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Buscan evitar que contaminantes de puente de I-95 lleguen hasta río

El Departamento de Transporte del Estado ideó un plan para evitar que los contaminantes se escurran del Yankee Doodle Bridge hacia el Norwalk River.

NORWALK.- Después de la presión de los funcionarios locales, el Departamento de Transporte del Estado ideó un plan para evitar que los contaminantes se escurran del Yankee Doodle Bridge hacia el Norwalk River.

Representantes de la Norwalk Harbor Management Commission (NHMC) se reunieron recientemente con los ingenieros de Departamento de Transporte para discutir cómo reducir la escorrentía contaminada del puente, que transporta la carretera interestatal 95 donde pasan cada día aproximadamente 150 mil vehículos sobre el río.

“La reunión con la agencia fue muy buena. Propusieron capturar el drenaje del 85 por ciento de la superficie del puente con tuberías inferiores (de cubierta) y la construcción de cuencas de retención de aguas pluviales a ambos lados del puente y debajo del puente, lo que retendría esa escorrentía”, declaró el consultor de planificación de NHMC, Geoffrey Steadman.

El consultor agregó que los planes requieren la instalación de estanques de retención y riprap (piedras alrededor del río) con el estanque más grande que se está creando en el lado oeste del Yankee Doodle Bridge.

“El 15 por ciento de la superficie del puente que no pueden capturar está justo en el medio sobre el canal. Además de capturar la escorrentía del 85 por ciento desde la superficie del puente, capturan el 85 por ciento del volumen de agua de lluvia, es decir, la primera pulgada de lluvia en un período de 24 horas, que causa la mayoría de los problemas de escorrentía y los contaminantes”, explicó Steadman.

El puente de 911 pies, que fue construido en 1958, tiene 92 drenajes de cubierta de puente, muchos de los cuales vierten agua directamente en el puerto.

El NHMC siempre ha argumentado que la escorrentía no filtrada es mala para el medio ambiente y para el bolsillo de la Ciudad.

Los sedimentos contaminados debajo del puente agregaron 200 mil dólares al costo de la Ciudad del dragado federal más reciente del puerto.

El portavoz del Departamento de Transporte, Judd Everhart, confirmó que la próxima revisión del puente incluye medidas para proteger al río de Norwalk de la escorrentía contaminada.

“Con nuestros planes propuestos para rehabilitar y mejorar el tratamiento del drenaje del puente, ahora podemos dirigir el 85 por ciento de la escorrentía de las tormentas a través de imbornales (desagües) y hacia los estanques de sedimentación adyacentes al puente (en ambos extremos)”, indicó Everhart.

“Cualquier sólido u otros contaminantes se hundirán en el fondo de los estanques y el agua remanente se desbordará o se evaporará. El sedimento en los estanques se limpiará periódicamente”, agregó el portavoz.

El proyecto estimado de 30 millones de dólares no se encuentra entre los proyectos suspendidos por el gobernador Dannel Malloy y el comisionado del Departamento de Transporte, James Redeker, por falta de fondos, y se espera que el trabajo comience este año.

La rehabilitación del puente reparará el acero estructural del puente, el piso inferior de la cubierta y las juntas de expansión de la plataforma, pintará su acero estructural, mejorará las barreras medianas y reemplazará las defensas del canal, finalizaron las autoridades.

 

 

 

Proponen peajes de alta velocidad para la supervivencia económica de CT

Los legisladores demócratas manifestaron que el high-speed tolling o peaje de alta velocidad es la clave para la supervivencia económica de Connecticut.

HARTFORD.- Después de años de controversia y numerosos rechazos en la Asamblea General, los legisladores demócratas manifestaron que el high-speed tolling o peaje de alta velocidad es la clave para la supervivencia económica de Connecticut.

Los republicanos, sin embargo, no están tan seguros, ya que están cumpliendo con una propuesta de tres años que respaldarían los proyectos de transporte sin peajes.

“Nosotros, como legisladores, tenemos que hacer lo correcto”, declaró el representante Antonio Guerrera, demócrata de Rocky Hill, quien como copresidente del Comité de Transporte de la legislatura ha intentado y fracasado en los últimos años convencer a los legisladores de la necesidad de ingresos por los peajes, con el fin de ayudar a arreglar la infraestructura de tránsito del Estado.

