La administración Trump busca desalentar a los inmigrantes de buscar beneficios del Gobierno, ya que de hacerlo no podrán obtener la residencia legal o ciudadanía

WASHINGTON.- La administración Trump está considerando un cambio de política que podría desalentar a los inmigrantes que solicitan para obtener la residencia permanente de utilizar los servicios de salud respaldados por el gobierno, un escenario que es alarmante para algunos médicos, hospitales y defensores de pacientes.

Según un borrador del plan, publicado por The Washington Post, un inmigrante legal podría tener problemas para obtener la residencia permanente (green card) si usa, o ha usado en el pasado reciente, los programas de Medicaid, CHIP, WIC, cupones de alimentos, subsidios para pagar un plan médico del Obamacare, y otros beneficios no monetarios que otorga el gobierno.

Según el documento, incluso, si un niño que es ciudadano recibe beneficios, eso podría poner en riesgo las posibilidades de un padre de obtener una residencia legal.

De acuerdo con los defensores de la salud, esta norma generaría miedo en un grupo amplio de inmigrantes, que podrían optar por no usar la cobertura de salud respaldada por el gobierno, algo que, aseguran, crearía problemas de salud pública que podrían ser terribles.

Según los registros del gobierno, alrededor de 3 millones de personas recibieron la residencia permanente de 2014 a 2016.

Los inmigrantes con visas o aquellos que pueden no tener un estatus legal pero planean buscar la ciudadanía o la green card a través de​​ una relación familiar cercana, también se verían afectados.

Erin O’Malley, directora senior de política de America’s Essential Hospitals, entidad que discutió el plan con funcionarios de la administración Trump a mediados de abril, expresó que “estamos muy preocupados porque esta norma, si entra en vigencia, tendría un impacto significativo en la salud del país”.

Agregó que teme que algunas personas con visa, y sus familias, no hagan sus citas para atención médica de rutina, y sólo recurran a las salas de emergencia.

Este cambio “minaría la estabilidad de nuestros hospitales al generar pacientes más enfermos y costos de atención no compensados”, explicó O’Malley.

Wendy Parmet, directora del Center for Health Policy and Law de la Northeastern University, comentó que por ejemplo, el cambio de política podría obligar a una madre a sopesar la necesidad de atención hospitalaria para un recién nacido enfermo contra la pérdida de su estatus migratorio legal.

“En el borrador, la administración habla sobre la autosuficiencia. Pero no esperamos eso de bebés que son ciudadanos de los Estados Unidos, porque nacieron en este país. Es una norma extremadamente dura”, lamentó la defensora.

Por su parte, Gabrielle Lessard, abogada de políticas en Los Ángeles, quien trabaja con el National Immigration Law Center, indicó que el borrador de la propuesta parece ser una “puerta trasera” para implementar el plan de inmigración de Trump, basado en el mérito, sin pasar por el Congreso.

A su criterio “es un intento de hacer que las familias inmigrantes sientan que no pertenecen aquí, para obligarlas a elegir entre satisfacer las necesidades humanas básicas con servicios como Medicaid y SNAP (cupones de alimentos) y poder unirse con sus familiares.  “El propósito es cambiar la demografía del país y, en última instancia, quién será un votante”.

Aunque se encuentra en las primeras etapas del proceso de reglamentación, la reacción para frenar esta propuesta ya comenzó.

El gobernador del estado de Washington, el demócrata Jay Inslee, está enviando personal de su oficina para reunirse con la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca, que está examinando la norma propuesta. Inslee envió una carta el 24 de abril para pedirle al director de la OMB, Mick Mulvaney, que considere el impacto en los inmigrantes legales que pagan impuestos.

“Esto indudablemente llevará a que personas de todos los Estados Unidos pasen hambre, no accedan a la atención médica necesaria, pierdan la autosuficiencia económica e incluso se queden sin hogar”, finalizó Inslee.

