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Policía advierte sobre ola de autos robados en los carwash

MAMARONECK.- La policía está instando al público a permanecer alerta cuando visite los lavados de autos.

Las autoridades advirtieron sobre una serie de robos de vehículos que se están produciendo en los lavados de autos en el condado de Westchester.

Según el Departamento de Policía de Mamaroneck, alrededor de la 1:00 de la tarde, el lunes pasado, un BMW azul de cuatro puertas con registro de papel temporal y vidrio polarizados negros se dirigió al Diamond Car Wash en Halstead Avenue, en Mamaroneck.

Un pasajero que vestía guantes, máscara y capucha negros saltó y entró en un BMW X5 gris que acababa de ser lavado.

Aunque la policía intentó detener el vehículo robado, no pudieron y se dio a la fuga. Sin embargo, fue recuperado esa noche en Queens y devuelto a su dueño.

Horas más tarde, a las 9:00 de la noche, ocurrió un incidente similar en Pelham Car Wash en Boston Post Road, en Pelham Manor.

Los trabajadores estaban terminando de secar el automóvil de un cliente cuando se detuvo un Audi negro. Una persona enmascarada salió y se subió al automóvil del cliente antes de que ambos vehículos despegaran, dejando al empleado atónito. Luego se ve al dueño del automóvil caminando incrédulo y luego llama a la policía.

“Tienen su modus operandi, tienen su patrón, saben lo que hacen. Usan estos vehículos para cometer otros delitos”, señaló el teniente PJ Trujillo del Departamento de Policía de Mamaroneck.

“El pueblo de Mamaroneck se encuentra entre la Hutchison River Parkway y la autoopista I-95, por lo que sabemos que es parte del patrón, absolutamente”, agregó Trujillo.

Posteriormente, el martes pasado, alrededor de las 3:45 de la tarde, un BMW gris fue robado del Dip In Car Wash en la Mamaroneck Avenue, también en Mamaroneck, luego de que los presuntos ladrones se dirigieron al lavado de autos, uno saltó del auto y entró en el BMW gris.

La policía obtuvo videos de vigilancia de dos de los incidentes, que muestran cómo los ladrones esperan el momento perfecto. Los investigadores dijeron que los tres casos podrían estar relacionados con otros en el área triestatal, pero aún no estaban seguros.

El Departamento de Policía Mamaroneck está investigando los dos incidentes en su jurisdicción y le pide a la comunidad que esté alerta cuando visite los lavados de autos.

“Cuando el auto salga del lavado de autos, llévelo a un lugar seguro, apague el auto, busque al dueño, obtenga un recibo y entregue las llaves”, finalizó Trujillo.

 

 

Programas de empleo de verano para jóvenes buscan solicitantes

NEW ROCHELLE.- La ciudad de New Rochelle está buscando jóvenes y adultos jóvenes para trabajar en el verano.

Las autoridades alentaron a los jóvenes y jóvenes adultos de New Rochelle a postularse para puestos de verano, a través de los New Rochelle Youth Bureau’s Summer Employment Programs.

Cada programa opera 20 o 25 horas por semana durante seis semanas durante julio y agosto y paga 15 dólares por hora.

La fecha límite para solicitar es el 12 de mayo.

“Estamos entusiasmados con todos los diferentes programas y servicios que se ofrecen este verano a nuestros adolescentes y adultos jóvenes locales”, declaró Kelly Johnson, directora ejecutiva de la New Rochelle Youth Bureau (NRYB).

 

Programa de Empleo Juvenil de Verano

Este programa brinda a los jóvenes de 14 a 24 años capacitación en habilidades de preparación para el trabajo y experiencia laboral real.

Se requiere elegibilidad de ingresos. Los pagos por un monto de 300 dólares por semana se basan en 20 horas por semana, manifestaron las autoridades.

 

Programa de empleo juvenil de verano de TANF

Este programa brinda a los jóvenes de 14 a 20 años de edad capacitación en habilidades de preparación para el trabajo y experiencia laboral real.

Se requiere elegibilidad de ingresos. Los pagos por la cantidad de 375 dólares por semana se basan en 25 horas por semana.

Todos los jóvenes deben cumplir con las pautas de ingresos del programa Temporary Assistance for Needy Families (TANF). Es financiado por la Westchester/Putnam Local Workforce Investment Board (dependiendo de la financiación).

 

Programa de Prácticas para Candidatos Potenciales

Los adultos jóvenes de 18 a 24 años se beneficiarán de pasantías en departamentos gubernamentales, agencias y programas locales basados en la comunidad.

Sin elegibilidad de ingresos, es financiado en parte por la Oficina de Servicios para Niños y Familias del estado de Nueva York y depende de los fondos estatales actuales.