“Si hacemos esto, este Estado prosperará, estoy seguro”, agregó Guerrera.

El legislador explicó que hasta 800 millones de dólares al año en nuevos ingresos se están dejando sobre la mesa porque el Estado, que no ha tenido peajes en más de 30 años, sigue resistiéndose a la propuesta.

Hizo hincapié en que las encuestas recientes indican que el público está listo para el tipo de peaje de alta velocidad que proporciona cientos de millones de dólares en ingresos en toda la región.

“Nuestros caminos y nuestros puentes están en mal estado. Nuestros fondos se están agotando. No podemos sentarnos aquí, como cuerpo legislativo, y esperar a que algo malo suceda antes de tener las agallas de hacer algo. ¿Por qué una empresa querría mudarse al estado de Connecticut si no puede traer sus bienes y servicios en todo el Estado de manera oportuna?”, se preguntó el legislador.

Estimó que alrededor del 40 por ciento del tráfico estatal proviene de fuera de las fronteras de Connecticut. Los proponentes legislativos dicen que los residentes del Estado obtendrían un descuento en cualquier peaje.

Si bien los votantes estatales tendrán la oportunidad en noviembre de votar una enmienda a la Constitución para crear una llamada caja de seguridad para el financiamiento de la mejora del tránsito, el tema sigue siendo un voto difícil para los legisladores que han continuado derrotando la propuesta en los últimos años, incluso ya que el Special Transportation Fund está en camino de convertirse en insolvente, se dio a conocer.

El Departamento de Transporte del Estado está trabajando en un estudio de posibles ubicaciones para los pórticos electrónicos sobre las carreteras estatales.

Un borrador del plan anterior incluía varios peajes a lo largo de la Merritt Parkway y más en la I-95 entre Greenwich y New Haven, así como también la I-91, la I-84 y las autopistas de acceso limitado, incluida la Ruta 8.

“Nuestras carreteras y puentes se están desmoronando, junto con la economía de nuestro Estado si no actuamos. Llegamos a un punto ahora donde es una etapa crítica. Estamos en una situación en la que no actuar ahora significa que vamos a pagar un precio que nadie en el Estado quiere pagar en términos de falta de crecimiento laboral, en términos de impuestos que son demasiado altos”, declaró el legislador Chris Perone.

Por su parte, la legisladora Dorina Borer dijo que si bien los peajes de Maine generan 133 millones de dólares al año, Massachusetts cosecha 434 millones y Nueva York recauda 2 mil 700 millones de dólares.

El Connecticut Special Transportation Fund, donde se canalizan los impuestos al petróleo y la gasolina, está en camino de alcanzar un déficit de 75 millones para 2020, de acuerdo con el informe.

El líder republicano del Senado, Len Fasano (R-North Haven), comentó que sin conocer los planes del Departamento de Transporte, sería “irresponsable” aprobar los peajes sin conocer su impacto total en el Estado.

Fasano apuntó que el Estado recibe fondos federales por no tener peajes. Además, le preocupa que los peajes de Connecticut “excederían” los precios en otras áreas del país.

 

 

Instan a hispanos con discapacidad a recibir información y apoyo de organización

Phillip Magalnick, Renzo Ríos-Niño y Honorata Kazmierczak junto a la perra guía pastor alemán “Cloe”. (Texto y fotos: Guadalupe Ramos/EL SOL News).

STAMFORD.- Con el fin de ayudar a las personas con alguna discapacidad visual o física a tener una mejor situación de vida en esta ciudad, la organización “Las voces ciegas” (The Blind Voices) instan a los hispanos que necesitan ayuda a que se comuniquen con sus directivos para recibir información y apoyo.

Phillip Magalnick, cofundador de “Las Voces Ciegas”, comentó a EL SOL News que tuvo que formar esta organización porque los esfuerzos de las autoridades no han sido suficientes para mejorar sus condiciones de movilidad en la calle.

