NEW HAVEN.- Un total de 50 personas se reunieron en los escalones del frente del ayuntamiento para pedir que New Haven asigne la mayoría de los 115 millones de dólares que recibió en los fondos federales de alivio de COVID para  viviendas asequibles.

La manifestación fue organizada por Sisters In Diaspora Collective, un grupo recientemente formado de activistas inmigrantes y refugiadas afiliadas al restaurante local y centro de capacitación laboral Havenly Treats.

Miembros del Party For Socialism and Liberation, representantes de la Comisión de Vivienda Asequible de la Ciudad y otros activistas se unieron a la manifestación.

La protesta reflejó una diferencia de opinión entre los activistas y el ayuntamiento sobre la mejor manera de utilizar la ganancia inesperada del dinero federal de ayuda para la pandemia: si distribuirlo en incrementos más pequeños para abordar una amplia gama de necesidades apremiantes, o si lograr un mayor impacto en un número menor de desafíos.

Los activistas pidieron que la Ciudad asigne un total de 62.5 millones de dólares para vivienda: 50.5 millones para comprar propiedades y construir viviendas asequibles, y 12 millones para financiar estipendios para personas y familias en listas de espera para subsidios de alquiler de la Sección 8 federal y vivienda pública.

“No toleraremos que una sola persona en nuestra comunidad no tenga un lugar para dormir, tenemos el derecho a no tener que luchar para sobrevivir. ¿Para qué sirve el gobierno si no es para proveer las necesidades básicas?”, expresó Camila Guiza-Chávez, organizadora de Sisters In Diaspora y miembro del personal de Havenly.

Guiza-Chávez enfatizó que, si bien muchos subsidios de alquiler requieren un número de seguro social de los solicitantes, la Ciudad debe garantizar que la asistencia de vivienda sea accesible para los inmigrantes indocumentados.

“Nunca tendremos una oportunidad como esta. No necesitamos más cámaras de vigilancia”, señaló Norm Clement, en alusión a la decisión de la Ciudad de gastar 3.8 millones de dólares de los fondos del American Rescue Plan en equipo de video policial.

Clement encabezó la protesta junto con Guiza-Chávez.

La vivienda debería ser la principal inversión de alivio de COVID-19, argumentaron los activistas, porque la vivienda es una necesidad básica que hace accesibles otras formas de poder económico y educativo.

Una y otra vez, los activistas enfatizaron la dificultad de encontrar trabajo, buscar atención médica y obtener una educación sin vivienda.

Del papel de Havenly como centro de capacitación laboral, “sabemos que la capacitación laboral no es suficiente”, indicó Guiza-Chávez.

Algunos graduados de Havenly hablaron en el mitin y dijeron que, si bien obtuvieron empleos, aún tienen dificultades para administrar los altos costos de la vivienda.

Una oradora, que deseaba permanecer en el anonimato, dijo que después de completar el programa de Havenly, consiguió un trabajo en la Universidad de New Haven. Después de hablar en árabe, la estudiante de la Universidad de Connecticut, Nour Al Zouabi, tradujo sus palabras al inglés.

“Amo mi trabajo, pero los ingresos que gano no son suficientes para cuidar de mi familia”, dijo la oradora, madre de cuatro hijos.

Si tuviera que aumentar sus horas, dijo, ya no sería elegible para cupones de alimentos. Actualmente es la número 252 en la lista de espera de la Sección 8, una lista de espera en la que ha estado durante cinco años.

Dina Tareq, cuya declaración fue leída en voz alta por Guiza-Chávez, describió una experiencia similar.

​“Mi familia solicitó la Sección 8 en 2015. Desde entonces, nadie nos ha contactado con respecto a nuestra solicitud. Llamé y envié un correo electrónico a su oficina y nadie respondió. Cada vez que les pregunto cuándo me entrevistarán, dicen que no saben”, apuntó Tareq.