 

Nuevo programa de empleo de Access Equestrian

Este programa brinda a los jóvenes con necesidades especiales de 14 a 21 años de edad capacitación en habilidades de preparación para el trabajo y experiencia laboral real. No se requiere elegibilidad de ingresos.

 

Programa Aprende y Gana

Los jóvenes de 14 a 18 años pueden aprender sobre posibles vocaciones y más en estos programas especializados. Se requiere comprobante de ingresos.

Se ofrece en las siguientes áreas profesionales:

– Programa de Bomberos Girls on Fire de NRYB

– Mentores en la Academia de Policía Azul

– Programa de Emprendimiento para Futuros CEOs

– Embajadores de Ecología

Las solicitudes para todos los programas están disponibles de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde en la oficina de la Oficina de la Juventud, en 515 North Avenue, New Rochelle, y en línea en https://www.newrochelleny.com/207/Summer-Youth-Employment.
La fecha límite de solicitud es el viernes 12 de mayo de 2023.

Para obtener más información, pueden comunicarse con la Oficina de la Juventud al 914-654-2045.

 

 

 

Serie gratuita de planificación de aplicaciones universitarias

PORT CHESTER.- El miércoles 1º, 8, 15, 22 y 29 de marzo, a partir de las 7:00 de la noche, LifeStream Digital Innovations, brindará de manera gratuita una serie virtual de planificación de aplicaciones universitarias, con el fin de que los estudiantes conozcan cómo solicitar ingresar a la universidad y prepararse para la educación superior.

De acuerdo con los promotores, el proceso de aplicación y evaluación de la universidad ha cambiado después del COVID-19. La pandemia no solo cambió cuántas personas trabajan y viven, sino que también impactó el proceso de aplicación y evaluación universitaria.

“Si bien las partes de la aplicación se ven iguales, cómo se presenta en la aplicación es importante no solo para la aceptación, sino también las becas”, manifestaron los organizadores.

Las calificaciones y los puntajes de las pruebas ahora son solo el punto de partida para la consideración de la aplicación. Para ser aceptado y recibir becas, la solicitud de cada estudiante necesita más, se dio a conocer.

LifeStream Digital Innovations brindará la tercera serie anual de planificación de aplicaciones de la universidad gratuita, cuyos temas serán:

1º  de marzo: ¿Qué quieren ver los profesionales de admisión?

8 de marzo: Hacer que su aplicación común se destaque

15 de marzo: Cómo preparar a su estudiante de secundaria para la universidad

22 de marzo: Cómo dominar la prueba SAT

29 de marzo: Problemas importantes que enfrentan a los padres y estudiantes al considerar la universidad

Para registrarse y participar en la serie virtual, pueden ingresar a la web https://www.lifestreamdigitalinnovations.com/college-planning/.

Para mayor información, pueden visitar la web www.CollegePlanning.LifeStreamDigital.com.

 

 

Comité Laboral intenta nuevamente extender beneficios de desempleo a trabajadores en huelga

NEW HAVEN.- El Comité de Trabajo y Empleados Públicos de la legislatura presentó un proyecto de ley que haría que los trabajadores fueran elegibles para beneficios de desempleo después de pasar dos semanas consecutivas en huelga.

El comité trasladó el proyecto de ley al Senado estatal en una votación de línea partidista como parte de una agenda abarrotada, el viernes pasado.

El panel presentó una propuesta similar al Senado el año pasado, donde el liderazgo demócrata de la cámara sorprendió a algunos observadores al pasar varias horas al final de la sesión debatiendo, y finalmente aprobando el proyecto de ley. La Cámara se negó a seguir su ejemplo.

Este año, la senadora Julie Kushner, una demócrata de Danbury que copreside el panel, dijo que esperaba que la acción temprana de su comité sobre la propuesta dejara tiempo para generar apoyo para llevarla a la meta.

El cambio, que se adoptó en las cercanías de Nueva York, ayudaría a nivelar el campo de juego para los trabajadores en una disputa con sus empleadores.

“El proyecto de ley asegurará que las familias trabajadoras no pasen hambre cuando tomen una posición en términos de entrar en una disputa laboral porque quieren hacer mejoras significativas en las condiciones. A veces, esas son mejoras salariales, y muchas veces son para proteger las pensiones existentes o los beneficios de atención médica”, comentó Kushner.

Durante la reunión del jueves pasado, el senador Rob Sampson, republicano por Wolcott, resumió de manera concisa la oposición a la propuesta, calificándola de intervención del gobierno a favor de la mitad de una disputa laboral.

“Para mí, es una noción absurda, ya que la gente está abandonando voluntariamente el trabajo. No sé si esa es una justificación para brindarles beneficios, especialmente cuando esos beneficios son pagados en última instancia por los empleadores”, señaló Sampson.