“En la última tormenta de nieve no pude caminar en la acera, y Cloe, mi perra guía, se frenó y me protegió de no caer porque las aceras no estaban limpias”. Phillip tiene 51 años y comenzó a perder su vista a los 13 por la enfermedad retinitis pigmentosa y hoy es legalmente ciego. Él no quiere pasar el resto de su vida dentro de su casa porque es muy activo y quiere apoyar a quienes lo necesiten.

Por su parte, Mauricio es un colombiano que desde los 15 años está en silla de ruedas y consideró una gran iniciativa la de Magalnick, porque será sus voces para que los tomen en consideración como seres humanos.

“Se tiene que pelear por los derechos de las personas con incapacidad para tener mejor situación de vida”, manifestó el hispano.

Con 38 años de edad, Mauricio está casado, maneja un auto, trabaja desde hace 12 años en una tienda departamental y acaba de comprar junto a su esposa su casa.

Dijo que el mayor problema que tiene es el acceso a los lugares, a los baños pues aunque hay señales de hándicap no son accesibles para los que tienen sillas de rueda.

“Es complicado y frustrante”, comentó Mauricio, quien agregó que gracias a la organización ‘Las voces ciegas’ muchas personas podrán salir de la oscuridad y harán su vida solos”, expresó.

Renzo Ríos-Niño, quien es peruano, perdió la vista a los 9 años de edad y aplaudió la iniciativa de Magalnick porque evitará que otras personas que él conoce como Honorata Kazmierczak, la prometida de Phillip, se caigan, tropiecen o peguen en sus rodillas y espinillas.

“Yo no salgo solo porque tengo miedo que me caiga o me dé un golpe al caminar por las aceras cuando las mesas de los restaurantes están en la calle en el verano”, dijo el peruano de 24 años de edad.

José Ríos-Niño, padre de Renzo, recordó que cuando su hijo empezó a perder la vista no había información a dónde ir para ayudarse.

“Con esta organización habrá la oportunidad de ayudar a la comunidad”, precisó el padre.

Magalnick, también presidente de la oficina en el Bajo Fairfield de la Federación Nacional de Ciegos, dijo que en Stamford hay 240 personas con incapacidad visual, pero no sabe cuántos hispanos estén en esa condición, por lo que pidió a los latinos que tienen alguna incapacidad se acerquen a él.

Comentó que las personas que vinieron de otros países y no hablan inglés creen que no tienen ninguna voz con la autoridad, por eso él ayudará a quienes necesiten ayuda y tengan alguna incapacidad pues él sabe lo que es ser inmigrante: su novia es de Polonia, sus padres de Italia y sus hijos son Filipinos-Americanos.

Dijo que por cuatro años ha estado en el “Comité del Alcalde sobre Acceso para Todos”, un grupo de ciudadanos y funcionarios municipales que trabajan para mejorar el acceso a la propiedad y los servicios públicos, que formó David Martin. “Es difícil caminar en el centro todo el año, y es frustrante que a menudo no se aplique la ley por eso formamos The Blind Voices pues no se ha hecho todo el esfuerzo para mejorar las condiciones para los incapacitados”, indicó Magalnick.

Para obtener más información pueden enviar un correo electrónico a theblindvoices@gmail.com o llamar al 203-912-5783.

 

 

 

 

Niegan suspensión de deportación a inmigrante

A Joel Colindres, inmigrante de Guatemala, se le negó su solicitud de emergencia para permanecer en los Estados Unidos.

NEW FAIRFIELD.- El inmigrante guatemalteco Joel Colindres, nacido en Guatemala, recibió ayer la triste noticia de que los funcionarios de inmigración habían negado su solicitud de emergencia para permanecer en los Estados Unidos.

Colindres, de 33 años, recibió la orden de abandonar el país después de obtener una suspensión temporal de una orden de deportación anterior en el verano pasado.

Cuando recibió la segundo orden de abandonar el país, su familia nacida en los Estados Unidos, los legisladores federales y otros partidarios en todo el Estado han luchado con vigilias, mítines y campañas en línea, en un esfuerzo por mantenerlo en el país hasta que se procese su solicitud de asilo.

