Una ley que prohíbe las exhibiciones de armas en todas las propiedades del Condado, incluido el Westchester County Center, fue firmada por el ejecutivo del condado de Westchester, George Latimer.
WHITE PLAINS.- El ejecutivo del condado de Westchester, George Latimer, firmó una ley que prohíbe las exhibiciones de armas en todas las propiedades del condado, incluido el Westchester County Center.
“Dirigiremos, tomaremos medidas, seremos fuertes y tomaremos medidas efectivas, y no tememos respaldar las cosas en las que creemos”, declaró Latimer antes de firmar la ley.
Los legisladores aprobaron la prohibición la semana pasada con una “supermayoría” de 12 votos a 5. Cada demócrata en la legislatura votó por la aprobación de la ley.
En enero de 2017, la Junta de Legisladores aprobó una prohibición, pero fue vetada por el ex ejecutivo del Condado, Robert Astorino.
Latimer emitió una orden ejecutiva que prohibía la exhibición de armas en las propiedades del Condado en su segundo día en el cargo, pero la ley hace que la prohibición sea permanente.
Hubo una prohibición informal de exhibir armas en el Westchester County Center en White Plains, que se puso en marcha después de la masacre ocurrida en la Columbine High School en 1999.
Astorino levantó esa prohibición cuando asumió el cargo en 2010, pero canceló un programa en 2013, después de las tragedias ocurridas en la Sandy Hook Elementary School en 2012.
El legislador Lyndon Williams, demócrata de Mount Vernon, señaló que el último espectáculo de armas tuvo lugar justo cuando su ciudad estaba de luto por la muerte de Shamoya McKenzie, de 13 años, una transeúnte asesinada en las vísperas de Año Nuevo.
Dijo que la prohibición mostraba a las familias de las víctimas de la violencia armada que el Condado compartía su dolor.
Nora Rodas celebró su cumpleaños número 14 el 24 de diciembre pasado. Ella necesita una silla de ruedas especial para facilitar su vida diaria. (Texto: Guadalupe Ramos/Foto: Cortesía Gaby Ortega).
STAMFORD. Con el fin de recaudar fondos para comprar una silla especial para la adolescente hispana Nora Rodas, instan a la comunidad a apoyar la campaña que organizó Gaby Ortega, amiga de la familia.
Ortega informó a EL SOL News que Nora es una niña de origen guatemalteco de 14 años de edad y nació en este país con espina bífida y escoliosis.
“Es una adolescente hermosa y feliz, que le enseña a uno a valorar la vida porque ella con sus problemas de salud y familiares es siempre positiva”, expresó Gaby.
La organizadora invitó a la comunidad donar fondos en la página web www.gofundme.com/NORA-S-WHEEL-CHAIR para comprar una silla especial que facilitará su vida diaria.
La silla que necesita la estudiante de la escuela Rippowam cuesta 10 mil dólares.
Por su parte, Alejandra Osorio llevará a cabo una venta de empanadas y morocho (bebida dulce) el sábado 17 de febrero, de 9:00 de la mañana a 12:30 del mediodía, en 12 Greenwood Hill Street, en Stamford.
De acuerdo con Alejandra, las personas pueden llamar al 203-898-5916 para hacer una orden por adelantado.
Osorio es prima de Gaby y conoce a la familia de Nora, por lo cual quiso hacer una venta de comida para donar a la causa.
Comentó que desde hace dos meses se pidió el apoyo y se han juntado 300 dólares, por lo que ella pensó en apoyar la campaña de recaudación de fondos y como graduada del programa PEP (People Empowering People) instó a sus compañeros y a todas las personas que conoce que apoyen a Nora.
La madre de Nora es madre soltera, tiene dos hijos más y no puede trabajar por algunos problemas médicos, explicó Osorio.
Al respecto, Carolina Osorio de la firma de abogados Pirro & Church, dijo que la abogada Olia M. Yelner puede orientar a la familia sobre los beneficios de discapacidad del Seguro Social, ya que Nora es elegible.
La firma tiene más de 30 años trabajando para ayudar a las personas con discapacidad a obtener los beneficios por medio de la Administración del Seguro Social, explicó Yelner.
Apuntó que es un servicio gratuito donde le pueden ayudar a llenar la solicitud, pero también comentó que hay muchas fundaciones a nivel nacional que ayudan con los gastos para los aparatos y recursos financieros.
Paulina López, de 32 años (en la foto con su familia), había huido del conflicto y la violencia en Guatemala y ahora reside en Connecticut. Ella está bajo una orden de deportación.