Cuando se planteó el proyecto de ley para una audiencia pública la semana pasada, Eric Gjede, vicepresidente de políticas públicas de la Asociación de Negocios e Industria de Connecticut, cuestionó si el fondo de desempleo del Estado podría manejar lo que esperaba que fuera un aumento en la cantidad de beneficios pagados.

Los empleadores todavía estaban pagando los préstamos de la era de la pandemia para apuntalar el fondo, incluso después de que los legisladores estatales intervinieran para ayudar el año pasado, dijo Gjede.

“Insto al comité a considerar si el fondo fiduciario de compensación por desempleo es financieramente capaz de financiar beneficios para trabajadores en huelga que no cumplen con los criterios para recibir beneficios”, precisó Gjede.

Mientras tanto, los defensores laborales creen que las preocupaciones sobre el impacto en el fondo de Unemployment Insurance (UI) son exageradas.

Ed Hawthorne, presidente de la American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL–CIO) de Connecticut, argumentó que el cambio resultaría en menos huelgas porque les daría a los empleadores un incentivo financiero para negociar de buena fe a fin de resolver las disputas laborales antes de que los trabajadores en huelga sean elegibles para los beneficios de desempleo.

“Si los empleadores entienden que su tasa de experiencia de desempleo podría aumentar si sus empleados pudieran cobrar los beneficios de desempleo después de estar en huelga durante dos semanas, será más probable que negocien para evitar un paro laboral por completo. También se ahorrarían las molestias y el costo adicional de contratar trabajadores de reemplazo”, dijo Hawthorne.

No está claro si el gobernador Ned Lamont apoyaría el proyecto de ley en caso de que fuera aprobado por la legislatura.

Un portavoz dijo que el Gobernador estaría observando el debate. Cuando se le preguntó sobre el concepto durante el debate del Senado del año pasado, Lamont dijo a los periodistas que “suena bastante novedoso”, pero se negó a tomar una posición.

En un testimonio escrito este año, Dante Bartelomeo, comisionada del Departamento de Trabajo de la administración, señaló la expectativa de la Oficina de Análisis Fiscal de que el proyecto de ley podría afectar el Fondo Fiduciario de Desempleo en la medida en que los trabajadores se declaran en huelga. Ella no tomó una posición en el proyecto de ley.

 

 

Propuesta permitiría a familias de CT utilizar Medicaid para comprar pañales

HARTFORD.- Un proyecto de ley propuesto permitiría a las familias a utilizar Medicaid para comprar pañales.

“Para las madres, no ser capaz de acceder a los pañales para sus hijos es una de las principales causas de la depresión posparto, y sabemos que, para los bebés, no tener acceso a pañales limpios puede causar muchos problemas de salud”, dijo la representante Jillian Gilchrest (D-West Hartford).

Los partidarios del proyecto de ley dijeron que una de cada tres familias lucha para comprar pañales.

El Connecticut Diaper Bank dijo que el proyecto de ley afectaría positivamente a 90 mil bebés en el Estado.

 

 

Ofrecen apoyo gratuito a empresas emergentes

HARTFORD.- El gobernador Ned Lamont anunció que FORGE, una organización sin fines de lucro que conecta a las empresas emergentes que crean productos físicos con el desarrollo de productos, la fabricación y los recursos de la cadena de suministro que necesitan para crecer y tener éxito, está estableciendo operaciones en Connecticut y comenzará a brindar sus servicios, de forma gratuita, a nuevas empresas locales.

De acuerdo con Lamont, el personal de FORGE es experto en ayudar a los innovadores a recorrer el camino desde el prototipo físico hasta la comercialización.

Lo hacen conectando nuevas empresas con expertos en productos experimentados, fabricantes, ingenieros y las cadenas de suministro locales para impulsar las relaciones comerciales.

Desde su fundación en 2015, la organización ha operado en Massachusetts, donde ha apoyado a cientos de creadores de productos físicos, lo que ha llevado a la creación de más de 5 mil puestos de trabajo y ha agregado 34 millones de dólares a la economía local, indicó el Gobernador.

Agregó que, en Connecticut, FORGE tiene la intención de replicar ese éxito al identificar a los innovadores y conectarlos con los fabricantes que tienen los recursos y las habilidades requeridas. FORGE también aprovechará su experiencia para ayudar a los innovadores a garantizar que sean adecuados para la consideración del fabricante, lo que en última instancia acelerará el proceso de dar vida a las ideas de productos.

