HARTFORD.- Los residentes afroamericanos e hispanos continúan constituyendo un número desproporcionado de personas en el sistema de justicia de Connecticut, que también está acusando a los afroamericanos de delitos graves a tasas más altas, según un análisis de datos de la fiscalía estatal, publicado el jueves pasado.
El informe es la segunda revisión anual de los datos judiciales derivados de una ley estatal de 2019, que exige una mirada profunda a cómo los fiscales estatales están haciendo su trabajo y la equidad del sistema de justicia.
Los funcionarios estatales dicen que fue la primera ley de este tipo en el país.
Investigadores de la Oficina de Política y Gestión del estado y The Urban Institute revisaron casi 156 mil cargos en más de 65 mil casos criminales que se cerraron en 2020.
El número total de casos disminuyó un 47% en comparación con 2019, que los funcionarios vincularon con la pandemia de coronavirus y el cierre de muchos juzgados, pero las disparidades raciales se mantuvieron casi en los mismos niveles.
Aproximadamente el 28% de todos los casos eliminados en 2020 involucraron a residentes afroamericanos, que comprenden el 11% de la población del Estado, el mismo porcentaje que en 2019.
Los residentes hispanos, que representan el 17% de la población, fueron acusados en el 23% de todos los casos eliminados en 2020, en comparación con el 26% en 2019.
Los residentes blancos comprenden el 67% de la población y estuvieron involucrados en el 46% de los enjuiciamientos en 2020, tres puntos porcentuales más que el año anterior.
El informe también reveló que los acusados afroamericanos están desproporcionadamente representados entre los procesados por delitos graves.
Los analistas señalaron que alrededor del 62% de los delitos violentos en el Estado se informan en los distritos judiciales de Hartford, New Haven y Bridgeport, donde vive aproximadamente el 63% de los residentes afroamericanos del Estado y el 47% de la población hispana del Estado.
El informe no aborda específicamente el razonamiento detrás de las disparidades raciales.
“Hay una desproporcionalidad sustancial entre los tres grupos demográficos”, expresó Marc Pelka, subsecretario de justicia penal del Estado, a la Comisión de Justicia Penal de Connecticut, el jueves pasado, durante una presentación del informe.
“Creemos que es importante compartir este análisis y utilizarlo como una plataforma para profundizar en esto, para examinar más temprano en el sistema de justicia penal las oportunidades para reducir la disparidad”, comentó Pelka.
El fiscal jefe del Estado, Richard Colangelo, señaló que los fiscales anularon, o retiraron, cargos penales en el 47% de los casos resueltos en 2020.
En muchos de esos casos, los acusados acordaron ingresar a programas alternativos que resultaron en cargos borrado.
En otros casos resueltos, el 29% fueron desestimados por los tribunales y el 24% resultó en condenas.
Reginald Betts, miembro de la Comisión de Justicia Penal, dijo que la gran cantidad de casos archivados y desestimados puede sugerir problemas con la vigilancia. Pero dijo que se necesitan más datos antes de llegar a conclusiones, incluidas las sobre disparidades raciales.
“Podríamos intentar hacer algunas suposiciones sobre la criminalidad relacionada con las personas de color o podríamos intentar hacer suposiciones sobre la vigilancia excesiva”, señaló Betts, quien pasó ocho años en prisión por un robo de auto que cometió cuando era adolescente y ahora es abogado.
“Creo que los datos por sí solos realmente no respaldan ninguna de esas conclusiones y preferiría no sacar ninguna de ellas”, agregó.
Betts y Scot Esdaile, presidente de la Connecticut State Conference de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), dijeron que los datos muestran lo que ya saben, que el sistema de justicia penal es más severo con las personas negras y otras minorías.
“Este informe es vergonzoso”, expresó Esdaile en una entrevista. Agregó que con la amplia gama de responsabilidades policiales y otras reformas de justicia penal aprobadas por el Estado en los últimos años “deberíamos ser mucho más progresistas en el estado de Connecticut”.
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