WASHINGTON DC.- La Secretaria de Educación Betsy DeVos declaró que reportar a los niños indocumentados es una decisión de cada escuela.
De acuerdo con los defensores, la recomendación de la funcionaria contradice una decisión de la Corte Suprema de 1982 que asevera que todos los estudiantes, sin importar su estatus migratorio, tienen los mismos derechos.
DeVos declaró que las escuelas son las que deben decidir si llaman al U.S. Immigration and Customs Enforcement para reportar sospechas sobre los estudiantes indocumentados en sus instalaciones.
La American Civil Liberties Union (ACLU), señaló que eso es inconstitucional.
El representante demócrata Adriano Espaillat le preguntó a DeVos: “Dentro de la escuela, si el director o un maestro descubren que un niño es indocumentado o que sus familiares son indocumentados, ¿Cree que ese director o maestro debe ser responsable de llamar a ICE y de reportar a la familia?”.
“Esa es una decisión de la escuela. Es una decisión de cada comunidad”, afirmó DeVos.
Lorella Praeli, directora de política de inmigración de la ACLU indicó que “cualquier escuela que denuncie a un niño al ICE violaría la Constitución. La Corte Suprema ha dejado en claro que todos los niños en los Estados Unidos tienen derecho a una educación básica, independientemente de su estatus migratorio. La secretario DeVos se ha equivocado otra vez”.
De acuerdo con la decisión de la Corte Suprema en 1982, todos los estudiantes, sin importar su estatus migratorio, tienen los mismos derechos cuando se trata de su educación y de las escuelas.
Los niños indocumentados o de padres indocumentados tienen el mismo derecho de asistir a las escuelas públicas que tienen los niños que son ciudadanos estadounidenses.
En los Estados Unidos los niños no solo están obligados a asistir a la escuela hasta los 18 años sino a recibir una educación digna.
Según la decisión de la Corte, las escuelas públicas no pueden negarle la matrícula a un estudiante basándose en su situación legal o migratoria, ya sea a principios del curso o durante el año escolar, tratar a un estudiante en forma desigual al verificar la situación migratoria solo de ciertos estudiantes y promover prácticas cuyo resultado es negar el derecho de acceso a los servicios escolares.
Las escuelas tampoco pueden requerir que un estudiante o sus padres revelen o documenten su situación migratoria, interrogar a los estudiantes o padres con la intención de obligarlos a exponer y revelar su situación de indocumentados.
Los centros educativos tampoco pueden exigir que los padres tengan licencias de conducir u otros documentos de identificación y exigir que un estudiante obtenga un número de Seguro Social (SS) como requisito de admisión a la escuela.