“Sabemos el papel crítico que juega la fabricación en nuestra economía, y conectar estos recursos con las nuevas empresas que están impulsando la innovación ayudará a mantener a Connecticut como líder en estos sectores. La presencia de FORGE en Connecticut sentará las bases para la innovación comercial y de fabricación a largo plazo”, comentó Lamont.

Por su parte, Laura Teicher, directora ejecutiva de FORGE, indicó que “el ecosistema de Connecticut ofrece una rica variedad de proveedores y ofertas de fabricación avanzada. Este ecosistema completo e integral ayuda a garantizar un futuro económico exitoso para Connecticut”.

El establecimiento de la organización en Connecticut cuenta con el apoyo financiero conjunto de CTNext, una organización sin fines de lucro que promueve el espíritu empresarial, y el Departamento de Desarrollo Económico y Comunitario de Connecticut a través de su Fondo de Innovación en Fabricación.

Lamont anunció que “FORGE establecerá su presencia en Connecticut en Hartford. En los próximos meses, la organización se embarcará en una gira estatal y participará en múltiples eventos de la industria para crear conciencia sobre sus servicios para innovadores y fabricantes”.

Para obtener más información sobre FORGE, pueden visitar la web www.forgeimpact.org.

Las consultas sobre los servicios que ofrece FORGE pueden dirigirse a Adam Rodrigues a través del correo electrónico adam@forgeimpact.org.

Comité de Vivienda considerará proyectos de ley de control de alquileres

HARTFORD.- Los legisladores considerarán nuevas restricciones para los propietarios de Connecticut, con la intención de brindar estabilidad a los inquilinos limitando los aumentos anuales en el costo del alquiler, y requiriendo un aviso de tres meses antes de que un aumento entre en vigencia.

El Comité de Vivienda de la legislatura llevará a cabo una audiencia pública esta semana sobre dos leyes relacionadas con el alquiler.

Los proyectos de ley son una pequeña porción de más de una docena de propuestas similares que los legisladores han propuesto en esta sesión en un esfuerzo por estabilizar los costos de vivienda en Connecticut.

Un proyecto de ley restringiría que los propietarios aumenten el alquiler durante el primer año de ocupación del inquilino y durante emergencias de salud pública.

También mantendría los aumentos de alquiler a un límite anual, calculado por el Departamento de Vivienda, y requeriría que los propietarios proporcionen un aviso de 90 días antes de implementar cualquier aumento.

Un segundo proyecto de ley limitaría los aumentos anuales de alquiler en los parques de casas móviles al 4% más la tasa de inflación.

Las restricciones de alquiler de casas móviles se aplicarían durante una emergencia de salud pública y el año inmediatamente posterior.

El impulso para limitar los costos de alquiler cuenta con el apoyo de una coalición de grupos de derechos de los inquilinos, así como de defensores laborales y de vivienda, que señalan los recientes aumentos en los costos de vivienda y las tasas de desalojo, que han superado los niveles previos a la pandemia luego de la expiración de un moratoria que suprimió los desalojos en 2020 y 2021.

Los defensores dicen que ha crecido un movimiento de base en respuesta al aumento de las tasas de alquiler en todo el estado. En una entrevista el lunes, Sarah White, abogada del Centro de Vivienda Justa de Connecticut, dijo que el alquiler ha aumentado en un promedio de alrededor del 20% en los últimos dos años.

“Después de un período de renta relativamente estable, estamos viendo aumentos realmente grandes, eso es cierto tanto para los apartamentos como para los lotes de casas móviles”, dijo White. “Los salarios de las personas no se han puesto al día con eso y el alquiler se está volviendo cada vez más inasequible para los inquilinos”, agregó.

El año pasado, las solicitudes de desalojo superaron las 22 mil, dijo White. Eso está muy por encima de los 20 mil 594 que su centro informó en 2017 y los 19 mil 104 que informó en 2019, antes de que la moratoria de desalojos redujera las solicitudes de desalojo a 6 mil 430 un año después.

La audiencia pública de esta semana ha dado lugar a más de 160 testimonios escritos con residentes que intervienen como inquilinos y propietarios.

Shaquille Corniffe, un inquilino en Hamden, le dijo al comité que los aumentos recientes en el alquiler lo obligaron a trabajar hasta siete días a la semana para poder pagar su apartamento.

“Este horario insostenible no me permite suficiente tiempo para descansar y recuperarme, tiene un efecto en mi cuerpo”, escribió Corniffe.

“Todos los meses me preocupo por no poder pagar el alquiler. Particularmente porque si no puedo pagar a tiempo, los recargos por pagos atrasados se están agravando”.

Los propietarios se encontraban entre los más de 80 residentes que presentaron testimonios en contra de los proyectos de ley. Argumentan que las restricciones de control de alquileres solo empeorarán la crisis de vivienda asequible de Connecticut, ya que los propietarios abandonarán cada vez más el mercado de alquiler residencial si no pueden recuperar sus propios costos.