NEW HAVEN.- En una nevada mañana, Selvin, de 13 años, y su madre estaban en el sótano de la First and Summerfield United Methodist Church de esta ciudad para apoyar a un amigo en el santuario.
Mientras se sentaban, el niño trató de alejar los pensamientos de qué sucedería cuando los agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) lleguen a llevarse a su propia madre, que también está bajo una orden de deportación.
“Voy a estar a solas con mi hermano pequeño y mi papá. A veces siento que no quiero hablar con nadie. Simplemente voy a mi habitación, cierro la puerta y me siento deprimido”, declaró Selvin.
Selvin, cuya familia pidió que se oculte su apellido, se encuentra entre los miles de niños inmigrantes en Connecticut y en los que sienten los efectos del estrés prolongado, que puede volverse tan tóxico que puede dañar el cerebro en desarrollo.
Según la investigación de la Universidad de Harvard, el estrés tóxico puede provocar la depresión, el alcoholismo, las enfermedades cardíacas y la diabetes en la edad adulta.
Las organizaciones de salud mental de Connecticut afirmaron que sus teléfonos han estado sonando desde que el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva de inmigración, autorizando al ICE a deportar a unos 11 millones de personas que viven de manera ilegal en los Estados Unidos.
Las oficinas de ambos senadores federales de Connecticut, Chris Murphy y Richard Blumenthal, están inundadas con llamadas de padres indocumentados en pánico, expresaron sus portavoces.
“Si estos padres se van, esos niños necesitarán servicios de salud mental, potencialmente educación especial más adelante y servicios de salud correctivos. Le costará al estado más de mil millones de dólares en atención médica justa”, declaró la doctora Darcy Lowell, fundadora y directora ejecutiva de Child First, con sede en Trumbull.
La organización, que tiene 15 sitios afiliados en Connecticut, se especializa en el tratamiento de niños que sufren de estrés tóxico.
Carolina Bortolleto de Connecticut Students for a Dream (C4D) estima que hay alrededor de 10 mil “soñadores” en todo el Estado, inmigrantes indocumentados que llegaron a los Estados Unidos cuando eran niños.
Además, cerca de 22 mil ciudadanos estadounidenses de padres indocumentados viven en Connecticut. Si sus padres son deportados y los niños ingresan en hogares de guarda, el costo para el Estado se estimaría en 630 millones de dólares.
Pero los expertos dicen que es una gota en el cubo en comparación con los costos de atención médica a largo plazo.
Efectos a largo plazo
Un estudio de la Henry J. Kaiser Family Foundation informó que los efectos a largo plazo del estrés tóxico para los niños inmigrantes incluyen una peor salud, un crecimiento y desarrollo comprometidos y un aumento de los desafíos sociales y ambientales que pueden afectar la salud.
Cuando Child First recibió una llamada a finales del año pasado de una madre inmigrante indocumentada de un niño de 3 años, los oficiales de salud mental hicieron una visita domiciliaria. Descubrieron que la niña se comportaba agresivamente con sus compañeros de clase y tenía episodios intensos de llanto.
Los médicos descubrieron que la niña experimentaba síntomas de estrés tóxico. Ella había sido testigo de violencia doméstica y estaba luchando para hacer frente a la repentina ausencia de su padre en sus vidas. Ahora, ella enfrentaba un nuevo la ansiedad de su madre por la deportación.
Los expertos dicen que tratar solo al niño no mitigará el estrés tóxico. Es importante reducir el estrés de la madre tanto como sea posible, y tratar de crear un ambiente hogareño más estable y seguro.
Entonces, los trabajadores sociales de Child First acompañaron a la madre a ver a un abogado de inmigración, organizaron la tutela legal de sus hijos y crearon un plan de seguridad para protegerlos de su abusiva ex pareja después de que finalmente la deportaran.
Luego, el equipo contrató a la madre para que brindara asesoramiento y los médicos se reunieron con los maestros y la madre.
El enfoque de Child First no es la forma estándar de tratamiento, pero la investigación indica que tal vez debería serlo. La intervención temprana puede ayudar, pero solo si los padres aprenden a manejar primero su propia ansiedad.
Necesidades no satisfechas
A pesar de lo que muchos proveedores llaman una crisis, no todos los niños reciben la ayuda que necesitan.
