Home Blog Page 109

Ley que busca dar camino a la ciudadanía a beneficiarios de TPS y DACA regresa al Congreso de EEUU

La “Ley del Sueño y la Promesa Estadounidense” volverá al Congreso de Estados Unidos con apoyo de un grupo bipartidista de legisladores y organizaciones proinmigrantes, según anunció el miércoles la congresista demócrata Sylvia García.

El proyecto busca ofrecer un camino hacia la ciudadanía estadounidense para los beneficiarios de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), Estatus de Protección Temporal (TPS) y Salida Forzosa Diferida (DED).

“Ya tenemos más de 200 patrocinadores, así que no estoy aquí sola… vamos a luchar arduamente para asegurarnos de que llegue al presidente y le vamos a decir que si quiere una solución, la tenemos y tenemos un plan… Es hora de actuar en nombre de todos los estadounidenses y proteger a esta gente que ha estado aquí toda su vida”, dijo García en conferencia de prensa.

En una entrevista en diciembre de 2024, el entonces presidente electo de EEUU, Donald Trump, aseguró que se debía “hacer algo sobre los soñadores porque son personas que fueron traídas muy jóvenes y muchos ahora son de mediana edad, ni siquiera hablan el idioma de sus países”.

Trump aseguró que buscaría “trabajar con los demócratas en un plan” pero, según el presidente, “lo han hecho muy difícil”.

“Biden pudo haberlo hecho pero no lo hizo”, agregó.

El miércoles, durante el anuncio, a la congresista demócrata de Texas también se unieron una decena de representantes, incluyendo a Andriano Espaillat y Nydia Velázquez de Nueva York.

“Los soñadores y los beneficiarios del TPS han hecho todo bien. Siguen las reglas, trabajan duro. Han hecho sacrificios. Y, por cierto, los beneficiarios del TPS vinieron aquí porque el gobierno de los Estados Unidos los invitó a venir. De El Salvador a Haití, a países de África, Venezuela… están aquí, trabajando duro y cumpliendo las reglas”, dijo Velázquez.

Los “soñadores” son jóvenes que llegaron a EEUU sin un estatus migratorio durante su infancia y a través de DACA, tienen un alivio temporal de la deportación y autorización de trabajo.

¿Cómo funcionaría esta ley?

El proyecto de ley se divide en dos partes. La primera sección llamada “Sueño Estadounidense” estipula que se debe proporcionar una residencia permanente condicional durante 10 años a quienes hayan entrado a EEUU siendo menor de edad y tengan un estatus de DACA, TPS o DED.

Los requisitos incluyen que la persona esté presente físicamente de forma continua en el país, que apruebe una verificación de antecedentes y que esté inscrita o haya completado determinados programas educativos.

Multas, prisión, para inmigrantes irregulares en EEUU que no se registren

Tener una “residencia permanente condicional” significa que el gobierno estadounidense tendría la potestad de remover el estatus si determina que la persona incumplió las condiciones requeridas para solicitarla.

La segunda parte, llamada “Promesa estadounidense” busca extender estas protecciones a otras personas que llegaron a EEUU siendo mayores de edad y están cobijados o eran elegibles para TPS y DED, y han estado en el país al menos tres años seguidos.

En EEUU los inmigrantes que tengan residencia permanente durante cinco años pueden solicitar la ciudadanía estadounidense.

Alexis Toro Juárez, un beneficiario de DACA dijo durante la conferencia de prensa que esta ley le proveería la “estabilidad” que necesita para continuar sus estudios universitarios.

“Yo también soy indocumentado y no tengo miedo, aunque mi familia y yo nos mudamos a EEUU cuando era niño; fue hasta mi último año de secundaria que realmente comencé a enfrentar las realidades de ser indocumentado… Cuando escuché por primera vez que se iba a volver a presentar la Ley del Sueño y la Promesa Estadounidense, sentí una sensación de esperanza nuevamente”, expresó Toro Juárez.

Este proyecto de ley había sido presentado en 2019, 2021 y 2023. Las primeras dos ocasiones logró pasar la Cámara de Representantes, pero no lograron ser consideradas en el Senado. La última, en 2023, fue remitida a las comisiones de Justicia y de Educación, sin pasar de allí.

Jefe del Pentágono visita la base de Guantánamo mientras llegan más detenidos

En la más reciente ocasión contaba con 207 copatrocinadores. Entre ellos, cuatro republicanos como María Elvira Salazar de Florida, quien recientemente también reintrodujo ante el Congreso la Ley de Ajuste Venezolano, que permitiría a ciertos venezolanos que cumplan con los requisitos, incluido el ingreso a Estados Unidos antes o el 31 de diciembre de 2021, ajustar su estatus migratorio y obtener la residencia permanente.