“Sin la capacidad de aumentar los alquileres para mantenerse al día con los costos crecientes, los propietarios tienen pocos incentivos para mejorar la propiedad, y los constructores se desalientan a crear nuevas viviendas”, escribió John Souza, presidente de la Connecticut Coalition of Property Owners.

Otros, como el agente de bienes raíces de Rocky Hill, Allan Smith, dijeron que las políticas de control de alquileres conducirían a una serie de consecuencias no deseadas para Connecticut, incluidos los propietarios que son más selectivos con sus posibles inquilinos o que aumentan el alquiler cuando no lo habrían hecho de otra manera.

“Si saben que solo pueden ajustar las rentas una pequeña cantidad cada año, es probable que automáticamente la aumenten cada año. Si no lo hacen, es posible que se encuentren en una situación en la que no podrán vender su propiedad en el futuro por su valor más alto porque el próximo propietario no podrá ajustar los alquileres para alcanzar la tasa de mercado”, finalizó Smith.

 

 

Las 10 ciudades más peligrosas de CT, según estudio

NEW HAVEN.- Connecticut es el vigésimo noveno estado más grande con una población de 3.5 millones de personas. Su capital, Hartford, es solo la cuarta ciudad más poblada con Bridgeport, Stamford y New Haven, todas con una población más alta.

Con el ingreso per cápita más alto de todos los estados, Connecticut es considerado uno de los estados más ricos y uno de los más seguros. Tiene la cuarta tasa de delitos violentos más baja, con un mínimo de 184.6 delitos violentos por cada 100 mil habitantes, que es considerablemente inferior a los 379 delitos violentos por cada 100 mil habitantes del país.

De acuerdo con el estudio, hay algunos pueblos y ciudades excelentes para vivir en el Estado, y muchas veces en esos mismos pueblos y ciudades que ocupan un lugar destacado en la lista para vivir, hay ciertos inconvenientes que pueden dar una mala reputación a un área.

Esta lista de los lugares más peligrosos para estar en Connecticut después del anochecer se compiló básicamente con estadísticas utilizando Informes de delitos del FBI e informes uniformes de delitos de Connecticut, proporcionados por el Departamento de Seguridad Pública del Estado.

Aquí está un informe publicado de 2023 por la página House Grail, en https://housegrail.com/most-dangerous-cities-in-connecticut/, sobre las ciudades más peligrosas en Connecticut:

  1. New Haven: Es la tercera ciudad más grande del Estado por población, aunque tiene casi exactamente la misma población que la segunda ciudad más grande, Stamford. Sin embargo, mientras que la tasa de delitos violentos de Stamford se sitúa en un razonable 202 por 100 mil habitantes, la de New Haven es más de cuatro veces mayor, con 895 delitos violentos por 100 mil.
  2. Hartford: Es la cuarta ciudad más poblada de Connecticut, con un total de 122 mil 245 personas. También es la segunda ciudad más peligrosa del Estado, con 858 delitos violentos por cada 100 mil habitantes, más del doble del promedio nacional.
  3. Bridgeport: Con una población de casi 150 mil habitantes, Bridgeport es la ciudad más poblada de Connecticut y también es la tercera ciudad más peligrosa del Estado, con una tasa de delitos violentos de 582 por 100 mil habitantes, aunque su tasa de delitos contra la propiedad de 1,701 por 100 mil no es tan alta.
  4. New Britain: Tiene una población de 72 mil 354 y tiene una tasa de delitos violentos de 423 por cada 100 mil, pero tiene 1,652 incidentes de delitos contra la propiedad por cada 100 mil habitantes, por debajo de lo normal.

No se cometieron homicidios en 2019. New Britain ha sido considerada durante mucho tiempo una ciudad manufacturera y conserva esta reputación en la actualidad.