 WASHINGTON DC (EFE).- Funcionarios del Gobierno de LOS Estados Unidos rechazaron que la actual Administración sea responsable de la supuesta desaparición de más de mil inmigrantes menores de edad que fueron separados de sus padres al entrar en el país ilegalmente, según han denunciado medios locales.

De acuerdo con un artículo publicado este lunes por el diario The New York Times, la Administración estadounidense ha perdido el rastro de al menos  mil 475 menores que fueron separados de sus familias al solicitar asilo en la frontera estadounidense con México.

En una conferencia telefónica celebrada esta semana, diversos funcionarios del Ejecutivo restaron importancia a este hecho, rechazaron que los menores estén “bajo custodia” de las autoridades estadounidenses y aseguraron que esta situación se debe a los “vacíos legales” heredados de la Administración del expresidente Barack Obama (2009-2017).

Según explicó el asesor de la Casa Blanca Stephen Miller, esta separación se produce cuando los padres solicitan asilo al llegar al país, lo que implica que, mientras se estudia su caso, han de ingresar en un centro de detención al que no pueden acceder los menores.

“Debería quedar claro que cuando las autoridades ponen a los adultos bajo custodia, los menores no les pueden acompañar. Eso sería una situación sin precedentes”, argumentó Miller.

Por este motivo, explicó, se buscan familias de acogida, que en muchos casos son familiares de estos menores.

Sin embargo, representantes de diversas organizaciones humanitarias denunciaron que no se trata de un vacío legal y que es la política del actual Gobierno en relación con la inmigración lo que ha llevado a las autoridades fronterizas a separar a los menores de sus progenitores.

“Ninguna ley anterior a la Administración Trump requiere la separación familiar tal y como alega el Gobierno (…). Están buscando asilo, lo cual es un derecho, no un vacío legal”, manifestó Michelle Brané, directora del departamento de derechos de los migrantes de la organización Women’s Refugee Comission, en una conversación con la prensa.

Por su parte, Miller recalcó que, a pesar de que estos niños no están bajo custodia de las autoridades, la actual Administración procura realizar un seguimiento “voluntario” de su situación, aunque reconoció que en el 14 por ciento de los casos no se ha podido establecer contacto con las familias de acogida.

“No existe ningún motivo para pensar que les ha pasado algo a esos niños. Si llamas a un amigo y no contesta al teléfono, no piensas que haya sido secuestrado”, opinó Miller.

Tanto Miller como otros funcionarios consideraron que la causa principal de esta situación es que la actual legislación impide expulsar de forma “rápida y segura” a quienes intentan acceder ilegalmente al país.

“Una nación no puede tener una política de no actuar contra cualquier persona que viaje con un menor”, justificó el portavoz del Departamento de Justicia Devin O’Malley, quien denunció, además, que la actual laxitud de la legislación genera un efecto llamada entre los inmigrantes del que se benefician las organizaciones criminales.

Respecto al problema específico de los cerca de mil 500 menores que se encuentran en paradero desconocido, los funcionarios del Gobierno explicaron que la Administración está estudiando la posibilidad de establecer un proceso de control mediante huellas dactilares de las familias de acogida.

La realidad de esta medida, denunció Jennifer Podkul, directora de Políticas Públicas de la organización Kids in Need of Defense (KIND), es que no solo establece un control de la familia de acogida sino de todas aquellas personas que residan en la vivienda, lo que puede suponer un problema en caso de que en ella residan inmigrantes ilegales.

“Esta medida solo va a aumentar la vulnerabilidad de los niños, porque o bien nadie les acogerá o serán organizaciones de tráfico de personas las que lo gestionen”, advirtió Podkul, quien aseguró que en cualquier caso, los servicios sociales ya evalúan la idoneidad de las casas de acogida.

“Necesitamos que el pueblo estadounidense entienda la magnitud de esta atrocidad”, lamentó Podkul.