STAMFORD.- Durante el primer mandato del presidente electo Donald Trump, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos amenazó con retener las subvenciones federales a las jurisdicciones santuario a menos que permitieran la comunicación entre los funcionarios de inmigración y la policía local, y permitieran el acceso a las cárceles para los funcionarios de inmigración, entre otras condiciones.

De acuerdo con un artículo de CT Insider, Connecticut estuvo entre los 16 estados que lucharon contra ese decreto, pero con el segundo mandato de Trump que comienza en enero, los estados y ciudades que han aprobado leyes que protegen a los inmigrantes de la investigación federal y la deportación esperan otra lucha. Los aliados de Trump ya han sugerido que se podría retener la financiación federal a las ciudades y estados santuario si no cumplen con las órdenes federales.

¿Qué es un “santuario” en materia de inmigración?

De acuerdo con el American Immigration Council, no existe una definición legal de una “política santuario” o de una “jurisdicción santuario”.

La organización explicó que no existe una definición clara de lo que significa que un gobierno estatal o local adopte políticas de “santuario”.

En 2017, la oficina del Fiscal General de los Estados Unidos definió la “jurisdicción santuario” como aquellas que “se niegan voluntariamente a cumplir” con la ley federal y dice que las jurisdicciones “no pueden prohibir, ni restringir de ninguna manera, que ninguna entidad o funcionario gubernamental envíe o reciba de los funcionarios federales de inmigración información sobre la ciudadanía o el estado migratorio, legal o ilegal, de cualquier individuo”.

En general, las políticas que se aplican a la categoría de “santuario” prohíben principalmente los acuerdos a través de los cuales las autoridades federales de inmigración utilizan a las agencias locales de aplicación de la ley para hacer cumplir la ley federal de inmigración.

Otras políticas incluyen aquellas que impiden que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pregunten sobre el estado migratorio, aquellas que impiden los centros de detención de inmigrantes y aquellas que niegan a los funcionarios federales de inmigración el acceso a los centros de detención estatales y locales.

¿Connecticut cuenta con alguna política de “santuario”?

Connecticut fue llamado por primera vez un estado “santuario” en 2013, cuando el entonces gobernador Dannel Malloy firmó la Trust Act, que establece las condiciones por las cuales las autoridades policiales estatales y locales pueden cooperar con el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Esa ley se ha actualizado desde entonces, la más reciente en 2019, cuando el gobernador Ned Lamont firmó un proyecto de ley para limitar cualquier intercambio de información con el ICE.

También requiere informar a cualquier individuo que el ICE ha solicitado su detención, entre otros cambios.

Durante su primer mandato en el cargo, el presidente electo Donald Trump firmó una orden ejecutiva por la cual “los refugiados pueden ser reasentados solo en jurisdicciones estadounidenses donde tanto los gobiernos estatales como locales hayan brindado su consentimiento”, según el Departamento de Estado de LOS Estados Unidos.

Lamont envió una carta al entonces Secretario de Estado Michael Pompeo “reafirmando el compromiso de Connecticut de recibir a los refugiados como miembros valiosos de nuestra sociedad democrática”.

¿Cuántas ciudades “santuario” de Connecticut?

New Haven se hizo conocida como ciudad “santuario” en 2007, cuando la ciudad comenzó a distribuir tarjetas de identificación, llamadas Tarjeta de Residente de Elm City, con la intención de proteger a los inmigrantes de la detención.

Por su parte, una sección del código municipal de Hartford establece que “las políticas establecidas en este artículo hacen de Hartford oficialmente una ciudad santuario. Nuestra fuerza policial no va a preguntar a una víctima de un delito o a un testigo de un delito sobre su estatus migratorio. Y no vamos a detener a las personas únicamente en función de su estatus migratorio”, expresó el entonces alcalde Luke Bronin en 2016.

New London se convirtió oficialmente en una ciudad santuario en 2018, cuando se aprobó una ley que establece que ningún funcionario puede arrestar, interrogar o detener a alguien en función de su raza.

Los funcionarios de Willimantic aprobaron una resolución en 2017 que impide a cualquier funcionario o empleado de la ciudad detener o denunciar a una persona en función de su estatus migratorio.

En 2017, los funcionarios de Middletown declararon públicamente que la ciudad no cumpliría con el ICE, y el entonces alcalde Dan Drew dijo que “no consideramos que sea nuestro trabajo que nuestro departamento de policía haga cumplir las leyes federales de inmigración”.

¿Son legales las políticas de santuario?

La décima enmienda de la Constitución de los Estados Unidos establece que el gobierno federal “no puede emitir directivas que requieran que los estados aborden problemas particulares, ni ordenar a los funcionarios de los estados, o de sus subdivisiones políticas, que administren o hagan cumplir un programa regulatorio federal”.

Según el American Immigration Council, esto significa que “el gobierno federal no puede obligar a las jurisdicciones locales a honrar las órdenes de detención, una interpretación confirmada repetidamente por los tribunales”.