  1. Norwich: Es una de las cinco ciudades de Connecticut con una tasa de delitos violentos superior al promedio nacional. Se cometen 382 delitos por cada 100 mil habitantes y no se cometieron homicidios en 2019. Aunque el 68% de los delitos violentos cometidos fueron agresiones con agravantes, Norwich tiene un incidente de violación desafortunadamente alto, con el delito representando el 17% de todos los delitos violentos. Se cometen 1,368 incidentes de delitos contra la propiedad por cada 100 mil habitantes, que es el más bajo en la lista de las 10 ciudades más peligrosas de Connecticut.
  2. Hamden: Con una población de poco más de 60 mil habitantes, tiene una tasa de delitos violentos de 327 por cada 100 mil habitantes y vio dos homicidios en 2019. El 72%, o 143 de los 199 delitos violentos, fueron agresiones con agravantes, siendo el robo el siguiente tipo más común de delito.
  3. Waterbury: Es la primera ciudad de la lista con una población de más de 100 mil habitantes y la primera en alcanzar una tasa de delitos violentos de más de 300, pero solo de 301 por cada 100 mil habitantes. Con cinco homicidios por cada 100 mil, esto es aproximadamente lo mismo que el promedio nacional de los Estados Unidos.
  4. New London: Una ciudad de tamaño modesto tiene una tasa de delitos violentos de 294 incidentes por cada 100 mil habitantes, y aproximadamente una cuarta parte de estos delitos violentos son violaciones. La Ciudad tiene una tasa muy baja de agresión agravada, que representa solo un tercio de sus delitos violentos. La tasa de delitos contra la propiedad de New London es casi idéntica a la de Meriden con 1,717 delitos por cada 100 mil habitantes.
  5. Meriden Es la novena ciudad más peligrosa y su población registra una tasa de delitos violentos de 264 por cada 100 mil habitantes. Con tres asesinatos reportados en 2019, solo tres ciudades en Connecticut vieron más homicidios durante el año. Las tasas de delitos contra la propiedad son unos modestos 1,718 incidentes por cada 100 mil personas.
  6. Norwalk: Es la décima ciudad más peligrosa. Registró 205 delitos por cada 100 mil habitantes, y el 80% de esos delitos fueron agresiones con agravantes. También registró 1,394 delitos contra la propiedad, que es la más baja de las ciudades en la lista de las 10 principales.

Aunque Connecticut se considera un estado seguro, con tasas de criminalidad por debajo del promedio nacional, todavía hay algunas ciudades peligrosas. Por lo general, las ciudades más peligrosas son las que tienen la mayor población, lo que también se ha demostrado en Connecticut. New Haven, Hartford y Bridgeport son tres de las cuatro ciudades más pobladas del estado y son las tres más peligrosas, respectivamente, finalizaron los autores del estudio.

 

 

Cinco cambios de nuevo plan que afectarían a migrantes que solicitan asilo

STAMFORD.- El Gobierno estadounidense está preparando una normativa que dificultaría la solicitud de asilo para miles de personas, ya que impediría que se acogieran a esta figura quienes crucen la frontera ilegalmente o no soliciten la protección en otras naciones.

La normativa, creada conjuntamente por los departamentos de Seguridad Nacional y Justicia, facilitaría al Gobierno la deportación de las personas que cruzan la frontera y piden asilo, ya que, al hacerlo de modo ilegal, perderían el derecho de acogerse a esta protección.

Fuentes de la Casa Blanca explicaron esta semana que la normativa tiene la intención de “llenar el vacío” legal que surgirá tras el posible fin del Título 42 el próximo mayo, después de que el Congreso no haya tomado “ninguna medida que garantice la gestión segura y humana de los migrantes”.

“Esta administración simplemente no permitirá el caos masivo y el desorden en la frontera debido a la falta de acción del Congreso”, apuntaron las fuentes de la Casa Blanca, después de que, el martes pasado, la normativa se haya publicado en el Registro Federal y se haya abierto un período de alegaciones de 30 días.

Aunque dichas fuentes no explicaron cuándo se aplicará la normativa ni qué pasará si el Título 42 vuelve a ampliarse (como ha sucedido previamente), sí apuntaron que “la intención es que entre en vigencia cuando se elimine y no antes”.

De entrar en vigor, esta sería una de las normativas migratorias más restrictivas en todo el Gobierno de Joe Biden, quien al asumir la presidencia en enero de 2021 eliminó muchas de las medidas migratorias excluyentes de la Administración de Donald Trump (2017-2021).

Entre ellas, eliminó el polémico Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA) con El Salvador, Guatemala y Honduras, conocido como acuerdo de “tercer país seguro”, que permitía a los Estados Unidos deportar a los refugiados que llegaban a su territorio y no habían pedido asilo en el primer país que pisaron al salir de su nación de origen.

Sin embargo, las fuentes oficiales de la Administración de Biden quisieron desmarcarse de esta norma y aseguraron que la nueva no es igual.

“Es definitivamente diferente en el sentido de que estamos ofreciendo una presunción refutable y no prohibiendo el acceso al asilo, como lo hizo la administración anterior”, indicaron las fuentes.

Así, la normativa “permitiría a las personas solicitar asilo en los Estados Unidos siempre que ingresen a través de una vía legal”, insistieron.

El Título 42 es parte de la ley de Salud Pública de 1944 y autoriza, de manera temporal, la expulsión de extranjeros por razones sanitarias.