“Los pediatras informan que no pueden detectar ni remitir a los niños que experimentan estrés tóxico porque no pueden incorporarlos a sus prácticas en este momento”, comentó Kimberly Martini-Carvell, directora ejecutiva del Centro Nacional Help Me Grow de Connecticut Children’s Medical.
“Los padres no traen a sus hijos por temor a comprometerse con el sistema. Solo puedes imaginar cómo ese miedo está penetrando en el niño”, agregó Martini-Carvell.
Selvin dijo que no le gusta hablar sobre su ansiedad. La familia se había reunido en la iglesia de New Haven en una muestra de apoyo al inmigrante Nelson Pinos González, un ciudadano ecuatoriano de 43 años que se refugió en noviembre pasado, desafiando las órdenes de deportación.
González cocinaba un almuerzo de pupusas para recaudar dinero para su esposa y sus tres hijos.
La madre de Selvin, Paulina López, de 32 años, había huido del conflicto y la violencia en Guatemala, montando “La Bestia”, una serie de trenes de mercancías en todo México, para ingresar a los Estados Unidos hace cuatro años.
“Llevó un mes llegar aquí. Tenía a Selvin y cero dinero conmigo”, relató.
López encontró trabajo en una tienda de plantas y se casó con un paisajista de Ecuador.
Carolina Bortolleto, miembro de CT Students for a Dream, declaró que no descansarán hasta que se apruebe una nueva ley a favor de los dreamers. Reveló que siente angustia porque el plazo se acerca y no hay señales en el congreso federal de avanzar en el tema. Aquí junto a su hermana Camila Bortolleto.
RIDGEFIELD.- Si no se aprueba el Dream Act, una ley que reemplazaría la Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), miles de jóvenes que fueron traídos a los Estados Unidos cuando eran niños ya no podrían ser protegidos de la deportación.
El 5 de marzo es la fecha límite para que se apruebe el Dream Act y los jóvenes inmigrantes en Connecticut anunciaron que no descansarán hasta que se apruebe una nueva ley, aunque no negaron que sienten angustia porque el plazo se acerca y no hay señales en el congreso federal de avanzar en el tema.
Después del 5 de marzo, ya no se podrá renovar DACA.
Miles de inmigrantes que dependen de la aprobación del Dream Act se han estado movilizando y presionando a los legisladores en Washington DC durante meses para buscar una solución tras la cancelación de DACA.
“Mi libertad todavía está limitada por la fecha de vencimiento, se acerca el plazo y no se ve ningún avance, debemos seguir presionando para que se encuentre una solución definitiva”, declaró a EL SOL News, Carolina Bortolleto, de CT Students for a Dream (C4D).
La DACA para la joven originaria de Brasil, expira en marzo de 2019.
Bortolleto precisó que la Acción Diferida le brinda protección contra la deportación, un permiso de trabajo y un sentido personal de pertenencia en un país que llama “su hogar”.
“Nuestras vidas desde septiembre, han sido un plazo tras otro, y los plazos siguen avanzando. Es como una publicación de objetivo móvil. La palabra ‘Dreamer‘ me dio mucha identidad porque finalmente encontré un lugar al que pertenecer”, comentó Bortolleto.
Con el fin de ayudar a las personas atrapadas en una situación similar, Bortolleto fue cofundadora de CT Students for a Dream, que está compuesto por docenas de personas que han estado presionando a los legisladores en Washington DC desde septiembre para que busquen una solución permanente para los jóvenes soñadores.
“Los demócratas en el Senado nos decepcionaron un poco, porque podrían haber presionado por algo”, declaró Bortolleto a este semanario.
La política de inmigración se ha convertido en un tema polémico en la Cámara de Representantes y el Senado, además en Connecticut.
Carlos Cabrera, un soñador de Danbury, se preguntó que “¿Les gustaría que las personas ingresen a su hogar de la forma que quieran, por el tiempo que quieran? De alguna manera, eso no parece correcto”.
Ahora, muchos de estos jóvenes inmigrantes han expresado que sienten como si estuvieran tomados como rehenes a cambio de políticas que creen que podrían terminar lastimando a sus seres queridos.
“Al final, todos merecemos vivir en dignidad y seguridad”, comentó Bortolleto a este semanario.
La administración Trump estableció una fecha límite estricta para que DACA caduque para el 5 de marzo, después de esa fecha ya no podrá renovarse el beneficio migratorio.
Los funcionarios federales estiman que 690 mil jóvenes inmigrantes tienen el estatus de DACA, pero alrededor de 1.8 millones son elegibles.
