NEW HAVEN.- Con la entrada del mes de octubre, el estado de Connecticut puso en vigencia una serie de leyes de tránsito notablemente más duras, diseñadas para frenar conductas peligrosas en las vías, como carreras ilegales (street takeovers), manejo temerario y uso de motocicletas todoterreno o “dirt bikes” en las vías públicas.
Una de las medidas más destacadas es la imposición de multas de hasta 2,000 dólares para quienes participen en street takeovers, carreras ilegales o demostraciones no autorizadas de vehículos.
Además, quienes cometan una tercera violación de estas conductas se arriesgan a una suspensión de la licencia de hasta dos años.
También se endurecen las sanciones por conducción excesivamente negligente que involucre velocidades extremas; por ejemplo, quienes sean sorprendidos circulando a más de 100 millas por hora enfrentarán multas mayores y posibles penas de cárcel.
En su primer delito bajo esta categoría, la penalización puede variar desde 200 hasta 600 dólares, con hasta 30 días de prisión, mientras que para infracciones repetidas los montos de la multa y los tiempos de encarcelamiento suben notablemente.
Otra novedad importante es la facultad que ahora tienen las autoridades estatales para realizar detenciones de automovilistas si sospechan que conducen bajo la influencia del cannabis, incluso si este no constituye por sí solo la causa de la detención, siempre que exista otra violación que proporcione causa probable.
Asimismo, se otorgó a los municipios poderes adicionales respecto a vehículos todo terreno (ATVs) y “dirt bikes”.
Por ejemplo, estos pueden ser confiscados y destruidos si permanecen incautados durante 90 días bajo ciertas circunstancias.
Las autoridades han señalado que este paquete de regulaciones busca enviar un mensaje claro: ciertas conductas de conducción que anteriormente se toleraban con sanciones menores ya no serán ignoradas.
Se enfatiza la seguridad vial, la reducción de muertes y accidentes graves, especialmente dados los datos recientes que muestran un aumento de fatalidades relacionadas con velocidad y manejo imprudente.
Algunas reacciones locales han sido de respaldo, señalando que estas leyes podrían disuadir a los conductores de comportamientos peligrosos y mejorar la seguridad para peatones y comunidades residenciales.
No obstante, también hay inquietudes sobre la implementación: la necesidad de definir claramente qué constituye “demostraciones ilegales”, cómo se verificarán las sospechas de conducción bajo influencia de drogas, y la proporcionalidad de sanciones para casos menores.
En conclusión, según los expertos Connecticut ha marcado un punto de inflexión en su política de seguridad vial: a partir de ahora, el Estado apuesta por sanciones más fuertes y acciones más agresivas contra quienes infrinjan gravemente las normas de tránsito.
Resta ver cómo estas leyes impactarán realmente el comportamiento de los conductores y la incidencia de siniestros viales en los próximos meses.