El Gobierno del entonces presidente Trump recurrió a esa norma en marzo de 2020, en los comienzos de la pandemia del COVID-19, y Biden ha decidido extenderla en varias ocasiones cuando estaba a punto de expirar.

Sin embargo, con la pandemia ya dada por finalizada, es probable que en mayo próximo se levante esta norma, una situación que podría desencadenar una crisis sin precedentes en la frontera sur.

 

LOS CAMBIOS

1 – Prohibición de tránsito a migrantes. La nueva norma propone que los migrantes que pasan por varios países en su camino hacia los Estados Unidos y no solicitan primero asilo en estos países, o utilizan otras vías ilegales, no serán considerados elegibles para solicitar asilo en la frontera sur estadounidense.

Solo califican para buscar asilo en los Estados Unidos los migrantes que al cruzar por un tercer país piden asilo en cada uno de esos países y su petición es denegada.

En este caso, los migrantes pueden presentarse en el puerto de entrada al llegar a la frontera sur con México para solicitar asilo. Aunque esta medida no llega a ser una prohibición total, impone cumplir con requisitos más rigurosos para los solicitantes de asilo de todas las nacionalidades, excepto para los mexicanos que no han de atravesar un tercer país para llegar a los Estados Unidos.

Según la propuesta, la “prohibición de tránsito” está considerada como una “presunción refutable de inelegibilidad de asilo”, es decir, que, si los migrantes no solicitan asilo en un tercer país, no califican al asilo en los Estados Unidos y les será negado este beneficio.

2- La nueva regla de asilo sustituirá el polémico título 42. La regla propuesta es una medida de emergencia que pretende responder a los niveles elevados de detenciones anticipadas después del levantamiento de la orden del Título 42, norma que establece la expulsión rápida de migrantes que entren irregularmente a los Estados Unidos por motivos de salud pública, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Tras el fin de Título 42, el próximo 11 de mayo, “las personas que no puedan establecer un reclamo válido de protección bajo los estándares establecidos en la regla propuesta estarán sujetas a una pronta remoción bajo las autoridades del Título 8, que conlleva una prohibición de reingreso de cinco años”, agregó el informe del DHS.

La nueva política migratoria es temporal y expirará dos años después de la finalización del Título 42, es decir, el 11 de mayo 2025, según el DHS, y será aplicada a quienes ingresen a los Estados Unidos por la frontera terrestre del suroeste.

3- Aumento de denegaciones a solicitantes de asilo. Hasta el 11 de mayo, la orden del Título 42 permanece vigente y las personas que intenten ingresar a LOS Estados Unidos sin autorización seguirán siendo expulsadas. Este plan de contención se lleva a cabo porque los funcionarios del DHS han pronosticado que el sistema de inmigración estadounidense puede colapsar al levantarse las restricciones de COVID-19, conocidas como el Título 42, ya que durante este período han sido bloqueados más de dos millones de solicitantes de asilo, desde marzo de 2020.

Los principales grupos de apoyo a los inmigrantes piensan que el gobierno no cuenta con la capacidad de respuesta para atender el flujo migratorio y esperan que tras el fin de esta norma sanitaria aumenten el número de deportaciones de manera expedita en la frontera sur estadounidense y el número de denegaciones por asilo.

4.- Vías legales para solicitar asilo en EEUU. La nueva normativa propuesta por el gobierno de Joe Biden establece como vías legales para solicitar asilo en los Estados Unidos el nuevo programa de “parole humanitario” para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos bajo la nueva regulación, anunciada el pasado 5 de enero de 2023 y en octubre de 2021, para los solicitantes de asilo de Venezuela.

Ahora los extranjeros de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití solo pueden ingresar a los Estados Unidos por medio de un patrocinador autorizado por el Departamento de Seguridad nacional (DHS). Sin un patrocinador, no califican para solicitar un “parole humanitario”.

5- Petición de citas para asilo mediante aplicación CBP One. La nueva regla migratoria obliga a todos los migrantes que quieran ingresar en los Estados Unidos vía terrestre, incluidos los que llegan a la frontera sur en busca de asilo, a registrarse en la página digital de CBP One, una aplicación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Tras este paso, los migrantes deben averiguar si califican para algún programa legal vigente. Si los migrantes no confirman una cita a través de la aplicación del CBP, no deben presentarte en un puesto fronterizo autorizado.

Este cambio preocupa a los solicitantes de asilo en Centroamérica, establecidos en campamentos en el norte de México, ya que a menudo esta aplicación para solicitar cita no funciona adecuadamente y es inaccesible para muchos inmigrantes que no disponen de la tecnología adecuada. Con CBP One los migrantes programan una hora y un lugar para presentarse en un puerto de entrada. (Servicios combinados).