Miembros de Unidad Latina en Acción (ULA) ha estado en las calles recolectando más de 500 firmas para una petición diseñada a fortalecer el compromiso de New Haven de proteger a los inmigrantes. Le piden a la alcaldesa Toni Harp redactar una nueva ordenanza para adoptar una política de don’t ask, don’t tell, don’t arrest (no preguntes, no digas, no arrestes).
NEW HAVEN.- Alrededor de un año después de que el presidente Donald Trump anunciara una orden ejecutiva para cortar el financiamiento para las ciudades santuario, la organización de defensa de los inmigrantes Unidad Latina en Acción (ULA) intensificó sus esfuerzos para defender el estatus de santuario en esta ciudad.
Este mes, la organización ha estado en las calles de New Haven recolectando más de 500 firmas para una petición diseñada para fortalecer el compromiso de la Ciudad de proteger a los inmigrantes y trabajar para redactar una nueva ordenanza para adoptar un don’t ask, don’t tell, don’t arrest (no preguntes, no digas, no arrestes), como política para la Ciudad.
“El clima que estamos viviendo en New Haven y en todo el país es una amenaza, y queremos asegurarnos de que estas ordenanzas no sólo se apliquen a la policía de la Ciudad sino a todos los empleados de New Haven. Con eso tendremos un entorno más seguro”, declaró Fátima Rojas, una organizadora de Unidad Latina en Acción.
Este mes, la organización activista está recogiendo firmas de las personas de New Haven, exigiendo que la Ciudad actualice y fortalezca sus políticas de santuario.
La petición exige que New Haven extienda una política de santuario que actualmente se aplica sólo a la policía para cubrir a todos los empleados y funcionarios de la Ciudad, proteger la información confidencial de la gente, incluyendo su orientación sexual, estado migratorio y estado como víctima de violencia sexual, además de limitar la comunicación de la Ciudad con las autoridades de inmigración a sólo lo que exige la ley y negarse a utilizar los recursos de la Ciudad para detener a las personas en base a las solicitudes del U.S. Immigration and Customs Enforcemen (ICE).
La petición establece que New Haven debe emerger como una ciudad santuario modelo, como lo fue en 2006 cuando aprobó una orden que establece que la policía de New Haven no debería preguntarle a nadie sobre su estado migratorio.
Unidad Latina en Acción (ULA) ha intensificado su defensa en respuesta a la elección del presidente Donald Trump, cuya orden de cancelar las ciudades santuario se ha estancado en el sistema judicial.
Megan Fountain, quien se ha ofrecido como organizadora comunitaria de Unidad Latina en Acción desde 2007, comentó que la política no está actualizada y no refleja la realidad actual de cómo los agentes del ICE manejan casos de inmigración y deportación.
Además, debido a que la orden de la policía no es una ley, podría ser revertida por un nuevo Alcalde o jefe de policía, según el organizador Geoffrey Valdés.
Valdés anunció que Unidad Latina en Acción pronto presentará la petición a la Junta de Concejales.
El vocero de la alcaldía Laurence Grotheer precisó que los esfuerzos de la organización activista en el pasado han sido consistentes con el deseo de la alcaldesa Toni Harp de que New Haven siga siendo una comunidad acogedora de todos los inmigrantes.
Grotheer notó que no hay una ordenanza o resolución municipal que “conmemore” a New Haven como una ciudad santuario, pero que el término gobierno santuario fue otorgado a New Haven por el gobierno federal y el Departamento de Seguridad Nacional.
“New Haven es una comunidad acogedora para todos los que eligen vivir aquí. La Alcaldesa es firme en apoyar esta noción, pero el santuario es otro asunto, esa es la nomenclatura inventada por el gobierno federal”, agregó Grotheer.
Valdez elogió la reciente decisión de la Alcaldesa de boicotear una reunión de la Casa Blanca el mismo día en que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos envió cartas a casi dos docenas de ciudades solicitando un mayor cumplimiento de las leyes federales de inmigración.
La organización ULA quiere que el estatuto de “ciudad santuario” sea sellado como ley, ya que el estatus de los inmigrantes en la Ciudad podría cambiar bajo un nuevo Alcalde.
En el último año, Unidad Latina en Acción ha trabajado con los inmigrantes que enfrentan una deportación inminente.
Desde octubre pasado, Nelson Pinos González, un inmigrante indocumentado, ha buscado refugio en la First & Summerfield United Church en New Haven, donde Unidad Latina en Acción organiza reuniones semanales.