Las leyes deben ser introducidas nuevamente con cada cambio de Congreso.

Hasta septiembre de 2024 había unos 538.000 beneficiarios activos de DACA, la mayoría de México, El Salvador y Guatemala. Mientras más de 863.000 personas tendrían TPS.

En 2017, durante su primer término, la administración Trump anunció el fin de DACA, lo que desató una serie de demandas que pausaron la expiración de estos beneficios. En enero de 2025, un juez federal determinó que DACA era ilegal, sin embargo, permitió que continuaran las solicitudes de renovación de beneficios.

Actualmente, el gobierno estadounidense no está procesando nuevas solicitudes de DACA.

Por otro lado, a inicios de febrero, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU (DHS), Kristi Noem, emitió una orden con la que puso fin al TPS para Venezolanos. Días después también se canceló la extensión que se había dado al programa para haitianos.

VOZ DE AMERICA

Juez federal bloqueó orden ejecutiva de Trump que suspendía el programa de admisión de refugiados

WASHINGTON DC (INFOBAE).- Un tribunal federal en Seattle emitió una orden preliminar que detiene la implementación de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en su primer día de regreso al cargo, la cual suspendía el histórico Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos.

Según informó The New York Times, el juez Jamal N. Whitehead, del Tribunal de Distrito para el Distrito Oeste de Washington, dictaminó que la orden de Trump probablemente excedía los límites de su autoridad presidencial y ordenó la restauración del programa mientras se resuelve una demanda en curso.

El juez Whitehead argumentó que la suspensión del programa, establecido por el Congreso en 1980, representaba una posible violación de la separación de poderes. “El presidente tiene una amplia discreción para suspender la admisión de refugiados, pero esa autoridad no es ilimitada”, señaló el juez en su fallo, según consignó NBC News. Además, indicó que la orden ejecutiva parecía anular la voluntad del Congreso y violar principios fundamentales del derecho administrativo.

Millones de beneficiarios

El Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos, que ha permitido la entrada de más de 3 millones de refugiados desde su creación, había sobrevivido a siete administraciones presidenciales, incluida la primera presidencia de Trump. Sin embargo, la orden ejecutiva firmada el 20 de enero buscaba detenerlo indefinidamente, argumentando que el país carecía de la capacidad para absorber grandes números de refugiados sin comprometer recursos, seguridad y procesos de integración.

La demanda contra la orden fue presentada por nueve refugiados individuales y tres organizaciones que reciben fondos federales para ayudar en la reubicación de refugiados. Entre los demandantes se encuentra un hombre de 22 años de la República Democrática del Congo, identificado como Pacito, quien había vendido todas sus pertenencias y abandonado su hogar en preparación para viajar a Estados Unidos con su familia, solo para descubrir que su vuelo había sido cancelado dos días después de la firma de la orden.

Los demandantes sostienen que la suspensión del programa viola la ley que lo creó, los procedimientos establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo y la garantía de debido proceso de la Quinta Enmienda. Según The New York Times, el juez Whitehead consideró que estos argumentos tienen una alta probabilidad de éxito, calificando la orden ejecutiva como una “anulación efectiva de la voluntad del Congreso”.

Por su parte, el Departamento de Justicia defendió la medida, argumentando que Trump actuó dentro de su autoridad constitucional y legal para tomar decisiones relacionadas con la seguridad nacional y la admisión de extranjeros. Sin embargo, durante la audiencia, el juez cuestionó los efectos de la orden, señalando que los refugiados separados de sus familias y aquellos atrapados en procesos de reubicación interminables enfrentan daños irreparables que no pueden ser compensados económicamente.

El abogado del Departamento de Justicia, August Flentje, solicitó que, en caso de que el juez fallara en contra de la administración, la orden judicial se limitara únicamente a los demandantes que demostraran un daño irreparable. Sin embargo, los abogados de los demandantes insistieron en que una orden más amplia era necesaria para abordar los perjuicios sufridos por todos los afectados.

Cumplimiento de la orden judicial

La suspensión del programa también afectó a las organizaciones que trabajan en la reubicación de refugiados, muchas de las cuales enfrentaron despidos de personal y la interrupción de servicios esenciales debido a la congelación de fondos federales. Según NBC News, los abogados de los demandantes advirtieron que las consecuencias de la orden ejecutiva eran comparables a “un Humpty Dumpty cayendo de un muro de ladrillos”, con daños que no podrían repararse sin una intervención inmediata.

El juez sostiene que laEl juez sostiene que la medida podría violar la separación de poderes y restaura temporalmente programa que ha beneficiado a millones de refugiados desde 1980. (REUTERS/Carlos Osorio)

Aunque el juez Whitehead emitió una orden preliminar para restaurar el programa y los fondos asociados, persisten dudas sobre si la administración de Trump cumplirá con el fallo. El gobierno de Trump ha enfrentado múltiples demandas legales y, en algunos casos, ha encontrado formas de eludir las órdenes judiciales.

