WASHINGTON DC.- En el acalorado debate sobre las familias centroamericanas que están pidiendo asilo en los Estados Unidos, hay un dato clave que está pasando casi desapercibido y que ha sido revelado por varios estudios.

De acuerdo con los expertos, este problema seguirá empeorando mientras las personas en Guatemala, Honduras y El Salvador sigan temiendo por la vida de sus hijos si se quedan en sus países.

Según las organizaciones a favor de los inmigrantes, basando en varios informes,  la solución al problema de los solicitantes de asilo está en la misma Centroamérica.

Muchos piensan que el muro fronterizo con México, los centros de detención para niños, y el aumento de los fondos para la patrulla fronteriza en los Estados Unidos desalentara a los padres desesperados en Centroamérica a venir a los Estados Unidos buscando la seguridad de sus familias.

Los padres de familia temen que sus hijos sean reclutados por las pandillas, y que tarde o temprano terminen muertos.

“Si no puedes venir a los Estados Unidos legalmente, no vengas en absoluto”, declaró el vicepresidente Mike Pence a los centroamericanos poco antes de su visita a Guatemala esta semana para reunirse con los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras.

Muchos consideran que tales advertencias no harán mucha mella en familias aterrorizadas por la violencia de las pandillas.

Roger Noriega, el ex jefe del Departamento de Estado para América Latina del gobierno de George W. Bush, en un tweet esta semana se preguntaba: “¿Por qué los padres inmigrantes ponen a sus hijos en peligro?”.

De acuerdo con Noriega, eso se debe en parte, porque el crimen organizado y la violencia de pandillas, alimentada significativamente por la demanda estadounidense de drogas ilegales, diezmando las economías y las instituciones estatales en Centroamérica y México. Los gobiernos de esos países son responsables de tal problema.

De todos es conocido que El Salvador, Guatemala y Honduras figuran entre los países más violentos del mundo. En muchas partes de estos países, las pandillas son el principal empleador, y exigen dinero de protección prácticamente a todos.

“Si eres dueño de una tienda, vendes tortillas en la calle o envías a sus hijos a la escuela, tienes que pagar dinero de protección a las pandillas o arriesgarte a que te hagan daño a ti, o a tus hijos”, declaró Noriega.

No es sorprendente que muchos padres prefieran arriesgarse a ser detenidos en la frontera que arriesgar la vida de sus hijos quedándose en casa, ya que las instituciones del Estado son impotentes, corruptas o ambas cosas.

Manuel Orozco, un experto de Centroamérica del centro de estudios Diálogo Interamericano en Washington DC, precisó que “el Estado en estos países se ha vuelto tan frágil, que los grupos del crimen organizado han tomado el control de grandes porciones de su territorio. La gente vive con miedo”.

Por cada aumento del 1 por ciento en las tasas de homicidios en la región, hay un aumento del 100 por ciento en la inmigración, según un estudio de Orozco.

Para el experto, la clave no es invertir dinero adicional en muros y agentes de la patrulla fronteriza, ya que eso por sí sólo no resolverá los problemas de la inmigración ilegal”.

Estados Unidos debería, por su parte, abordar los problemas de derechos humanos y refugiados antes de que las personas abandonen sus países, y movilizar la cooperación y financiación internacional para restablecer el orden público en estos países y responsabilizar a los funcionarios corruptos, agregó.

Pese a lo anterior, el gobierno de Trump a principios de este año solicitó un recorte de más del 30 por ciento en la asistencia de los Estados Unidos a Guatemala, Honduras y El Salvador, como parte de sus recortes generales en el presupuesto de asistencia extranjera.

Si bien el Congreso se negó a hacer recortes tan profundos, redujo la asistencia extranjera a Centroamérica de casi 700 millones de dólares en 2017 a 615 millones este año, según un estudio del Servicio de Investigación del Congreso.

De acuerdo con el informe, eso debilitará aún más a los gobiernos centroamericanos, y es probable que aumente la cantidad de guatemaltecos, hondureños y salvadoreños que huyen a los Estados Unidos.

En lugar del aislacionismo de los Estados Unidos, la solución a la situación de los refugiados centroamericanos debería ser trabajar en conjunto con los países latinoamericanos y europeos para aumentar la cooperación policial y la lucha contra la corrupción con estos países, así como promover más libre comercio con la región, finalizaron los expertos.

WASHINGTON DC (EFE).- Un juez federal de California ordenó al presidente Donald Trump reunir a los padres e hijos migrantes, que han cruzado la frontera de los Estados Unidos dentro de un plazo de 30 días.

Es una victoria para los defensores los de derechos humanos.

El presidente estadounidense Donald Trump tiene un plazo máximo de 30 días para lograr reunir a los padres de familia que han sido separados de sus hijos a causa de la política de “cero tolerancia” que entró en vigor al inicio de abril para luchar con la inmigración.

La orden fue dada por Dana Sabraw, un juez federal de San Diego, California. El magistrado analizó a fondo la decisión del presidente Trump de separar de sus padres a 2.575 menores de edad y definió esta decisión como una “circunstancia caótica creada por el propio Gobierno”.

Además de la orden general que da al gobierno un plazo de 30 días, Sabraw exigió devolver a los menores de 5 años a sus padres en un máximo de 14 días, según la orden judicial. El juez también ordenó suspender la deportación de los padres separados de sus hijos que aún no hayan sido reunificados.

El fallo de Sabraw tiene su origen en una demanda que interpuso la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles a favor de una niña congoleña de 7 años separada de su madre y de un menor brasileño de 14, también separado de su progenitora.

La orden judicial se da después de que Trump diera marcha atrás a esta medida migratoria.

Con la decisión del juez Sabraw se espera clarificar la orden emitida por Trump el pasado 20 de junio, en la que decidió frenar la separación de las familias en la frontera, pero sin instrucciones claras sobre su reunificación.

El Gobierno decidió dar marcha atrás a la separación de las familias tras ser rechazada tanto dentro del territorio nacional, como por la comunidad internacional, luego de que se difundieran las imágenes de niños sin sus padres, encerrados en jaulas.

La división de familias se dio como consecuencia de la política de “tolerancia cero” hacia la inmigración irregular, con la el Gobierno buscaba imputar delitos criminales a los indocumentados que buscan entrar a territorio estadounidense.

Mike Pence en Brasil: “Si no pueden venir legalmente, no vengan”

Durante su visita a Brasil, en el marco de su gira por América Latina, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, envió un directo mensaje a los potenciales inmigrantes pidiéndoles que no arriesguen sus vidas.

“A la gente de América Central, tengo un mensaje directo de mi corazón y directo del corazón de los estadounidenses: ustedes son nuestros vecinos y queremos que sus naciones prosperen en todo centroamérica, no arriesguen sus vidas o las vidas de sus hijos viniendo a Estados Unidos. Si no pueden venir legalmente, no vengan”.

Las protestas continuarán mientras las familias sigan separadas

Cientos de manifestantes continúan demostrando su apoyo a los padres de familia migrantes que aún siguen dentro de los centros de detención sin la compañía de sus hijos. Tanto estadounidenses como latinoamericanos que viven legalmente en ese país, se tomaron el exterior del Centro de Detención de Otay Mesa en San Diego, California.

Con megáfonos y cantos emotivos los manifestantes preguntaban si desde el otro lado, al interior del lugar, los migrantes podía escucharlos.

Las voces de aquellos que permanecen detenidos se pudieron escuchar, lo que incentivó más a los manifestantes que buscan mejorar las condiciones y derechos humanos de las personas que huyeron de su país natal en búsqueda de un mejor futuro para sus familias.