Marco Reyes, un inmigrante ecuatoriano indocumentado, buscó refugio en la iglesia durante meses el año pasado hasta que recibió la noticia de que podía regresar a su hogar el día previo al Día de Acción de Gracias.
Los dreamers pidieron a los legisladores estatales considerar un proyecto de ley que permitiría que los niños inmigrantes que crecieron en Connecticut recibir la ayuda financiera para asistir a las universidades estatales. En la foto, Lucas Codognolla de CT Strudents for a Dream (C4D) cuando brindaba su testimonio en la audiencia pública.
“Sólo estamos pidiendo igualdad, no un trato especial”, declaró Carolina Bortolleto de CT Students for a Dream (C4D)
HARTFORD – A medida que el Congreso federal debate el destino de los jóvenes recipientes de la Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), los dreamers pidieron a los legisladores estatales considerar un proyecto de ley que permitiría que los niños inmigrantes que crecieron en Connecticut recibir la ayuda financiera para asistir a las universidades estatales.
Carolina Bortolleto, de CT Students for a Dream (C4D) y residente de Danbury, informó que el grupo lanzó nuevamente la campaña Afford To Dream para que se apruebe un proyecto de ley que permitiría la ayuda financiera para los jóvenes indocumentados.
“En Connecticut, los colegios públicos y las universidades reservan una proporción de los ingresos de la matrícula para ser utilizados como ‘ayuda institucional’ para ayudar a los estudiantes con necesidades financieras”, manifestó Bortolleto.
“Sin embargo, los estudiantes inmigrantes que han crecido en Connecticut y se han graduado de la escuela secundaria no son elegibles para esta ayuda generada por los mismos estudiantes, a pesar de que contribuyen a estos fondos a través de su matrícula”, comentó la activista.
“El proyecto Afford to Dream igualará el acceso a la ayuda institucional generada por los estudiantes y pondrá fin al sistema de ayuda financiera All pay and NO aid (Todo paga y NO ayuda) de Connecticut para los estudiantes inmigrantes”, agregó Bortolleto.
De acuerdo con los promotores, el proyecto de ley, propuesto por el Higher Education Committee, permitiría a los niños que viven en el Estado bajo la protección de DACA recibir la ayuda financiera.
El presidente Donald Trump canceló DACA, promulgada en la era del ex presidente Barack Obama el año pasado y su estado de protección está programado para finalizar en marzo próximo si los legisladores no aprueban una ley que les otorgue protección.
Los llamados dreamers son hijos de los inmigrantes indocumentados, crecieron en los Estados Unidos y en muchos casos nunca han estado en su país de origen.
Para dar a conocer detalles del proyecto de ley, el marte pasado, se celebró una audiencia pública en el edificio de la Oficina Legislativa en Hartford.
Estudiantes inmigrantes indocumentados y educadores de Danbury, Hartford, UConn Storrs, New Haven, Stamford, Windham, Norwalk, Manchester, entre otras ciudades, estuvieron presentes en la audiencia.
Asimismo, asistieron educadores de las escuelas secundarias y universidades de todo el estado, incluidos la Universidad de Connecticut (UConn), la Western Connecticut State University (WCSU), la Eastern Connecticut State University (ECSU), la Southern Connecticut State University (SCSU), y representantes de las escuelas superiores, sindicatos de educación, y organizaciones comunitarias.
Entre los oradores estuvieron el representante estatal Juan Candelaria, Bob Fernández de la Community College Union, Carlos Moreno del Working Families Party, Mona Lucas, de la administración de la Universidad de Connecticut (UConn) Administration y representantes de la AAUP CSU y del sindicato de trabajadores 32BJ SEIU.
En Connecticut, los colegios públicos y las universidades asignan una parte de los ingresos de la matrícula para ser utilizados como “ayuda institucional” para ayudar a los estudiantes con necesidades financieras.
Bortolleto reiteró que los estudiantes inmigrantes que han crecido en Connecticut y se han graduado de la escuela secundaria no son elegibles para esta ayuda generada por los mismos estudiantes a pesar de que contribuyen a estos fondos a través de su matrícula.
“Pedimos a los legisladores de Connecticut que cumplan con sus ideales de ser un Estado progresivo donde todos sus habitantes son valorados, seguros y se les permite alcanzar su máximo potencial. Mientras el Dream Act se detiene en el Congreso federal, y nuestros jóvenes inmigrantes son atacados a nivel nacional, este es el año en que Connecticut envía un mensaje audaz de que nuestro Estado y nuestros legisladores se oponen al odio y apoyan los sueños de todos sus residentes”.
