HARTFORD.- Un martes por la tarde, en un tribunal de Hartford, un pequeño grupo de unas 20 personas esperaba ser llamado a comparecer ante el juez. Algunos se movían nerviosamente y ninguno tenía abogado propio.

El juez de inmigración de los Estados Unidos, Ted Doolittle, los llamó, uno por uno, a la mesa frente a él. Un intérprete se sentó a su derecha, y un abogado del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos aparecía en un monitor de video.

Quienes esperaban su turno escuchaban atentamente al intérprete.

“Busco un abogado, pero la mayoría no responde o dice que está ocupado. Los he buscado, contacté a algunos, algunos no respondieron y otros no quisieron aceptar mi caso porque estaban trabajando en otros casos”, le dijo una mujer a Doolittle.

La falta de un abogado asequible y disponible era el hilo conductor que unía a este grupo.

Los tribunales de inmigración dependen del poder ejecutivo federal, no del poder judicial, como la mayoría de los tribunales. Y los casos de inmigración son civiles, no penales, lo que significa que ciertas protecciones del debido proceso no aplican, incluyendo el derecho a un abogado de oficio.

El juez Doolittle entregó a cada persona que compareció ante él una lista de abogados gratuitos y de bajo costo, y enfatizó la importancia de contar con representación legal.

“Los abogados suelen estar demasiado ocupados para atender a todos, y puede ser difícil contactarlos”, les dijo. Sin embargo, el juez añadió que las familias con buenos abogados ganan sus casos con mayor frecuencia.

El juez advirtió a los presentes que tuvieran cuidado al buscar un abogado. No deberían dar dinero a desconocidos, dijo.

A medida que Doolittle atendía cada caso, fijando nuevas fechas de audiencia para la mayoría, la sala se fue vaciando gradualmente.

Escasez de abogados de inmigración en Connecticut

No es inusual que los inmigrantes acudan a los tribunales sin representación legal. Sin embargo, una investigación del Connecticut Mirror reveló que Connecticut se destaca por tener una de las tasas de representación más bajas del país, lo cual es importante cuando alguien intenta evitar la deportación.

Como señaló Doolittle en el tribunal ese día de junio, es mucho más probable que las personas ganen sus casos cuando cuentan con un abogado.

La escasez de jueces y personal en los tribunales de inmigración, la reciente afluencia de migrantes a los Estados Unidos y la complejidad de los casos han imposibilitado que la pequeña comunidad de abogados de inmigración de Connecticut satisfaga la demanda de representación.

Como resultado, decenas de miles de inmigrantes en Connecticut se quedan sin asistencia legal, incluso mientras las historias de casos de control migratorio se vuelven más frecuentes, desde una madre a la que secuestraron de su auto en New Haven hasta hombres detenidos en un lavadero de autos de Southington.

Consecuencias del retraso en los tribunales

Más de 42 mil casos estaban pendientes en Connecticut en mayo, con un promedio de resolución de casi 500 días. Tan solo en el año fiscal 2024, se agregaron más de 20 mil casos nuevos a la lista de casos. En promedio, los casos en Connecticut tardan casi 500 días en resolverse.

Los abogados dicen que el proceso legal puede ser largo e impredecible en la corte de inmigración, y los resultados pueden variar según el juez que esté escuchando el caso.

Los jueces del Tribunal de Inmigración de Hartford, por ejemplo, denegaron casi el 70% de los casos de asilo entre los años fiscales 2019 y 2024, mientras que el promedio nacional se sitúa por debajo del 60%, según datos recopilados por el grupo de investigación Transactional Records Access Clearinghouse y analizados por CT Mirror.

Los inmigrantes sin representación legal enfrentan dificultades para navegar el sistema judicial y pueden ser deportados.

Los jueces a menudo deben explicar las complejidades de las opciones legales a los demandados sin representación, lo que puede ser frustrante y afectar la calidad de la justicia.