En casos anteriores, otros jueces federales han tenido que emitir mociones para hacer cumplir sus fallos, lo que sugiere que el cumplimiento de las decisiones judiciales por parte de la administración no siempre ha sido inmediato. Aunque ningún funcionario ha sido declarado en desacato, publicaciones en redes sociales del expresidente, como la frase “Quien salva a su país no viola ninguna ley”, han generado temores de una posible crisis constitucional si el poder ejecutivo desafiara abiertamente la autoridad judicial.

El fallo del juez Whitehead podría ser apelado por el gobierno ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito. Si el tribunal de apelaciones o la Corte Suprema conceden una suspensión, la orden ejecutiva de Trump podría volver a entrar en vigor mientras continúa el litigio. Sin embargo, si la orden preliminar se mantiene, el programa de admisión de refugiados deberá ser restaurado temporalmente.

INFOBAE

Indocumentados comparten impacto de no tener seguro

HARTFORD.- Alrededor del 58% de los 113 mil inmigrantes indocumentados que viven en Connecticut carecen de seguro médico, según la Connecticut Health Foundation, una organización independiente sin fines de lucro que otorga subvenciones para la salud y se dedica a la formulación de políticas públicas.

La comunidad inmigrante enfrenta muchos obstáculos para acceder al seguro médico debido a su estatus indocumentado, como restricciones de elegibilidad, trabajos con salarios bajos que no ofrecen seguro médico, barreras lingüísticas y miedo y desconfianza generales en el sistema.

De acuerdo con el Stamford Advocate, los indocumentados en Connecticut enfrentan desafíos para acceder a planes médicos como Medicaid, Medicare o CHIP (Programa de Seguro Médico Infantil).

Michelle Ham, cuya historia fue compartida en un mitin llevado a cabo en el Capitolio estatal en Hartford, se mudó a Connecticut desde Honduras con su familia cuando tenía dos años y ha vivido con la preocupación constante de enfermarse.

Ham, que ahora tiene 21 años, como muchos otros inmigrantes indocumentados, no califica para el programa Medicaid del Estado y se preocupa por cómo ella y su familia podrán pagar el tratamiento médico cuando llegue el momento de una visita al hospital.

Cuando Ham fue admitida en la sala de emergencias hace unos años, dijo que los médicos le informaron que necesitaba una cirugía para extirpar varios quistes grandes alrededor de sus ovarios.

En lugar de programarla, comenzó a tomar medicamentos para ver si los quistes se curaban solos, pero “por suerte”, se conectó con un médico que realizó la cirugía pro bono.

Más tarde, un quiste reapareció y Ham dijo que tuvo que pagar mucho dinero de su bolsillo para ver a un especialista y obtener la medicación que necesitaba para curarse.

“Ampliar los beneficios de salud de HUSKY me daría la oportunidad de no tener que preocuparme por tener que pagar y preguntarme de dónde tendría que venir el dinero”, dijo un orador en el mitin, leyendo el testimonio de Ham en apoyo de dos proyectos de ley que ampliarían Medicaid, también conocido como HUSKY, a los residentes elegibles por ingresos de 26 años o menos, independientemente del estado migratorio.

Aunque las historias de la experiencia de la comunidad indocumentada se hicieron eco en el Capitolio a principios de este año, muchas de las personas afectadas, como Ham, no asistieron en persona y algunas no fueron nombradas por la preocupación de convertirse en un objetivo del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), a raíz de las órdenes ejecutivas antiinmigrantes de la administración del presidente Donald Trump.

Sin embargo, los defensores y los miembros de la comunidad por igual dijeron que estas acciones federales subrayan la importancia de la acción legislativa estatal, a pesar del posible rechazo.

“Si Connecticut quiere un futuro que incluya familias saludables y una fuerza laboral estable, próspera y en crecimiento que esté lista para satisfacer las necesidades de nuestro futuro, Connecticut debe garantizar que todos tengamos acceso a un seguro médico independientemente de nuestro estatus migratorio”, continuó el testimonio de Ham.

Carolina Bortolleto, líder de la HUSKY 4 Immigrants Coalition, dijo que ha escuchado muchas historias de personas que se han negado a recibir tratamiento después de sufrir una lesión que finalmente afectó su movilidad.

“Es un problema que se multiplica. Cualquier problema de salud que se tenga es mucho más rentable y más fácil para el paciente tratarlo tan pronto como aparece, en lugar de hasta que se agrave lo suficiente”, dijo Bortolleto.

Esto es lo que le pasó a la madre de un joven de Danbury de 17 años y miembro de la organización Connecticut Students for a Dream (C4D), un grupo de defensa estatal dirigido por jóvenes indocumentados.