 

 

Gobernador presenta plan para reducir costos de atención médica

NEW BRITAIN.- Desde la esquina de una pequeña farmacia de New Britain, el gobernador Ned Lamont promovió, el martes pasado, una legislación que, según su administración, reducirá los costos de atención médica al limitar los gastos fuera de la red y prohibir ciertas prácticas de contratación por parte de los sistemas de salud estatales.

El proyecto de ley, que estaba programado para recibir una audiencia pública esta semana en el Comité de Seguros de la legislatura, limitaría los costos fuera de la red al 100% de la tarifa de Medicare del área. También prohibiría las tarifas de las instalaciones para citas fuera del campus.

El Gobernador presentó el proyecto de ley y otra propuesta destinada a reducir los costos de los medicamentos recetados con otros legisladores durante una reunión matutina en Beacon Prescriptions en New Britain.

“Escucho todos los días que el sistema está roto. ¿Qué podemos hacer a nivel estatal mientras esperamos al gobierno federal y esperamos que se asegure de que la atención médica universal y asequible sea un derecho básico para todos?”, se preguntó Lamont.

La legislación de Lamont también prohibiría un puñado de cláusulas contractuales que a veces utilizan los sistemas de hospitales estatales en las negociaciones con las compañías de seguros.

Incluyen disposiciones de “todo o nada” que exigen que los planes acepten a todos los proveedores en una red hospitalaria y prohíben las llamadas “cláusulas mordaza”, que impiden la divulgación a terceros de los términos o precios incluidos en los acuerdos.

Otras estipulaciones que estarían prohibidas en virtud del proyecto de ley incluyen las llamadas cláusulas “anti-dirección”, que impiden que las aseguradoras dirijan a los pacientes a otros proveedores.

“Quiero poder confiar en mi médico de atención primaria. Quiero asegurarme de que ese médico no tenga ninguna restricción en cuanto a dónde me indica que vaya para obtener el siguiente nivel de atención que necesito. Hay algunas cosas contractuales, limitaciones y direcciones en las que a veces las personas no me dirigen a los lugares donde sé que obtendré el mejor valor”, dijo Lamont.

Además de los funcionarios estatales, la administración invitó a varios pacientes y defensores a hablar en el evento.

Algunos contaron historias conmovedoras de sus propias experiencias para resaltar por qué Connecticut debe encontrar una manera de reducir el costo de la atención médica.

Susan Millerick habló de haber recibido una factura de 950 dólares por la cita con el dermatólogo de 15 minutos de su hijo.

Una tarifa de centro para pacientes ambulatorios, como la que Lamont ha propuesto prohibir, representó aproximadamente la mitad del costo de esa factura, señaló Millerick.

“Está completamente fuera de control a dónde hemos llegado con los costos de atención médica. Estoy tan cansada de que me digan que los pacientes están en el centro de todo lo que todos hacen porque, a menos que tengamos un signo de dólar en el cuerpo, eso es lo único de lo que somos… el centro”, precisó Millerick.

La propuesta de Lamont fue recibida con una enfática oposición por parte de las redes de hospitales del Estado.

La Asociación de Hospitales de Connecticut emitió un comunicado de prensa el martes pasado por la mañana, argumentando que el proyecto de ley resultaría en miles de millones de dólares en pérdidas y “devastaría” los hospitales locales.

“Las políticas que resultan en reducciones severas a los hospitales locales solo ejercerán más presión sobre el sistema de salud”, dijo Paul Kidwel, vicepresidente de políticas de la asociación. “Los hospitales no pueden mantener un sistema sólido de prestación de atención médica para los pacientes en todo el estado si no pueden cubrir sus costos y se ven empujados a números rojos. Las matemáticas no funcionan”.

La Asociación de Hospitales de Connecticut sostiene que el tope propuesto para las tarifas fuera de la red “transferiría drásticamente el poder” a las aseguradoras sin obligarlas a traspasar los ahorros a los pacientes.

Mientras tanto, el grupo dijo que la prohibición de las cláusulas contractuales del proyecto de ley impediría los esfuerzos de los sistemas de atención médica para garantizar un “espectro completo de servicios”, según el comunicado de prensa.

La doctora Deidre Gifford, directora ejecutiva de la Oficina de Estrategia de Salud, dijo que la administración estaba abierta a las preocupaciones de las redes de atención médica, incluidas las reservas sobre la eliminación de las tarifas de las instalaciones fuera del campus.

“Todos debemos trabajar juntos para resolver este problema. Por eso queremos escuchar sus preocupaciones y ciertamente queremos apoyar a nuestros hospitales comunitarios”, dijo Gifford.

“Sin embargo, generalmente no son los que tienen muchos sitios fuera del campus, así que no veo el problema”, finalizó la funcionaria.