La activista agregó que “igualar esta ayuda a los estudiantes inmigrantes es una cuestión de equidad, los jóvenes inmigrantes contribuyen al sistema, pero no se les permite el acceso a la ayuda que ayudan a financiar. Los estudiantes han estado luchando durante 4 años por la igualdad de acceso, este año Connecticut tiene la oportunidad de ponerse de pie para apoyar a nuestros dreamers. Sólo estamos pidiendo igualdad, no un trato especial”.
La Afford To Dream Bill (HB5031), igualaría el acceso a la ayuda institucional generada por los estudiantes, finalizó Bortolleto.
De izquierda a derecha: María Pérez y su hija Carmen Minchoff de Branford escuchan las instrucciones de cuidado de Olfa Santana-Zephirin de Assisted Living Services (ALS). La agencia un proveedor con credenciales para un programa estatal que paga a parientes para que cuiden a los miembros mayores de la familia en el hogar.
Los Assisted Living Services brinda capacitación, pago y personal bilingüe para el programa de cuidadores del Estado
MERIDEN.- Carmen Minchoff agradeció que ella puede proporcionar personalmente el cuidado que su madre María Pérez, de 90 años, necesita.
A Carmen se le paga por ser la cuidadora de su madre porque su madre califica para el programa de CT Adult Family Living / Foster Caregiver (AFL).
Carmen recibió la capacitación requerida a través de Assisted Living Services, Inc. en Meriden, un proveedor con credenciales del programa.
Carmen compartió su agradecimiento con Ron D’Aquila, cofundador y vicepresidente de Assisted Living Services (ALS).
“El beneficio financiero hace que la vida sea menos estresante para los cuidadores”, expresó.
Carmen quiere que otros miembros de la comunidad hispana estén al tanto de este programa, y cómo la ha ayudado a ella y a su madre.
El hecho de que ALS ofrezca enfermeras hispanas fue una ventaja definitiva, ya que su madre no es bilingüe, comentó Carmen.
Olfa Santana-Zephirin, visita a María y Carmen en su casa.
“Mamá disfruta de las visitas de Olfa”, comentó Carmen.
“Queremos apoyar a las familias del área con esta opción para que brinden los servicios de apoyo necesarios que sus seres queridos necesitan para envejecer de manera segura en el hogar,” comentó D’Aquila.
El programa ayuda a capacitar y educar a los cuidadores de crianza temporal sobre cómo brindar atención, pero también ayuda a mantener a la gente en casa en lugar de tener que ir a un asilo de ancianos, algo que la mayoría de la gente prefiere a medida que envejecen.
Puede reducir los costos asociados con la atención domiciliaria y la atención institucional. Un cuidador puede recibir un estipendio libre de impuestos de más de 500 dólares por semana, dependiendo de la complejidad de la atención, bajo el The Adult Family Living / Foster Caregiver Program, según D’Aquila.
El programa es parte Connecticut Home Care Program for Elders (CHCPE) del Departamento de Servicios Sociales.
El Adult Family Living/Foster Care se define como la atención personal y los servicios de apoyo que se brindan a los participantes que residen en un hogar privado por un cuidador principal que vive en el hogar.
El proveedor directo puede ser pariente del participante siempre que no sea un pariente legalmente responsable (como un esposo o esposa).
En su función de proveedor acreditado del programa, los Assisted Living Services brindan las “herramientas” necesarias para sentirse cómodo y tener éxito en el cuidado, como proporcionar al cuidador orientación, educación, capacitación, y apoyo continuo por parte de una enfermera registrada que visita regularmente (generalmente cada 6 semanas, o con mayor frecuencia si es necesario).
Además, se asegura de que el hogar se mantenga adecuadamente según lo requerido por el Estado, que el cuidador de crianza cumpla con las necesidades de salud y seguridad del participante, paga al cuidador semanalmente y ofrecer depósito directo para su conveniencia, proporciona cobertura de relevo para el cuidador de crianza temporal por tiempo libre o vacaciones según sea necesario, brinda recursos como un especialista certificado en cuidado de la demencia para ayudar en el entrenamiento en ciertas circunstancias y utiliza el programa exclusivo e innovador de la compañía llamado CarePlus que combina el cuidado y la tecnología para ayudar a satisfacer las necesidades del cliente sin costo adicional.