Un miembro del grupo compartió la historia del estudiante en el Capitolio este mes. El testimonio se presentó sin el nombre del estudiante por temor a que su familia fuera objeto de persecución por su estatus migratorio.

El estudiante describió cómo su madre esperó casi tres años antes de buscar atención para un diente infectado porque no tenían seguro médico. Finalmente, fue a ver a un médico sin licencia que realizó una cirugía para extraer el diente.

 

 

Demandan a 13 empresas que fabrican, distribuyen y venden productos de vapeo

NUEVA YORK.- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, demandó a los fabricantes de 13 empresas diferentes de cigarrillos electrónicos o vaporizadores.

Su oficina dijo que está demandando a las empresas “por su papel en el fomento de la epidemia del vapeo entre los jóvenes”, según el informe.

Los fabricantes, distribuidores y minoristas nombrados en la demanda son Puff Bar, MYLE Vape, Pod Juice, Mi-One Brands, Happy Distro, Demand Vape, EVO Brands, PVG2, Magellan Technology, Midwest Goods, Safa Goods, EVO Brands y Price Point Distributors.

Su oficina añadió que llevó a cabo una investigación que concluyó que “estas empresas comercializan productos de nicotina con sabor a caramelo y fruta altamente adictivos a consumidores menores de edad”.

La Fiscal General afirmó que las empresas de vapeo nombradas en esta nueva demanda han violado la ley de forma repetida y consciente.

La oficina de James dijo que las compañías engañaron a las personas sobre la seguridad y legalidad de sus productos, y luego los enviaron ilegalmente a Nueva York mientras violaban las regulaciones de salud diseñadas para frenar el vapeo juvenil.

La demanda de la Fiscal General busca cientos de millones de dólares en daños derivados de sanciones financieras vinculadas a violaciones de leyes locales, estatales y federales.

La demanda también buscará la restitución por “el impacto en la salud pública de las acciones ilegales de las compañías; la recuperación de todos los ingresos obtenidos de la actividad ilegal; y el establecimiento de un fondo de reducción para abordar la crisis del vapeo juvenil”, agregó la oficina de la Fiscal General.

James argumentó que la industria del vapeo “están haciendo que la nicotina parezca genial, haciendo que los niños se enganchen y creando una crisis masiva de salud pública en el proceso”.

La Fiscal General también alega que estas compañías de vapeo han ignorado descaradamente las leyes de salud pública del estado de Nueva York, incluidas varias políticas promulgadas en los últimos años para frenar el vapeo juvenil.

En 2020, Nueva York prohibió la venta de productos de vapor con sabor, restringió el envío y transporte de productos con nicotina y aumentó la edad legal para comprar todos los vaporizadores a 21 años.

El Estado también ha prohibido los cupones y descuentos en los vaporizadores y comenzó a exigir a ciertas empresas que revelen los ingredientes peligrosos en los productos.

 

 

Costo del seguro de salud podría dispararse si el Congreso no actúa este año

HARTFORD.- Access Health CT (AHCT) reportó un número récord de consumidores de Connecticut inscritos en seguros de salud y dentales para el año 2025 durante el período abierto de inscripción, que se extendió desde el 1º de noviembre de 2024 hasta el 15 de enero de 2025.

Sin embargo, decenas de miles de residentes de Connecticut podrían ver sus costos de cobertura de salud aumentar drásticamente el próximo año si el Congreso no actúa para extender los subsidios mejorados, que son una parte fundamental para hacer la cobertura asequible a través de mercados federales y estatales como Access Health CT.

Un total de 151 mil 151 consumidores de Connecticut se inscribieron en un plan de salud calificado (QHP) para el año 2025, en comparación con 129 mil al final del período abierto de inscripción del año 2024.

Esta cifra incluye a 41 mil 165 residentes inscritos en el programa Covered CT sin costo, frente a los 27 mil 393 del año pasado.

Además, el Access Health CT inscribió a más residentes en la cobertura dental, con un total de 17 mil 756.

“Estamos orgullosos de otro año de inscripción récord para Access Health CT, porque significa que cada vez más residentes de Connecticut están recibiendo la cobertura que necesitan para llevar una vida sana”, declaró el director ejecutivo de Access Health CT, James Michel.

“Access Health CT es el único lugar donde los residentes de Connecticut pueden obtener ayuda financiera para pagar su seguro de salud. Y una de las grandes ventajas de esta cobertura son los chequeos preventivos, que pueden salvar vidas y que los clientes pueden recibir sin costo alguno”, agregó el directivo.

