NEW HAVEN.- El Departamento de Justicia de los Estados Unidos se ha hecho cargo de una investigación sobre las denuncias de que cientos de policías estatales de Connecticut pudieron haber presentado información falsa, sobre miles de infracciones de tránsito a una junta de perfilado racial.
De acuerdo con el informe, esos datos hacen parecer que la policía estaba deteniendo a más conductores blancos de los que eran, dijo el principal fiscal del estado.
El fiscal jefe del Estado, Patrick Griffin, declaró que el Departamento de Justicia le pidió a su oficina que suspendiera su investigación, que fue ordenada por el gobernador Ned Lamont, porque está haciendo su propia investigación.
“Estuve de acuerdo con esa decisión”, expresó Griffin
“Creo que el Departamento de Justicia trae las herramientas y los recursos necesarios para llevar a cabo esta investigación. Creo que la investigación será exhaustiva y será independiente”, agregó el fiscal.
Los grupos de derechos civiles han cuestionado la objetividad de la investigación que lleva a cabo la oficina de Griffin, que trabaja con la policía estatal en casos penales.
Además de la investigación del Departamento de Justicia, la ex fiscal federal de Connecticut, Deirdre Daly, quien ahora trabaja en la práctica privada del derecho, ya está dirigiendo una investigación independiente ordenada por Lamont.
Adam Joseph, director de comunicaciones de Lamont, dijo que la oficina del Gobernador no ha sido notificada de ninguna investigación del Departamento de Justicia.
“Agradeceríamos cualquier investigación policial para llegar al fondo de este asunto”, indicó Joseph.
En una auditoría publicada en junio, los analistas de datos de la Universidad de Connecticut (UConn) dijeron que tenían un “alto grado de confianza” de que más de 300 de los mil 300 policías revisados presentaron información falsa e inexacta sobre al menos 26 mil y hasta 58 mil 500 infracciones en paradas de tráfico entre 2014 y 2021.
Los investigadores creen que las infracciones en realidad nunca se dieron a los conductores.
La supuesta información falsa se envió a una base de datos de detenciones de tráfico de la policía estatal, que los analistas utilizan para preparar informes sobre la raza y el origen étnico de los conductores detenidos por todas las agencias policiales de Connecticut, en virtud de una ley de 1999 destinada a prevenir la discriminación racial.
Esos informes han demostrado que la policía en todo el Estado ha detenido a conductores afroamericanos e hispanos a un ritmo desproporcionado.
Los supuestos datos falsos tenían más probabilidades de identificar a los automovilistas como blancos que como afroamericanos o hispanos, sesgando los datos utilizados para los informes, según la auditoría.
Los grupos de derechos civiles dicen que los datos falsos podrían significar que esas tasas desproporcionadas son peores de lo que indican los informes.
Los analistas, sin embargo, advirtieron que no intentaron determinar si los registros fueron falsificados intencionalmente o si estaban equivocados por descuido o error humano.
Los auditores dijeron que las infracciones falsificadas se ingresaron en el sistema interno de la policía estatal pero no se enviaron al sistema judicial estatal, que adjudica todas las infracciones de tránsito emitidas en todo el Estado, lo que respalda la creencia de que los patrulleros informaron paradas que nunca ocurrieron y las infracciones nunca se emitieron.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Connecticut dijo que la toma de control de la investigación por parte del Departamento de Justicia fue un paso positivo. Pide la descertificación de todos los policías estatales y supervisores involucrados en la presentación de información falsa, lo que les haría perder sus trabajos.