Pero el miércoles pasado, la familia recibió una carta que decía que los funcionarios de inmigración habían negado su solicitud de una estadía temporal, dirigida por su esposa, Samantha Colindres.

La carta estaba fechada el 24 de enero, se dio a conocer.

“La devastación, la ira y la frustración ni siquiera comienzan a explicar cómo nos sentimos. No queda nada, la pelea ha terminado. Finalmente ganaron, dejándonos rotos y desplazados”, lamentó Samantha, al enterarse de la noticia.

Cuando llegó por primera vez a los Estados Unidos en 2004, Colindres manifestó que una confusión con el papeleo lo llevó a perder una fecha en la Corte, lo que dio como resultado una orden para su deportación.

La orden ha creado una barrera en la búsqueda de la residencia legal basada en su matrimonio en 2010 con Samantha.

Colindres tiene una apelación pendiente ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos para pedir una reconsideración de la orden de deportación.

La solicitud argumenta que su vida estaría en peligro si regresara a Guatemala, donde tres de los miembros de su familia fueron asesinados en el último año.

Erin O’Neil-Baker, su abogada, expresó que Colindres cumplirá con la orden de abandonar el país si se le niega su estadía y que su apelación continuará incluso si él está fuera del país.

La familia ha creado una segunda página GoFundMe enwww.youcaring.com/thecolindresfamily-1083201 para ayudar a pagar los gastos creados por su deportación, incluida su factura telefónica internacional, gastos de mudanza y cuidado infantil adicional para los dos niños pequeños de Colindres. Otra página de GoFundMe ha estado recaudando dinero para los honorarios legales de la familia.

El senador federal de Connecticut, Richard Blumenthal, quien acompañó a Colindres a su último control con los funcionarios de inmigración la semana pasada, escribió al Immigration Customs Enforcement (ICE) el miércoles pasado solicitando una suspensión de la deportación.

“No dejaré de luchar para mantener unida a la familia Colindres. No hay absolutamente ninguna razón para proceder con la deportación, destruyendo imprudentemente a una familia y enviando a Joel a un país donde enfrenta un riesgo inmediato para su vida. Mi corazón se está rompiendo, pero no me rendiré. Esta deportación es una traición a los valores estadounidenses, una decisión inmoral que la historia juzgará en la más dura de las luces”, finalizó Blumenthal.

 

 

Alertan sobre nueva estafa relacionada con los servicios públicos

La policía está advirtiendo a los propietarios que tengan cuidado después de recibir informes sobre un estafador haciéndose pasar por un empleado de South Norwalk Electric & Water. (Foto: Referencial).

NORWALK.- Una persona que se hace pasar como empleado de una empresa de servicios públicos, es una nueva estafa que ronda en el condado de Fairfield, advirtieron las autoridades.

La policía está advirtiendo a los propietarios que tengan cuidado después de recibir informes sobre un estafador que circula por la ciudad haciéndose pasar por un empleado de South Norwalk Electric & Water.

Esta semana se emitió una alerta de la compañía después de que un residente de Norwalk les notificara que alguien que afirmaba ser un empleado de South Norwalk Electric & Water amenazó con cortarle el suministro eléctrico si no recibía el pago de una gran suma de dinero.

El Departamento de Policía de Norwalk está actualmente investigando el incidente.

Los funcionarios de South Norwalk Electric & Water manifestaron que este incidente fue una estafa y que cualquiera que crea que pudo haber sido atacada puede ponerse en contacto con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley llamando al 203-854-3000, finalizaron las autoridades.

 

 

Conserje gana la suspensión de la deportación

El inmigrante Francisco Acosta (derecha), quien trabaja en la Wesleyan University, debía regresar a Colombia el miércoles pasado, pero la semana pasada se le informó que las autoridades de inmigración habían aprobado su solicitud de suspensión hasta el 16 de julio de 2018. Aquí junto a Alberto Bernández, líder de la 32BJ SEIU.