Esta ayuda financiera está en riesgo. Los subsidios mejorados, creados como parte de la American Rescue Plan Act (ARPA) de 2021 y prorrogados por la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de 2022, han ampliado significativamente el acceso y la asequibilidad de la cobertura del seguro de salud para millones de personas en los Estados Unidos. Pero expiran a finales de este año.

Si los subsidios finalizan, la Oficina de Presupuesto del Congreso prevé que casi cuatro millones de estadounidenses perderán su seguro de aquí a 2034, lo que conllevará a un país más enfermo en general.

Sin los subsidios mejorados disponibles, las personas más sanas podrían abandonar los mercados, lo que provocaría que las aseguradoras aumentaran las primas de las personas inscritas restantes.

Desde que se introdujeron los subsidios mejorados, el número de personas que reciben ayuda financiera en Connecticut ha aumentado casi un 30%. Aproximadamente el 90% de los consumidores de Access Health CT ahora reciben ayuda financiera.

Sin estos subsidios, los residentes de Connecticut podrían esperar pagar, en promedio, mil 700 dólares más al año por su seguro de salud. Algunos residentes verán un aumento de casi 3 mil dólares al año.

“Tenemos la suerte de contar con firmes defensores locales a nivel legislativo que han luchado por aumentar el acceso a la cobertura de salud y hacerla más económica. Los senadores y congresistas de Connecticut también han apoyado los subsidios mejorados que han ayudado a tantos de nuestros residentes”, afirmó Michel.

“Esperamos que la delegación de Connecticut siga abogando por la ampliación de estos subsidios e inviten a sus colegas de todo el país a unirse a ellos en apoyo de todas las personas en los Estados Unidos”, finalizó el directivo.

 

 

Completan desarrollo de viviendas asequibles de 33 unidades

CROTON-ON-HUDSON.- La gobernadora Kathy Hochul anunció la finalización de Maple Commons, un nuevo desarrollo de viviendas en Croton-on-Hudson, en el condado de Westchester, que cuenta con 33 viviendas asequibles y energéticamente eficientes en una comunidad transitable a pie y orientada al transporte público.

El complejo de dos edificios de 18 millones de dólares está ubicado en la Maple Street, en la ciudad de Croton-on-Hudson, y está orientado a las personas que ganan hasta el 80 por ciento del ingreso medio del área.

El desarrollo cuenta con una combinación de unidades de alquiler de una, dos y tres habitaciones, junto con un parque de 8 mil pies cuadrados que está abierto al público y espacios comunes al aire libre adicionales, incluido un área de juegos.

Todos los residentes tendrán acceso a internet gratuito de alta velocidad en sus unidades.

El desarrollo altamente eficiente energéticamente y totalmente eléctrico ha sido certificado por el New Construction – Housing Program de la New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA). Las medidas de eficiencia incluyen equipos de alta eficiencia para calefacción y refrigeración de espacios, agua caliente y electrodomésticos.

“Maple Commons trae apartamentos asequibles muy necesarios a Croton-on-Hudson, una de las primeras comunidades pro-vivienda del Estado”, de acuerdo con Hochul.

“Este desarrollo altamente eficiente en términos de energía y orientado al tránsito es el último ejemplo del compromiso de mi administración para hacer que nuestro Estado sea más asequible y garantizar que todos los neoyorquinos tengan acceso a un lugar estable y seguro para vivir”, agregó la funcionaria.

En los últimos cinco años, NYS Homes and Community Renewal ha creado o preservado más de 5 mil viviendas asequibles en Westchester. La Oficina de la Gobernadora dijo que Maple Commons continúa con este esfuerzo y complementa el Plan de Vivienda de cinco años de 25 mil millones de dólares de Hochul, que está destinado a crear o preservar 100 mil viviendas asequibles en todo el Estado.

“Maple Commons ha transformado un terreno baldío sin uso en viviendas para 33 familias”, expresó el alcalde de Croton-on-Hudson, Brian Pugh. “Las nuevas viviendas significan más clientes y trabajadores para las empresas locales y una economía local más dinámica. Este desarrollo demuestra lo que sucede cuando trabajamos juntos, cuidadosa y deliberadamente, para crear viviendas asequibles de calidad, que son tan desesperadamente necesarias en nuestra comunidad. Agradecemos a nuestros socios en el gobierno estatal y local por contribuir a este esfuerzo. Lo más importante es que damos la bienvenida a nuestros nuevos vecinos y futuros amigos en Maple Commons”, indicó el Alcalde.

La financiación estatal incluye créditos fiscales estatales y federales para viviendas de bajos ingresos que generarán 11.1 millones de dólares en capital y 1.7 millones de dólares en subsidios de NYS Homes and Community Renewal.

El condado de Westchester proporcionó 1.7 millones de dólares a través de su New Homes Land Acquisition Program.

