KFF HEALTH NEWS.- Organizaciones de salud sin fines de lucro e intérpretes médicos advierten que los recortes federales han eliminado docenas de puestos de trabajadores comunitarios en California, que ayudan a quienes no hablan inglés a obtener cobertura médica y a navegar el sistema de salud.
Al mismo tiempo, las personas con dominio limitado del inglés están pidiendo menos servicios lingüísticos, lo que los defensores de la atención de salud atribuyen en parte a la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump y a su orden ejecutiva declarando al inglés como idioma nacional.
Estos cambios en las políticas y la financiación podrían dejar a algunas personas sin atención vital, especialmente a niños y adultos mayores.
“Las personas tendrán dificultades para acceder a beneficios a los que tienen derecho y que necesitan para vivir de forma independiente”, expresó Carol Wong, abogada senior de derechos humanos de Justice in Aging, un grupo nacional de defensa.
Cerca de 69 millones de personas en el país hablan un idioma que no es inglés, y 26 millones de ellas hablan inglés a un nivel por debajo de “muy bien”, según los datos más recientes disponibles de 2023 de la Oficina del Censo de Estados Unidos.
Una encuesta de KFF-Los Angeles Times de ese año reveló que los inmigrantes con un dominio limitado del inglés reportaron más obstáculos para acceder a la atención médica y peor salud que los que hablan mejor inglés.
Los defensores de salud temen que, sin el apoyo adecuado, millones de personas con un dominio limitado del inglés sean más propensas a sufrir errores médicos, diagnósticos equivocados, negligencia y otros resultados adversos.
Al inicio de la pandemia en 2020, ProPublica informó que una mujer con síntomas de coronavirus murió en Brooklyn luego de no recibir tratamiento oportuno porque el personal de emergencias no pudo comunicarse con ella en húngaro.
Y, en el punto álgido de la crisis, The Virginian-Pilot fue el primero en informar que una traducción al español en un sitio web estatal afirmaba erróneamente que la vacuna contra covid-19 no era necesaria.
En el año 2000, el presidente Bill Clinton firmó una orden ejecutiva destinada a mejorar el acceso a los servicios federales para las personas con inglés limitado. Investigaciones muestran que la asistencia lingüística se traduce en una mayor satisfacción del paciente, y también en una reducción de errores médicos, diagnósticos equivocados y consecuencias adversas para la salud.
Los servicios de interpretación de idiomas también ahorran dinero al sistema de salud al reducir las estadías en el hospital y los reingresos.
La orden de Trump derogó la directiva de Clinton y dejó en manos de cada agencia federal la decisión de mantener o adoptar una nueva política sobre lenguas. Algunas ya han reducido sus servicios: según se ha informado, el Departamento de Seguridad Nacional y la Administración del Seguro Social redujeron los servicios de idiomas, y el Departamento de Justicia afirma estar revisando las directrices. El enlace a su plan de lenguas no funciona.
No está claro qué pretende hacer el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). El HHS no respondió a las preguntas de KFF Health News.
Un plan del HHS implementado durante la presidencia de Joe Biden, que incluye directrices durante emergencias y desastres de salud pública, ha sido archivado, lo que significa que podría no reflejar las políticas actuales. Sin embargo, la Oficina de Derechos Civiles del HHS sigue informando a los pacientes sobre su derecho a recibir servicios de asistencia en sus idiomas nativos cuando recogen una receta médica, solicitan un seguro de salud o van al médico.
Además, en julio pasado, la oficina agregó protecciones que prohíben a los proveedores de salud utilizar personal no capacitado, familiares o niños para brindar interpretación durante las consultas médicas. También requiere que un traductor humano calificado revise traducciones de información confidencial realizadas con herramientas de inteligencia artificial (IA), para garantizar su precisión.
