HARTFORD.- Un juez federal liberó formalmente al Departamento de Niños y Familias (DCF) de tres décadas de supervisión judicial, el jueves pasado, y concluyó que a Connecticut se le puede confiar nuevamente el cuidado de sus niños más vulnerables.

“Estamos muy emocionados de poder decir que hoy, en 2022, somos una agencia muy diferente de lo que éramos a finales de los 80´s y principios de los 90´s”, manifestó Vannessa Dorantes, la octava y última comisionada del DCF en responder a las supervisores

En opinión del abogado del demandante, el DCF se ha transformado de un modelo de disfunción a un ejemplo de una agencia de protección infantil enfocada en mantener a los niños con familiares y fuera de las instituciones en la mayor medida posible.

“Creo que el tipo de grandes cosas de política estructural que ha logrado el Departamento lo han puesto a la vanguardia a nivel nacional”, expresó Ira Lustbader de Children’s Rights, un grupo de defensa nacional que lideró el litigio.

El grupo de Lustbader presentó una demanda federal de derechos civiles en 1989 en nombre de “Juan F”, un niño anónimo de 10 años representante de una clase de niños cuyas necesidades no fueron satisfechas por una agencia administrada con escasos recursos, guiada por políticas obsoletas.

El litigio reflejó el deseo de rehacer la protección infantil en Connecticut para abordar una evolución hacia trabajar para apoyar a las familias con problemas en lugar de despojarlas de sus hijos.

“Creemos aquí en Connecticut que los niños deben estar a salvo en casa. Y cuando la seguridad no puede darse en casa, deben ir con otros familiares o con alguien que conocen”, dijo Dorantes.

El concepto es simple, basado en investigaciones que indican que los niños están mejor con la familia. Pero la realidad de brindar los apoyos necesarios y tener opciones cuando no se puede garantizar la seguridad de un niño en el hogar es compleja.

Dorantes inició su carrera como consecuencia del caso de “Juan F”.

Fue contratada en diciembre de 1992, cuando los demandantes y el Estado acordaron un decreto de consentimiento que, entre otras cosas, requería que la agencia contratara decenas de trabajadores sociales. Dorantes tenía 22 años.

Cuando empezó, una trabajadora social llevaba 56 casos. Hoy, el número es más manejable llegando solo a 17. Había 300 niños bajo cuidado en colocaciones fuera del Estado. Hoy, el número es cinco.

El 42% de los niños bajo la supervisión del DCF están bajo el cuidado de un pariente, una rareza hace 30 años. Y, dijo Dorantes, la agencia es más sensible a su relación con las comunidades minoritarias.

“Reconocemos que los niños de color representan una cantidad desproporcionada de niños bajo cuidado, por lo que debemos ver cómo servimos a esas familias y nos relacionamos con esas comunidades de manera muy diferente al enfoque general”, dijo Dorantes, la primera comisionada afroamericana de la agencia.

El fin del decreto de consentimiento del caso de “Juan F”, según lo ordenado por el juez federal de distrito Stefan Underhill, se produce poco después de la aceptación de un acuerdo en el caso de eliminación de la segregación escolar Sheff v. O’Neill, también presentado hace más de 30 años.

El gobernador Ned Lamont y el fiscal general William Tong dijeron que ambos casos devolvieron apropiadamente la formulación de políticas de los tribunales a las agencias ejecutivas.

Martha Stone, abogada principal de los demandantes y que formó parte del equipo legal original en el caso de “Juan F”, expresó su incomodidad por la diferencia.

“La forma en que estructuraron esto, es solo esta terminación abrupta sin responsabilidad ante los demandantes para asegurarse de que no haya recortes”, precisó Stone, directora ejecutiva del Center for Children’s Advocacy.

Si bien ha habido “mejoras tremendas” en los últimos años en el DCF, el departamento aún necesita trabajar en los servicios de salud mental para niños y abordar la alta tasa de rotación de empleados con sus proveedores de servicios contratados, apuntó Stone.