 

 

Cómo el miedo a las redadas del ICE está cambiando las responsabilidades de educadores

HARTFORD.- Para el superintendente de East Hartford, Thomas Anderson, ser líder de distrito significaba que sus responsabilidades laborales podían cambiar según las circunstancias y el clima político en todo el país.

En 2020, fue la pandemia de COVID-19, cuando los superintendentes se convirtieron en “maestros” de todo lo relacionado con la prevención del virus, desde equipo de protección personal (PPE) hasta purificadores de aire y políticas de mascarillas.

Y ahora, deben actuar ante la ofensiva de la administración del presidente Donald Trump contra la inmigración.

De acuerdo con CT Insider, Anderson y los educadores de Connecticut se enfrentan a una nueva realidad en la que sus responsabilidades se han ampliado para incluir la preparación y respuesta a posibles redadas del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), especialmente porque apenas unos días después de su segunda presidencia, Trump levantó las reglas de larga data que prohibían la aplicación de la ley de inmigración en o cerca de áreas protegidas, como escuelas, iglesias y hospitales.

Si bien no se conocen casos del ICE apareciendo en las escuelas del Estado, es algo que se está planeando.

“Es una prioridad”, dijo Anderson, no solo para los superintendentes, sino también para los maestros, los estudiantes y las familias.

El Estado emitió recientemente una guía en preparación para posibles visitas del ICE, recomendando que las políticas del distrito designen a un funcionario escolar como la persona de contacto para las solicitudes y visitas de los agentes.

Esa guía pronto podría convertirse en ley, ya que la legislatura estatal está considerando una legislación de certificación de emergencia que requeriría que los distritos incluyan específicamente protocolos para interactuar con una autoridad federal de inmigración, incluyendo solicitar una orden judicial y consultar con un asesor legal cuando los agentes de ICE se presenten en las escuelas o soliciten información.

La legislación, basada en las recomendaciones del Estado, requeriría que al menos un administrador escolar actúe como la persona responsable de interactuar con una autoridad federal de inmigración.

Para muchos distritos en Connecticut, que ya han comunicado sus propias políticas, el superintendente es esa persona designada.

Fran Rabinowitz, director ejecutivo de la Asociación de Superintendentes de Escuelas Públicas de Connecticut, dijo que, dadas las nuevas políticas, tenía sentido que la preparación y el manejo de posibles redadas del ICE se convirtiera en responsabilidad del superintendente.

“Creo que los superintendentes lo entienden y no querrían poner esa presión sobre nadie más. No querrán poner eso sobre un director ni sobre nadie más. Deben asumir la responsabilidad”, agregó Rabinowitz.

Pero la nueva preocupación por las redadas del ICE ciertamente podría afectar a los superintendentes, ya que el deber de proteger a los estudiantes de esta nueva amenaza recae sobre ellos, indicó el directivo.

“Eso pone otra presión sobre el superintendente para que presente protocolos que aseguren a su personal que estarán disponibles, que intervendrán en todas estas situaciones. Prepararse para las visitas de los oficiales de inmigración también consumiría tiempo y dinero para los distritos”, dijo Rabinowitz.

Si los oficiales de inmigración se presentan en uno de los edificios escolares en East Hartford, la política del distrito dice que el personal tiene instrucciones de comunicarse con ellos como lo hacen con todos los visitantes y notificar a la Oficina del Superintendente o al Equipo de Seguridad de inmediato.

En las escuelas públicas de todo el estado, el 45.13% de los estudiantes son blancos, según los datos estatales de 2024-25. Sin embargo, en East Hartford, menos del 10% de los estudiantes son blancos, ya que el distrito está compuesto predominantemente por estudiantes hispanos o latinos y afroamericanos.

 

 

Cómo el miedo a las redadas del ICE está cambiando las responsabilidades de educadores

HARTFORD.- Para el superintendente de East Hartford, Thomas Anderson, ser líder de distrito significaba que sus responsabilidades laborales podían cambiar según las circunstancias y el clima político en todo el país.

En 2020, fue la pandemia de COVID-19, cuando los superintendentes se convirtieron en “maestros” de todo lo relacionado con la prevención del virus, desde equipo de protección personal (PPE) hasta purificadores de aire y políticas de mascarillas.

Y ahora, deben actuar ante la ofensiva de la administración del presidente Donald Trump contra la inmigración.

De acuerdo con CT Insider, Anderson y los educadores de Connecticut se enfrentan a una nueva realidad en la que sus responsabilidades se han ampliado para incluir la preparación y respuesta a posibles redadas del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), especialmente porque apenas unos días después de su segunda presidencia, Trump levantó las reglas de larga data que prohibían la aplicación de la ley de inmigración en o cerca de áreas protegidas, como escuelas, iglesias y hospitales.

Si bien no se conocen casos del ICE apareciendo en las escuelas del Estado, es algo que se está planeando.