La administración Trump podría anular estas salvaguardas, afirmó Mara Youdelman, directora general del National Health Law Program, una organización nacional de defensa de políticas legales y de salud. “Hay un proceso que debe seguirse”, agregó, refiriéndose a la implementación de cambios con la participación del público.
“Les insto encarecidamente a que consideren las graves consecuencias cuando las personas no tienen una comunicación efectiva”, enfatizó.
Youdelman dijo que, incluso si el gobierno federal finalmente no ofrece servicios de idiomas al público, los hospitales y proveedores de salud están obligados a proporcionar esta asistencia a los pacientes de manera gratuita. El Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe la discriminación por raza u origen nacional, y sus protecciones se extienden al idioma. Además, la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) de 2010, que amplió la cobertura médica para millones de estadounidenses y adoptó numerosas protecciones al consumidor, exige que los proveedores de salud que reciben fondos federales ofrezcan servicios de idiomas, incluyendo traducción e interpretación.
“El inglés puede ser el idioma oficial y las personas aún tienen derecho a obtener servicios de idiomas cuando acceden a la atención médica”, dijo Youdelman. “Nada en la orden ejecutiva cambió la ley vigente”.
Las aseguradoras aún deben incluir eslóganes multilingües en la correspondencia a sus miembros, explicando cómo pueden acceder a los servicios de idiomas.
Los centros de salud deben colocar avisos visibles que informen a los pacientes sobre los servicios de asistencia lingüística, y garantizar intérpretes certificados y calificados.
Los gobiernos estatales y locales podrían ampliar sus propios requisitos de acceso a idiomas. Algunos estados han tomado medidas similares en los últimos años, y los legisladores estatales de California están considerando un proyecto de ley que establecería un director de acceso lingüístico, exigiría la revisión humana de las traducciones de IA y mejoraría las encuestas que evalúan las necesidades lingüísticas.
“Con la creciente incertidumbre a nivel federal, las leyes y políticas de acceso estatales y locales son aún más importantes”, afirmó Jake Hofstetter, analista de políticas del Migration Policy Institute.
En California, el Departamento de Salud Pública de Los Ángeles y la Oficina de Participación Cívica y Asuntos de Inmigrantes de San Francisco afirmaron que sus servicios de idiomas no se han visto afectados por la orden ejecutiva de Trump ni por los recortes de fondos federales.
Sin embargo, la demanda ha disminuido. Aurora Pedro, de Comunidades Indígenas en Liderazgo, una de las pocas intérpretes médicas en Los Ángeles que habla akatek y qʼanjobʼal, lenguas mayas de Guatemala, dijo que recibe menos llamadas solicitando sus servicios desde que asumió Trump.
Y otras áreas de California han reducido los servicios lingüísticos por los recortes de fondos federales.
Hernán Treviño, vocero del Departamento de Salud Pública del condado de Fresno, dijo que el condado redujo el número de trabajadores de salud comunitarios a más de la mitad, de 49 a 20 puestos. Esto ha limitado la disponibilidad de guías locales que hablan español, hmong o lenguas indígenas de Latinoamérica, y que ayudan a los inmigrantes a inscribirse en planes de salud y programar exámenes de rutina.
Treviño indicó que, en las oficinas del condado, el personal sigue disponible para atender a los residentes en español, hmong, lao y panyabí. También hay una línea telefónica gratuita disponible para ayudar a acceder a servicios en el idioma preferido.
Mary Anne Foo, directora ejecutiva de la Asian and Pacific Islander Community Alliance del condado de Orange, informó que la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental congeló los $394.000 restantes de un contrato de dos años para mejorar los servicios de salud mental. Como resultado, la alianza planea despedir a 27 de sus 62 terapeutas, psiquiatras y administradores de casos bilingües. La alianza atiende a más de 80.000 pacientes que hablan más de 20 idiomas.
“Solo podemos mantenerlos hasta el 30 de junio”, dijo Foo. “Todavía estamos tratando de ver si podremos cubrir a las personas”.
