HARTFORD.- El sindicato de atención médica más grande del Estado planea solicitar al gobernador Ned Lamont una extensión de 30 días para cumplir con su mandato de vacunas para todos los trabajadores de atención a largo plazo, una orden que multaría a las empresas con 20 mil dólares por día por emplear a personas no vacunadas después del 7 de septiembre.
El sindicato informó que le dirá a Lamont en una solicitud que le preocupa la escasez de personal y que necesita hacer más alcance a los trabajadores sobre el beneficio de vacunarse.
Pedro Zayas, portavoz del Distrito 1199 de SEIU, confirmó la solicitud pendiente. Destacó que el sindicato apoya la vacunación completa para sus miembros.
La orden ejecutiva de Lamont, emitida a principios de este mes en medio del último aumento de COVID-19 impulsado por la variante Delta, que es altamente contagiosa, requiere que el personal de atención a largo plazo reciba su primera dosis de una vacuna contra el coronavirus antes del 7 de septiembre.
Según la orden, cualquier centro de atención a largo plazo que emplee a una persona que no esté vacunada enfrenta una multa de 20 mil dólares por día, un “incentivo” para que los operadores de los hogares de ancianos despidan a los trabajadores que no cumplan, indicó Zayas.
La asociación reiteró que apoya plenamente la orden de vacunación obligatoria.
La oficina de Lamont cree que la ley estatal permitiría a una empresa de hogares de ancianos despedir a los trabajadores que no cumplan.
El sindicato del Distrito 1199 de SEIU no ha comentado sobre ese tema.
La reducción de personal por cualquier medio sería perjudicial para una industria que ya se encuentra en una “crisis de escasez de personal”, comentó Zayas, debido a los riesgos inherentes al trabajo, que se excavaron durante la pandemia de coronavirus, y los bajos salarios.
A partir del 1º de enero, los hogares de ancianos deben aumentar las horas de atención al paciente según una ley que Lamont firmó este año.
El sindicato, que representa a unos 5 mil 500 trabajadores de hogares de ancianos, no tiene forma de saber cuántos de sus miembros están vacunados, precisó Zayas.
En toda la industria, se cree que miles de personas no están vacunadas, pero las tasas de vacunación probablemente sean más altas en el sindicato debido a los esfuerzos de divulgación, explicó Zayas.
Al igual que la población general, algunos miembros dudan en recibir la vacuna.
Es posible que otros quieran vacunarse, pero aún no han tenido la oportunidad porque tienen varios trabajos, durante la noche y, a menudo, dependen del transporte público para desplazarse, dijo el sindicalista.
La orden de Lamont incluye a cualquier persona en un hogar de ancianos que tenga acceso físico o proximidad a los residentes, incluidos los contratistas externos y los voluntarios. Permite exenciones médicas y objeciones religiosas, según la ley federal de derechos civiles.
Zayas dijo que el sindicato continúa promoviendo la importancia de vacunarse entre sus miembros tanto a través de declaraciones públicas como de comunicaciones internas.
El sindicato también está trabajando con los empleadores de los asilos de ancianos “para asegurarse de que tengamos una tasa de vacunación efectiva”, dijo.
Los hogares de ancianos representaron un gran número de muertes y enfermedades durante la pandemia, pero en los últimos meses la tasa de infección ha sido baja.
Entre el 21 de julio y el 3 de agosto, los datos más recientes disponibles, el Estado informó 50 casos de COVID-19 y tres muertes relacionadas entre los residentes y 48 casos entre el personal.
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