“Es una prioridad”, dijo Anderson, no solo para los superintendentes, sino también para los maestros, los estudiantes y las familias.

El Estado emitió recientemente una guía en preparación para posibles visitas del ICE, recomendando que las políticas del distrito designen a un funcionario escolar como la persona de contacto para las solicitudes y visitas de los agentes.

Esa guía pronto podría convertirse en ley, ya que la legislatura estatal está considerando una legislación de certificación de emergencia que requeriría que los distritos incluyan específicamente protocolos para interactuar con una autoridad federal de inmigración, incluyendo solicitar una orden judicial y consultar con un asesor legal cuando los agentes de ICE se presenten en las escuelas o soliciten información.

La legislación, basada en las recomendaciones del Estado, requeriría que al menos un administrador escolar actúe como la persona responsable de interactuar con una autoridad federal de inmigración.

Para muchos distritos en Connecticut, que ya han comunicado sus propias políticas, el superintendente es esa persona designada.

Fran Rabinowitz, director ejecutivo de la Asociación de Superintendentes de Escuelas Públicas de Connecticut, dijo que, dadas las nuevas políticas, tenía sentido que la preparación y el manejo de posibles redadas del ICE se convirtiera en responsabilidad del superintendente.

“Creo que los superintendentes lo entienden y no querrían poner esa presión sobre nadie más. No querrán poner eso sobre un director ni sobre nadie más. Deben asumir la responsabilidad”, agregó Rabinowitz.

Pero la nueva preocupación por las redadas del ICE ciertamente podría afectar a los superintendentes, ya que el deber de proteger a los estudiantes de esta nueva amenaza recae sobre ellos, indicó el directivo.

“Eso pone otra presión sobre el superintendente para que presente protocolos que aseguren a su personal que estarán disponibles, que intervendrán en todas estas situaciones. Prepararse para las visitas de los oficiales de inmigración también consumiría tiempo y dinero para los distritos”, dijo Rabinowitz.

Si los oficiales de inmigración se presentan en uno de los edificios escolares en East Hartford, la política del distrito dice que el personal tiene instrucciones de comunicarse con ellos como lo hacen con todos los visitantes y notificar a la Oficina del Superintendente o al Equipo de Seguridad de inmediato.

En las escuelas públicas de todo el estado, el 45.13% de los estudiantes son blancos, según los datos estatales de 2024-25. Sin embargo, en East Hartford, menos del 10% de los estudiantes son blancos, ya que el distrito está compuesto predominantemente por estudiantes hispanos o latinos y afroamericanos.

 

 

Acusado de abandonar cadáver de adolescente también sindicado de abuso sexual

NEW ROCHELLE.- Un hombre que fue acusado de arrojar el cuerpo de un adolescente de 15 años, en New Rochelle, fue acusado también de delitos de abuso sexual infantil que involucran al mismo adolescente.

La fiscal de distrito del condado de Westchester, Susan Cacace, declaró que Hugo Horacio Pérez-Gabriel, de 32 años, de New Rochelle, fue procesado esta semana después de ser acusado de dos cargos de uso de un menor en un acto sexual, dos cargos de difusión de material indecente en primer grado a menores y posesión de un acto sexual obsceno por parte de un menor, todos delitos graves.

La víctima del caso de abuso sexual infantil fue identificada como Jonson Temaj, el mismo joven de 15 años cuyo cuerpo fue encontrado en New Rochelle el 6 de febrero pasado.

Pérez-Gabriel había sido arrestado previamente el 7 de febrero después de que una investigación policial dijera que él y un joven de 16 años no identificado eran responsables de arrojar el cuerpo de Temaj en la acera de la Washington Avenue, en New Rochelle.

En ese momento, Pérez-Gabriel fue acusado de ocultar un cadáver humano, un delito grave, y de poner en peligro el bienestar de un niño, un delito menor.

El joven de 16 años no identificado fue acusado de ocultar un cadáver humano y posesión en segundo grado de un instrumento falsificado.

Temaj fue encontrado sin zapatos ni camisa cuando la policía lo encontró alrededor de las 6:15 de la mañana del 6 de febrero, el mismo día en que una gran tormenta de nieve azotó la región.

La policía intentó administrarle ayuda para salvarle la vida a Temaj antes de que lo llevaran a un hospital cercano, donde fue declarado muerto.

La Oficina del Médico Forense del condado de Westchester aún no ha publicado la causa oficial de la muerte de Temaj.

La denuncia por delito grave alega que Pérez-Gabriel usó WhatsApp para solicitar material sexual a Temaj a principios de febrero.

Temaj envió varios videos explícitos a Pérez-Gabriel, de acuerdo con la oficina del fiscal de distrito del condado de Westchester.

