en el Saint John Paul II Center.

Entre esa instalación y el Glen Hill Center, ambos propiedad de Genesis Healthcare y ubicados en Danbury, al menos 30 empleados se verán afectados por la fecha límite, apuntó Tavares.

Departamento de Policía llevará a cabo foro comunitario acerca de sus recursos de ayuda

BRIDGEPORT.- El Departamento de policía de Bridgeport organizará un foro comunitario, con el fin de conectar a las personas de la Ciudad con los recursos locales.

La jefa interina de la policía, Rebeca García, y el Departamento de Policía, instaron a la comunidad a participar en el evento en línea, a través de Zoom, programado para el martes 13 de julio, de 5:30 de la tarde a 7:00 de la noche.

“El ímpetu detrás de la organización de este evento es fortalecer las relaciones entre la comunidad, la policía y nuestros socios, y crear un diálogo abierto. “Además, nos gustaría que nuestra comunidad supiera qué recursos están disponibles para ellos, aborde sus inquietudes y haga un seguimiento de los planes de acción”, comentó García.

La información abarcará desde servicios de violencia doméstica y sexual hasta apoyo para el uso de sustancias y adicciones.

Los presentadores incluyen el Center for Family Justice, Liberation Programs, Project Longevity, Chemical Abuse Services Agency (CASA) y Connecticut Institute for Refugees and Immigrants (CIRI).

Estos socios presentarán quiénes son y qué servicios ofrecen, según la jefe interina de policía.

La sesión se produce después de más de un año de un mayor escrutinio sobre el Departamento de Policía y su relación con los habitantes de la Ciudad.

En junio pasado, los activistas acamparon frente a la sede de la policía para pedir la desviación de fondos del Departamento hacia la educación y los servicios sociales.

También en las conversaciones sobre el presupuesto y en los foros de ayuda ante una pandemia, los residentes y grupos como Bridgeport Generation Now han pedido que se asignen fondos a los jóvenes, la seguridad y la salud mental.

Un grupo de trabajo de reforma policial del Ayuntamiento también ha discutido formas de conectar mejor al Departamento con la comunidad.

El grupo de trabajo se reunió varias veces en privado el invierno pasado antes de reunirse públicamente a partir de febrero.

Entre las recomendaciones del grupo de trabajo en abril estaban crear más oportunidades para interactuar con los residentes.

El concejal Scott Burns, quien copresidió el grupo de trabajo, calificó el próximo foro como “algo bueno”, aunque su grupo no fue informado sobre el evento antes de que se hiciera público.

“Cualquier cosa que ayude a dar una cara más visible a la policía, y la gente conozca algunas de las conexiones que existen, definitivamente es algo positivo”, dijo.

Burns citó la relación del Departamento con el Center for Family Justice, por ejemplo, como una asociación de larga data sobre la que los residentes de Bridgeport tendrán la oportunidad de aprender más.

Para participar en el foro comunitario, pueden ingresar a la web https://bit.ly/3dJSbew.

Proveniente de Perú: Nueva variante de COVID-19 puede ser más resistente a las vacunas que otras cepas, aseguran científicos

BRIDGEPORT.- Una nueva cepa de COVID-19, identificada en Sudamérica, puede ser más resistente a las vacunas que otras variantes, advirtieron los científicos.

La cepa C.37, conocida como variante Lambda, se identificó por primera vez en el Perú en diciembre de 2020, cuando representó menos del uno por ciento de los casos nuevos.

Ahora representa alrededor del 80 por ciento de las nuevas infecciones en Perú y se ha extendido a unos 27 países en el último mes, según un informe del Financial Times.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que la cepa porta una serie de mutaciones que pueden haber provocado un posible aumento de la transmisibilidad o un posible aumento de la resistencia a los anticuerpos neutralizantes.

Se han identificado casos en diferentes partes del Reino Unido, aunque el número total de infecciones es relativamente pequeño. Aún no se han confirmado casos en los Estados Unidos.

La denominada variante Delta B.1.617, que se originó en la India aproximadamente al mismo tiempo, se ha identificado ahora en unos 80 países.

Se ha citado como la principal razón del aumento de casos en algunas regiones menos vacunadas de los Estados Unidos.

Las vacunas, especialmente las inyecciones de dos dosis de Pfizer y Moderna, han demostrado ser efectivas contra ella.