HARTFORD.- En reacción al fallo de un tribunal federal de Texas, el gobierno del presidente Joe Biden ha suspendido una orden que daba prioridad al arresto y deportación de los inmigrantes que fueran considerados una amenaza a la seguridad pública y nacional.
El Departamento de Seguridad Nacional señaló el sábado pasado que acatará la decisión emitida este mes, aun cuando discrepa y la apelará.
Activistas por los derechos de los inmigrantes y expertos de Connecticut y Nueva York dijeron, el lunes pasado, que la suspensión de la orden de Biden sólo sembrará temor entre las comunidades de inmigrantes.
En Connecticut viven alrededor de medio millón de inmigrantes sin papeles.
Muchas personas que viven en el país de manera ilegal ahora tendrán miedo de salir de sus casas por temor a ser detenidas, aun si son personas respetuosas de la ley en general, señaló Steve Yale-Loehr, profesor de derecho migratorio en la Universidad Cornell.
Decidir quiénes son prioridad para arresto y deportación es una necesidad, señaló.
“Simplemente no tenemos suficientes agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) para que detengan y entreguen a las autoridades judiciales a todos los que infringen nuestra ley de inmigración”, agregó Yale-Loehr.
El caso de Texas gira en torno a un memorándum que emitió el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en septiembre pasado, en el que ordena a las agencias de inmigración enfocar sus labores en las personas que representen una amenaza a la seguridad nacional o pública, o que ingresaron recientemente a Estados Unidos de forma ilegal.
El enfoque se apartaba del utilizado durante el gobierno del presidente Donald Trump, en el que a las agencias de inmigración se les dio amplio margen de maniobra para decidir a quién detener y deportar, lo que obligó a muchos inmigrantes que carecen de estatus legal a alterar su rutina diaria con el fin de evitar ser detectados, como por ejemplo evitar conducir un vehículo o incluso refugiarse en iglesias y otros sitios a los que en general las autoridades migratorias no entran.
Pero el 10 de junio, el juez federal Drew Tipton declaró inválido el memo de Mayorkas, respaldando a funcionarios estatales republicanos de Texas y Luisiana que alegaron que el gobierno de Biden carecía de autoridad para emitir una directriz así.
En respuesta, los agentes del ICE tomarán decisiones “caso por caso, de una forma profesional y responsable, basándose en su experiencia como agentes policiales y de una forma que sea la que mejor proteja contra las mayores amenazas a la patria”, declaró el Departamento de Seguridad Nacional en su comunicado el sábado pasado.
Aún está por verse cómo será implementado el fallo de la corte, dicen activistas.
Sarang Sekhavat, director político de la Coalición de Defensa de Inmigrantes y Refugiados de Massachusetts, el mayor grupo de su tipo en la región de Nueva Inglaterra, dijo que el resultado de la suspensión probablemente dependa del enfoque que tomen las oficinas de campo locales del ICE.
Algunas oficinas del ICE podrían elegir ir tras un rango más amplio de inmigrantes, mientras que otras seguirán enfocándose en perseguir a los que representan una mayor amenaza, señaló.
A nivel nacional, los agentes del ICE arrestaron a más de 74 mil inmigrantes y expulsaron a más de 59 mil en el año fiscal que concluyó en septiembre, según el informe anual más reciente de la agencia.
Es un descenso en comparación con los casi 104 mil arrestos y 186 mil deportaciones del año fiscal previo, de acuerdo con los datos del ICE.
Portavoces del ICE en Washington y la oficina de campo de Boston, que cubre los seis estados que conforman Nueva Inglaterra, declinaron hacer comentarios el lunes pasado.
Doña Eva Mange Márquez, abuela de Laura Zapara y Thalía falleció la tarde del viernes 24 de junio a los 104 años, en un nosocomio de México, tras varias semanas hospitalizada.