“Las acusaciones en esta denuncia son extremadamente inquietantes. El hecho de que este mismo acusado haya sido acusado anteriormente en relación con el vertido del cadáver de un niño de 15 años hace que este caso sea aún más horrible”, expresó Cacace.

Agregó que “mi oficina está trabajando las 24 horas para averiguar qué le pasó a este niño, y estoy comprometida a hacer justicia a su familia”.

La jueza Tamika Coverdale envió a Pérez-Gabriel a la custodia del Departamento de Correcciones del condado de Westchester después de acusarlo de delitos de abuso sexual infantil.

El Departamento de Policía de New Rochelle y la Fiscalía del Distrito del condado de Westchester aún están investigando la muerte de Temaj.

Los cargos por material de abuso sexual infantil están siendo procesados ​​por Laura Forbes, jefa de la Oficina de Material de Abuso Sexual Infantil.

Demócratas aprueban proyecto que aborda protocolos escolares para interacciones con el ICE

HARTFORD.- Los demócratas de la Cámara de Representantes aprobaron el proyecto de ley HB 7066, una propuesta de ley integral que aborda las interacciones entre el personal escolar y las autoridades de inmigración, la compra y el uso de ciertos drones, las subvenciones a organizaciones sin fines de lucro y la compensación para los estudiantes deportistas.

Un componente clave de la HB 7066 requiere que los superintendentes de las escuelas públicas designen al menos un administrador en cada escuela para manejar las interacciones con las autoridades federales de inmigración.

Estos administradores gestionarían las visitas en persona y las solicitudes de información, asegurando que se sigan los protocolos de seguridad.

Las juntas de educación locales y regionales tendrían que actualizar sus planes de seguridad y protección escolar para incluir procedimientos para estas interacciones.

Después de rechazar dos enmiendas, los demócratas aprobaron la legislación certificada de emergencia con una votación de 94-49 con siete ausentes o no votantes.

Todos los republicanos presentes votaron en contra del proyecto de ley junto con dos demócratas, los representantes Patrick Boyd, de Pomfret, y Kerry Wood, de Rocky Hill.

El proyecto de ley fue transmitido al Senado para su consideración allí.

Si el Senado lo aprueba, la legislación se dirige al escritorio del Gobernador Ned Lamont para su consideración.

Durante el debate, surgieron preguntas sobre si los nuevos requisitos impondrían mandatos a los distritos escolares y exigirían una compensación que impondría cargas financieras a las escuelas.

El representante Joe Poletta, republicano por Waterbury, un oponente del proyecto de ley, cuestionó quién sería responsable de compensar a un administrador designado.

La representante Jennifer Leeper, demócrata por Fairfield, aclaró que no había compensación por estar al tanto de la política estatal y que ya existían protocolos dentro de las escuelas para asuntos de seguridad y protección, un hecho declarado anteriormente en el debate por la representante Toni Walker, demócrata por New Haven.

“Cada escuela tiene un equipo de emergencia, y los equipos de esas escuelas deben tener ciertos miembros. Estamos agregando a ese miembro a ese equipo para que tengamos a alguien responsable en las circunstancias. No requerirá un mandato financiero adicional porque este grupo ya existe. Esta es solo una de sus responsabilidades en ese grupo”, dijo Walker.

Poletta cuestionó a Leeper sobre las implicaciones de los nuevos requisitos.

“¿Puede aclarar qué se espera exactamente que hagan los administradores designados durante estas interacciones? ¿Se les está pidiendo que hagan cumplir la ley de inmigración?”, preguntó.

Leeper respondió que los administradores escolares no hacen cumplir la ley de inmigración.

“El papel de los administradores designados no es hacer cumplir la ley de inmigración, sino garantizar que se sigan los protocolos de seguridad escolar establecidos. Verificarán la identificación, revisarán cualquier documento legal presentado y consultarán con un asesor legal si es necesario. Se trata de mantener un entorno seguro para los estudiantes y el personal al mismo tiempo que se cumplen las obligaciones legales”, dijo Leeper.

El presidente de la Cámara de Representantes, Matt Ritter, demócrata de Hartford, explicó el componente de inmigración del proyecto de ley.

“Queremos asegurarnos de que se sigan las mejores prácticas y, si se hace mal, si no se responde de la manera correcta la primera vez, puede ser traumático para todos los involucrados”, precisó Ritter.

“Estos son agentes de la policía que básicamente entran a las escuelas. Y puedes imaginar lo primero que se le va a pasar por la cabeza a alguien si hay un tiroteo activo o algo así. Queremos asegurarnos de que la gente esté siguiendo las reglas. Antes de enero, no creo que nadie hubiera contemplado tener que enfrentarse a un agente del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) mientras iba a la escuela. Esa es la realidad en la que vivimos”.