Los inmigrantes se unieron al senador Richard Blumenthal y sus aliados para celebrar la victoria y se comprometieron a continuar luchando por DACA, el TPS  y otros beneficios migratorios

HARTFORD.- Los inmigrantes y sus defensores se reunieron el viernes pasado en las oficinas de la 32BJ SEIU, en esta ciudad, para anunciar los detalles de la suspensión de la deportación por seis meses del inmigrante colombiano Francisco Acosta.

El conserje, de 59 años, quien trabaja en la Wesleyan University, debía regresar a Colombia el miércoles pasado, pero la semana pasada se le informó que las autoridades de inmigración habían aprobado su solicitud de suspensión hasta el 16 de julio de 2018.

En una carta, las autoridades le informaron a Francisco que su caso sería revisado después de ese período para determinar si la orden de deportación sería ejecutada o no.

De acuerdo con el informe, Acosta huyó de Colombia en 2001, donde trabajó como profesor y defensor sindical, temiendo por su vida.

En los Estados Unidos, el inmigrante tiene aproximadamente 40 familiares que son ciudadanos legales, incluida su madre, y otros 40 que son residentes permanentes.

Se le han concedido estancias anuales en los últimos años, pero se le dijo que debía abandonar el país en su registro con el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) el 20 de noviembre de 2017 en Hartford.

“Estamos encantados de que a Francisco Acosta se le haya concedido más tiempo para defenderse de su deportación injusta, y queremos agradecer la firmeza de nuestros funcionarios electos y a la comunidad local que salió en defensa de nuestro hermano sindicalista. Esto realmente muestra la diferencia sindical y el impacto de un frente unido”, declaró Juan Hernández, líder del distrito de la 32BJ SEIU.

“Pero también reconocemos que esta es una victoria temporal, y en la mayoría de los casos, la administración Trump continúa su búsqueda sin sentido y cruel de muchos grupos de inmigrantes en nuestro país. El caso de Francisco demuestra que podemos ganar, pero tenemos que ganarle un derecho permanente a permanecer en Hartford, y debemos seguir construyendo nuestra resistencia contra las políticas antiinmigrantes de la administración Trump que está despojando de la protección a cientos de miles de inmigrantes”, agregó Hernández.

Por su parte, el senador federal Richard Blumenthal indicó que “estoy muy orgulloso de estar aquí de nuevo con ustedes y celebrar esta victoria temporal, hay un motivo de alegría de que Francisco tenga una estadía de seis meses. Pero también estoy enojado por la forma en que esta administración ha tratado a tantos inmigrantes como él”.

Blumenthal agregó que Francisco simboliza la lucha por la justicia que debemos llevar a cabo para muchos que están en peligro de perder su estatus. No podemos ceder”.

Los oradores en la conferencia de prensa incluyeron a Juan Mejía y José Zavala, ambos miembros de 32BJ y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) de El Salvador que han vivido y trabajado legalmente en los Estados Unidos por más de 15 años y ahora están en peligro de perder su estatus.

En 2001, el presidente George Bush extendió el estatus de protección temporal (TPS) a los inmigrantes indocumentados de El Salvador después de que un devastador terremoto agravó los efectos secundarios de la guerra civil, dejando devastada a la nación centroamericana.

El estatus ha sido renovado bajo la administración del ex presidente Barack Obama, sin embargo, fue revocado en enero por la administración Trump, que pondrá fin a las protecciones para los salvadoreños en septiembre de 2019, junto con las protecciones para los haitianos y nicaragüenses.

Ahora, como Francisco Acosta, estos dos inmigrantes trabajadores necesitan apoyo masivo de la comunidad para poder permanecer en este país.

 

 

Dueña de guardería sentenciada por muerte de niño

Carol Cardillo, de 53 años, fue sentenciada a 30 meses de prisión, por la muerte de un niño de Shelton de 4 meses de edad, al darle Benadryl.

FAIRFIELD.- La dueña de una guardería de esta ciudad, quien era acusada de la muerte de un niño de Shelton de 4 meses de edad, al darle Benadryl, fue sentenciada a 30 meses de prisión.

