BRIDGEPORT.- La Cámara de representantes votó para promover un amplio paquete de regulaciones de armas que incluye disposiciones que amplían la prohibición de armas de asalto de Connecticut, aumentan los requisitos de fianza para ciertos delincuentes reincidentes y prohíben en gran medida el porte abierto de armas de fuego.
Los defensores aplaudieron el proyecto de ley, que se dirigirá al Senado esta semana con una votación de 96-51, la actualización más significativa de las leyes de armas de Connecticut desde que se aprobó una ley histórica hace una década después del tiroteo en la Sandy Hook Elementary School.
El representante Steve Stafstrom, un demócrata de Bridgeport que copreside el Comité Judicial de la legislatura, dijo que los tiroteos masivos se han vuelto aún más comunes en los años posteriores.
“A medida que vemos que otros estados de la nación se retiran imprudentemente de las regulaciones sensatas sobre las armas, Connecticut seguirá liderando. El Estado seguirá manteniéndose firme y presionando para que nuestras comunidades y nuestras calles sean más seguras”, expresó Stafstrom.
El proyecto de ley consta de elementos de la legislación propuesta por el gobernador Ned Lamont, así como recomendaciones de una coalición de alcaldes de las ciudades más grandes de Connecticut.
Entre sus políticas se encuentra una disposición para prohibir el porte abierto de armas.
Stafstrom dijo que el lenguaje fue diseñado para aplicarse solo a exhibiciones abiertas de armas de fuego.
La legislación amplía la prohibición de armas de asalto aprobada después del tiroteo en Newtown para incluir más armas con características prohibidas, así como armas previamente exentas fabricadas antes de septiembre de 1994.
Los residentes que ya poseen estas armas tendrán hasta el próximo mayo para registrarlas en el Estado.
El proyecto de ley restringe la venta de chalecos antibalas a los residentes a los que se les haya otorgado un permiso para portar armas y exige que todas las armas se vendan con seguro de gatillo.
La posesión de un cargador de gran capacidad se convertiría en un delito menor de clase A para la mayoría de los residentes y un delito grave de clase D si la poseen personas a las que se les prohíbe tener armas.
Otra disposición haría que no reportar un arma robada sea un delito menor de clase D, por encima de una multa actual de 90 dólares.
Aunque el proyecto de ley recibió cierto apoyo bipartidista, la mayoría de los miembros republicanos votaron en contra.
El representante republicano de mayor rango del Comité Judicial, Craig Fishbein, de Wallingford, dijo que la legislación se centró demasiado en aumentar las restricciones a los propietarios de armas en lugar de reducir la violencia.
“El derecho a portar armas es la esencia misma del derecho a tener y portar armas. A partir de la primera sección de este proyecto de ley, creo que es manifiestamente inconstitucional”, dijo el representante Mark Anderson, republicano por Granby. “
Fishbein dijo que “la mayoría de esta legislación persigue a los residentes respetuosos de la ley y ahí no es donde deberíamos estar”.
La propuesta contiene secciones diseñadas para limitar la fianza y la libertad condicional para los delincuentes condenados repetidamente por ciertos delitos con armas de fuego, así como acelerar el enjuiciamiento de esos delitos.
El proyecto de ley clasifica como delitos graves como poseer un arma fantasma o robada y alterar un número de serie.
El proyecto de ley facilita la revocación de la libertad condicional de personas clasificadas como delincuentes graves. También aumenta al 30% la parte de la fianza que una persona condenada por ciertos delitos debe pagar para ser liberada mientras espera cargos adicionales y reduce el estándar de evidencia para revocar esa fianza.
Los nuevos expedientes en los tribunales de Bridgeport, Hartford, New Haven y Waterbury acelerarían la resolución de esos casos.
Algunos miembros elogiaron el proyecto de ley como un trabajo de compromiso que incluyó aportes de legisladores republicanos como Fishbein y cambios sustanciales de las propuestas aprobadas por el comité.
El proyecto de ley también incluye una disposición diseñada para garantizar que los departamentos de policía locales procesen rápidamente las solicitudes de permisos de armas. Si una agencia local tarda más de 16 semanas en actuar sobre una solicitud, el proyecto de ley permite a los residentes enviar la solicitud directamente al Estado.
El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Jason Rojas, dijo que aunque ningún proyecto de ley eliminaría por completo la violencia armada en Connecticut, y creía que la propuesta llevaría a Connecticut en una dirección más segura.
“Hablo en nombre de varios miembros de este lado del pasillo que creen en la segunda enmienda y que creen en el derecho a poseer armas de fuego. Creo que la mayoría de la gente aquí cree en eso y creo que lo que hace esta legislación es lograr ese cuidadoso equilibrio”, finalizó Rojas.
