ALBANY.- Los defensores de la inmigración quieren más del plan de la gobernadora Kathy Hochul para abordar los derechos de las personas que buscan refugio en Nueva York, en medio de una afluencia continua desde la frontera sur y países devastados por la guerra como Afganistán y Ucrania.

La propuesta de Hochul extiende principalmente el financiamiento a los programas existentes, como los administrados por la Office of New Americans, que brindan servicios legales y de empleo gratuitos para los solicitantes de asilo, y los programas de reasentamiento de refugiados, que se asocian con organizaciones sin fines de lucro en todo el estado para albergar refugiados.

Los programas que brindan capacitación laboral y ayudan con la colocación laboral también recibirán más fondos, según el libro informativo de 278 páginas que acompañó el discurso sobre la Situación del Estado de Hochul, el martes pasado.

Pero sus planes no abordaron la gran reforma que los defensores han defendido de cara a la sesión legislativa: un derecho estatal a la representación legal para las personas que enfrentan la deportación.

El proyecto de ley respaldado por la New York Immigration Coalition (NYIC) convertiría a Nueva York en el primer estado de la nación en garantizar que los inmigrantes tengan un abogado cuando se sometan a procedimientos judiciales de inmigración a menudo laberínticos.

Debido a que esos tribunales se ocupan de casos civiles, a las personas no se les garantiza un abogado de la misma manera que lo harían en un tribunal penal.

“Cuando inician estos procedimientos, la gente común se enfrenta a un abogado capacitado por el gobierno cuyo único propósito es sacarlos del país”, dijo Murad Awawdeh, director ejecutivo de la coalición.

Según un análisis de 2018 publicado en Fordham Law Review, los inmigrantes solicitantes de asilo no detenidos con un abogado ganaron el 74 por ciento de sus casos, mientras que aquellos sin abogado ganaron solo el 13 por ciento de sus casos.

La asambleísta estatal Catalina Cruz, que representa partes de Queens con altas concentraciones de inmigrantes indocumentados, está patrocinando lo que se conoce como la Access to Representation Act o la Ley de Acceso a la Representación.

“Queremos aprovechar la mano de obra inmigrante, pero cuando se trata de defender sus derechos, cuando se trata de darles una oportunidad de tener una vida justa en los Estados Unidos, decimos ‘usted mismo lo paga’”, expresó Cruz en un mitin en el Capitolio a principios de esta semana, que atrajo a otros legisladores y a unos 100 defensores.

El impulso legislativo se produce cuando el Estado, junto con gran parte del país, enfrenta una ola de inmigración impulsada por personas previamente disuadidas por los cierres de fronteras durante la era de la pandemia y que enfrentan mayores riesgos en sus países de origen.

La afluencia también se ve impulsada por las crisis humanitarias en curso en países como Ucrania y Afganistán, de acuerdo con Jennifer Rizzo-Choi, directora del International Institute of Buffalo.

Rizzo-Choi se hizo eco de los sentimientos de los defensores que dijeron que las propuestas de Hochul no alcanzan las reformas más amplias que esperaban, pero dijo que la promesa de la Gobernadora de financiar los servicios existentes era una buena señal.

Y está interesada en ver qué políticas respalda la oficina de la Gobernadora en las próximas semanas, cuando se presente la propuesta de presupuesto ejecutivo completo de Hochul antes de las negociaciones con los líderes legislativos.

“Queremos ser solidarios. No queremos que la gente termine sin hogar y sin comida. Queremos poder brindarles una red de servicios sociales. Y eso se reduce a la financiación”, precisó Rizzo-Choi.

Los defensores también quieren reformas que amplíen la cobertura de atención médica básica para todos los neoyorquinos de bajos ingresos, independientemente de su estado migratorio o edad, así como una expansión del acceso al idioma.

El año pasado, el presupuesto estatal incluyó una expansión de la cobertura de Medicaid para los inmigrantes indocumentados mayores de 65 años.

Los peligros de las barreras del idioma en todo el Estado quedaron subrayados por la muerte del inmigrante congoleño Abdul Sharifu durante la tormenta de nieve de finales de diciembre en Buffalo, declaró Flor Reyes-Silvestre, una asistente legal del área de Buffalo que vinculó la muerte a la incapacidad de Sharifu para comprender las advertencias que se transmitían principalmente en Inglés.

Sharifu salió de su apartamento el sábado por la noche para hacer la compra, pero fue encontrado muerto más tarde esa misma noche, según The Buffalo News.

“No poder entender los importantes avisos y advertencias le costó la vida a Sharifu, y es desgarrador reconocerlo”, finalizó Reyes-Silvestre.