De acuerdo con las autoridades, Carol Cardillo, de 53 años, quien no se opuso al cargo de homicidio en segundo grado en noviembre pasado, fue acusada en septiembre de 2017 en relación con la muerte del niño Adam Seagull, ocurrida el 22 de marzo de 2016, quien murió en su casa de la Edgewood Road en Fairfield. Los investigadores señalaron que la mujer le había dado al niño Benadryl antes de acostarlo.

“Este fue un caso difícil y emocional para todos. La sentencia salva a la familia de enfrentar un juicio. Es una buena resolución para una situación difícil”, declaró la fiscal auxiliar estatal, Colleen Zingaro, quien manejó el caso.

La policía indicó que Cardillo había negado al principio haberle dado al niño Benadryl antes de acostarlo, pero la Oficina del Médico Forense determinó que el menor tenía Benadryl en su sistema cuando murió.

Los registros habían demostrado que Cardillo también había comprado al menos 90 botellas de Benadryl entre el 1º de enero de 2013 y el 24 de mayo de 2016, la última compra una semana antes de que el bebé muriera.

Hijo de Matthew y Michelle Vasaturo, Adam nació en New Haven el 17 de noviembre.

El día de su muerte, la policía recibió una llamada al 911 aproximadamente a las 3:00 de la tarde y respondió a 63 Edgewood Road, donde vivía Cardillo, reportó la policía.

Cardillo le dijo a la policía que le había dado una botella a Adam alrededor del mediodía y luego lo había acostado a dormir en una cuna de juegos, según el subjefe de policía de Fairfield, Christopher Lyddy.

La mujer lo encontró inconsciente cuando fue a verlo de nuevo alrededor de las 2:55 de la tarde., precisó Lyddy.

Varios intentos por revivir al bebé no tuvieron éxito y fue declarado muerto en el hospital, de acuerdo con la policía.

Cardillo estaba cuidando a ocho niños con edades comprendidas entre los 4 meses y los 4 años el día en que murió Adam, y había cuatro adultos en el hogar.

 

Zingaro dijo que Cardillo fue sentenciada a 10 años, condena que será suspendida después de cumplir los 30 meses y deberá cumplir además cinco años de libertad condicional.

A la mujer también se le prohibió tener contacto con niños, finalizaron las autoridades.

 

 

Acusado de atropellar fatalmente a joven

 

Joel Thompson es acusado de tres cargos relacionados con el asesinato de una adolescente de Yonkers.

 YONKERS.- El fiscal de Westchester, Anthony Scarpino, anunció que un Gran Jurado del Condado acusó a Joel Thompson de tres cargos relacionados con el asesinato de una adolescente de esta ciudad.

De acuerdo con las autoridades, el implicado enfrenta cargos de asesinato en segundo grado por la muerte de Madysen Denman, de 16 años, y los cargos de intento de asesinato en segundo grado.

Según el informe, el miércoles 20 de diciembre de 2017, aproximadamente a las 9:40 de la mañana, los oficiales de la policía de Yonkers estaban respondiendo  a los informes de una disputa en las inmediaciones de la Nepperhan Avenue, cerca de la Ashburton Avenue, cuando se les informó de que un vehículo pasó intencionadamente a la acera, golpeando a una peatona y después huyo de la escena.

Al llegar, la policía encontró a Madysen Denman en el piso en un estado inconsciente. La joven de 16 años más tarde fue declarada muerta por los socorristas. Otras dos personas resultaron ilesas.

La policía recibió una descripción del vehículo del sospechoso y, poco tiempo después, Thompson, de 22 años, fue detenido y puesto bajo custodia.

Si es declarado culpable, Thompson enfrenta un mínimo de 15 años de prisión en la prisión estatal por el cargo de asesinato en segundo grado y de cinco a 25 años de prisión por cada uno de los dos cargos de intento de homicidio en segundo grado, según se informó.

Está previsto que Thompson sea procesado el 7 de febrero en el Tribunal del condado de Westchester.

El caso está siendo procesado por la fiscal adjunta Lana Hochheiser, jefa adjunta de la Oficina de Homicidios y asistente del fiscal de distrito, Matthew McCarty, de la División de Juicios del Tribunal Superior, finalizaron las autoridades.