Para calificar, los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos: tener 65 años de edad o más, ser un residente de Connecticut, estar en riesgo de colocación en un hogar de ancianos y cumplir con los criterios de elegibilidad financiera del programa.
De acuerdo con los promotores, el solicitante necesita asistencia con cuidados personales críticos, como bañarse, vestirse, comer, tomar medicamentos, ir al baño o transferirse.
Luego, se revisan las necesidades de cada solicitante para determinar si el solicitante puede permanecer en su hogar con la ayuda de los servicios de atención domiciliaria.
Para obtener más información sobre este programa, pueden comunicarse con Lynne Schmidt en Assisted Living Services, Inc. al 203-634-8668 o enviar un correo electrónico a Lynne@assistedlivingct.com
Por su barandilla de baja altura, el puente la East Main Street se ha convertido en un atractivo para las personas que intentan hacerse daño.
STAMFORD.- El puente la East Main Street sobre la carretera I-95 se ha convertido un atractivo para las personas que intentan hacerse daño.
Una razón es la barandilla, con una base de cemento corta, rematada por barras de metal de baja altura.
La base sirve como un paso sobre las barras para alguien que busca saltar al tráfico a exceso de velocidad en la carretera.
Ha pasado casi un año desde el último suicidio. El 9 de marzo, Abbey Meany, una madre soltera de 27 años de Stamford, se zambulló en el carril izquierdo hacia el norte, donde fue atropellada por un automóvil.
Jim Rubino, miembro de la Junta de Representantes y la Junta de Educación, quiere saber por qué el puente, parte de la Ruta 1, no tiene una cerca más alta.
“Cada vez que alguien salta y muere, el Estado debe hacer algo”, comentó Rubino, quien creció en el vecindario.
A medida que se acerca la fecha de un año de la muerte de Meany, Rubino
escribió a tres funcionarios estatales que representan a Stamford: el representante Dan Fox, el representante Livvy Floren y el senador Scott Frantz.
“Quería solucionar el problema, porque parece que alguien salta de ese puente cada dos años”, indicó Rubino.
“La valla que está en el puente llega a la altura de la cadera, es bastante fácil pisarla. Creo que se puede hacer algo, incluso temporalmente, a bajo costo, por lo que no es tan tentador molestar a la gente”, agregó
Dejando de lado los suicidios, el puente plantea otros peligros.
“Lo caminé solo para experimentarlo. Es aterrador. Una persona puede caerse por accidente. Los niños pueden arrojar piedras fácilmente a la I-95”, comentó Rubino.
Los tres legisladores estatales respondieron a sus correos electrónicos, pero lo que dijeron no era lo que Rubino quería escuchar.
Le dijeron que consultaron con los funcionarios del Departamento de Transporte del Estado y dijeron que el puente, que está cerca de la salida 9, debe ser reconstruido, y que el proyecto saldrá a licitación a fin de mes.
Pero eso no significa que algo sucederá pronto, lamentó Rubino.
El portavoz de Departamento de Transporte, Judd Everhart, dijo que se construirá un nuevo puente de la East Main Street al lado del anterior, luego durante un fin de semana, se levantará el antiguo y se dejará caer el nuevo, minimizando la interrupción del tráfico.
El proyecto se anunciará el 28 de febrero, indicó Everhart.
Lleva 60 días seleccionar un contratista y el trabajo debería comenzar a fines de la primavera o el verano, añadió la vocera.
“El cronograma actual exige que el nuevo puente se ponga en marcha en agosto de 2019. Todo el proyecto debe hacerse en el otoño de 2020”, precisó Everhart.
El contrato incluye una disposición para instalar una cerca de seguridad temporal en el puente existente cuando el contratista ingrese al sitio.
El nuevo puente tendrá una valla de seguridad permanente, informó la portavoz.
Pero Rubino se mostró escéptico. En la actual crisis presupuestaria del Estado, el gobernador Dannel Malloy suspendió recientemente 4.3 mil millones de dólares en proyectos del Departamento de Transporte financiados por el Estado.
El Norwalk Community Health Center hubiese perdido p1.8 millones de dólares, es decir, el 15 por ciento de su presupuesto, si el programa no se renovaba.
NORWALK – Muchos centros de salud comunitarios, incluido el Norwalk Community Health Center, estaban preocupados por perder millones en fondos federales cuando el Congreso no renovó el apoyo para el programa en agosto. Pero el nuevo acuerdo presupuestario firmado por el presidente Donald Trump el viernes pasado amplió los fondos para los centros de salud comunitarios para los próximos dos años.