 

 

Empleado de biblioteca acusado de poseer pornografía infantil

Robert Kelly, de 43 años, es acusado de poseer material de pornografía infantil.

WESTPORT.- De acuerdo con el Departamento de Policía de Westport, un empleado de la biblioteca pública de esta ciudad, que es acusado de poseer material de pornografía infantil, se entregó a las autoridades.

Robert Kelly, de 43 años, se entregó a la policía el lunes pasado después de que se le emitió una orden de arresto la semana pasada tras una intensa investigación conducida por la policía estatal y local en la que se encontraron numerosas fotos pornográficas en su computadora y otros dispositivos electrónicos, informó la teniente Jillian Cabana.

Kelly fue capturado luego de que la policía de Westport recibió información en agosto pasado de la Connecticut State Police Computer Crime Unit por la presunta pornografía infantil que se compartió en línea.

La denuncia involucraba a una persona no identificada en Westport que compartía una foto de pornografía infantil en Facebook con un residente de fuera del Estado, explicó Cabana.

El sargento Sereniti Dobson de la Westport Police Youth Division inició una investigación y pudo identificar a Kelly.

El 16 de enero, con la asistencia de la Technical Investigation Unit regional, los oficiales ejecutaron una orden de allanamiento en la residencia de Kelly.

Durante la búsqueda, varios dispositivos electrónicos fueron incautados y luego examinados. Se descubrió que los dispositivos de Kelly contienen al menos 45 imágenes de pornografía infantil, señaló la policía.

Luego de su arresto, Kelly fue acusado de posesión de pornografía infantil y promoción de actuaciones obscenas.

Fue liberado después de pagar una fianza de 100 mil dólares y está programado para comparecer en la Corte de Norwalk el 7 de febrero, finalizaron las autoridades.

 

 

 

Implicado en muerte por sobredosis sentenciado a prisión

John Vibbert, de 37 años, fue sentenciado a prisión por distribuir drogas que causaron una muerte por sobredosis.

FAIRFIELD.- Un hombre fue sentenciado a prisión por distribuir drogas que causaron una muerte por sobredosis, según el Departamento de Justicia.

John Durham, fiscal federal del distrito de Connecticut, anunció que John Vibbert, de 37 años, fue sentenciado por el juez federal, Alvin Thompson, en Hartford, a 12 meses y un día de prisión, seguido de tres años de libertad supervisada, por la distribución de heroína y fentanilo que causaron una muerte por sobredosis.

Según los documentos judiciales, en las primeras horas del 31 de mayo de 3016, la policía estatal de Connecticut y el personal médico de emergencia respondieron a un hogar en Deep River y encontraron a un hombre de 35 años que no respondía.

Los médicos realizaron Recuperación Cardiopulmonar (CPR) y administraron Narcan, un aerosol nasal utilizado para combatir una sobredosis de opiáceos. El hombre fue declarado muerto en la escena, de acuerdo con el informe.

Este enjuiciamiento forma parte de una iniciativa estatal en curso dirigida a los traficantes de drogas que distribuyen heroína, fentanilo u opiáceos que causan la muerte o lesiones graves a los usuarios.

La investigación, que incluyó el análisis del teléfono celular de la víctima y una entrevista con testigos, reveló que el 30 de mayo de 2016 la víctima contactó a Vibbert para comprar heroína.

La víctima luego condujo a un restaurante cerca de la carretera I-95 en Bridgeport, donde conoció a Vibbert para completar la compra.

La Oficina del Médico Forense determinó que la causa de la muerte de la víctima era “intoxicación aguda por heroína y fentanilo”.

Vibbert fue arrestado por una denuncia penal el 27 de marzo de 2017. El 23 de agosto de 2017, se declaró culpable de un cargo de distribución de heroína y fentanilo.

Vibbert, quien fue liberado bajo una fianza de 50 mil dólares, recibió la orden de presentarse en prisión el 30 de abril.

Este asunto fue investigado por la Drug Enforcement Administration (FBI) y la policía estatal de Connecticut, con la asistencia del Departamento de Policía de Monroe.

El caso fue procesado por los fiscales federales auxiliares Lauren Clark y Michael McGarry, finalizaron las autoridades.