Los centros de salud calificados federalmente actúan como la red de seguridad de atención médica del país, brindando atención a los pacientes por los costos basados en los ingresos. Los que están por debajo de la línea de pobreza pagan solo una tarifa nominal.
Durante décadas, estos centros de salud recibieron fondos federales para compensar esos descuentos.
El Norwalk Community Health Center, que vio a casi 14 mil pacientes (75 por ciento de los cuales tenían ingresos por debajo del umbral de la pobreza) en 2016, perdía 1.8 millones de dólares, el 15 por ciento de su presupuesto, si el programa no se renovaba.
Ahora, tales temores han sido pospuestos por otros dos años, se dio a conocer.
“Estábamos preocupados. Estábamos llegando muy cerca del borde del acantilado y esta noticia es un alivio sustancial, no sólo para las personas que trabajan en los centros, sino también para los pacientes, que ahora saben que tendrán continuidad de la atención”, declaró James Maloney, director general del Connecticut Institute for Communities, con sede en Danbury.
“Esta extensión de dos años permitirá que los centros de salud comunitarios en Connecticut y en todo el país continúen brindando servicios esenciales a sus pacientes”, comentó el Senador federal Richard Blumenthal.
El reciente acuerdo presupuestario continúa financiando el programa en niveles similares a los años anteriores.
Los centros de salud comunitarios recibieron 3.6 mil millones de dólares en el año fiscal 2017, y están programados para recibir 3.8 mil millones de dólares para el año fiscal actual en 4 mil millones de dólares para 2019.
Si bien la noticia fue un alivio para muchos, el financiamiento del centro de salud comunitario se extendió por un período de tiempo más corto que el Children’s Health Insurance Program (CHIP0, que enfrentó una crisis similar cuando sus fondos no se renovaron en el otoño.
El CHIP ofrece atención médica gratuita o de bajo costo para los niños de familias de bajos ingresos.
Después del retroceso cuando casi dos millones de niños estaban en peligro de perder su cobertura de salud, el Congreso aseguró fondos para el programa para la próxima década.
“Estamos agradecidos con el Congreso por extender los fondos”, comentó Craig Glover, director ejecutivo del Norwalk Community Health Center. Pero señaló que dos años es poco tiempo para los estándares federales.
“Así que todavía tenemos que volver y trabajar con el Congreso para extender el financiamiento más allá de dos años para asegurarnos de evitar esta situación dentro de los próximos dos años”, agregó Glover.
El caucus demócrata del Senado estatal había emitido una carta pidiendo a los líderes del Congreso que prioricen la extensión de los fondos para los centros de salud comunitarios, llamando a la situación un posible desastre humanitario y fiscal.
Ahora que se han asegurado los fondos sólo para los próximos dos años, el líder de la Mayoría del Senado, Bob Duff (D-Norwalk), precisó que estaba muy satisfecho.
“Mi esperanza es que los fondos para los centros de salud comunitarios, que están en cada distrito congresional de la nación, se financien en el futuro a más largo plazo”, finalizó Duff.
Cerrar sus automóviles con seguridad durante la noche para evitar robos instó la policía estatal a los automovilistas.
STAMFORD.- Los oficiales de la policía estatal de Connecticut instaron a los automovilistas a cerrar sus automóviles con seguridad durante la noche para evitar robos.
Los detectives continúan su investigación sobre un sospechoso que fue captado por las cámaras de vigilancia mirando detenidamente un automóvil en busca de objetos para robar.
La policía está investigando un intento de robo ocurrido alrededor de las 3:30 de la mañana, el domingo pasado, en Durham, en las afueras de una casa local, donde un hombre con una sudadera con capucha fue captado tratando de entrar en el vehículo cerrado con llave.
La policía agregó que algunos sospechosos buscan autos que estén desbloqueados y de fácil acceso, lo que significa que en la escena no dejan ventanas rotas, entrada forzada ni ruido.
Las autoridades publicaron el video donde se observa al sospechoso, intentando robar un vehículo.
La policía indicó que otros sospechosos, no muy diferentes al que se observa en el video, buscan autos que estén desbloqueados o que tengan objetos de valor a plena vista.
Se arriesgarán a hacer ruido y romper una ventana si los objetos de valor están a la vista y son de fácil acceso, indicaron las autoridades.
“Se pide que cualquier persona que tenga información sobre el intento de robo, que se comunique con la Tropa F de la policía del estado de Connecticut llamando al 860-399-2100”, finalizó la policía.
