NEW HAVEN.- Las autoridades de Connecticut han criticado fuertemente una demanda federal impulsada durante la administración del presidente Donald Trump, la cual apunta contra el Estado y la ciudad de New Haven por sus políticas de inmigración.
La acción legal cuestiona la “Trust Act” de Connecticut y las políticas de “ciudad acogedora” de New Haven, alegando que interfieren con la aplicación de las leyes federales de inmigración.
El gobernador Ned Lamont, el fiscal general William Tong y el alcalde de New Haven, Justin Elicker, defendieron las políticas locales, asegurando que son legales y están alineadas tanto con la legislación estatal como federal.
Según los funcionarios, Connecticut no está bloqueando la aplicación de leyes migratorias, sino protegiendo la seguridad pública y fortaleciendo la confianza entre las comunidades inmigrantes y la policía local.
Las autoridades explicaron que la “Trust Act” no impide que las agencias federales realicen detenciones o deportaciones, sino que limita el uso de recursos estatales y locales en casos donde no existen delitos graves. Afirman que esta política permite que más personas, incluyendo inmigrantes, se sientan seguras al denunciar crímenes y acceder a servicios sin temor.
Por su parte, la demanda sostiene que estas políticas permiten que personas sujetas a deportación permanezcan en las comunidades, lo que, según el gobierno federal, podría representar un riesgo para la seguridad pública. También argumenta que Connecticut estaría violando la Constitución al no colaborar plenamente con las autoridades federales de inmigración.
Las autoridades de Connecticut rechazaron estas acusaciones, calificando la demanda como política y sin fundamento legal sólido. Insisten en que los gobiernos locales no pueden ser obligados a ejecutar funciones que corresponden al gobierno federal.
El caso seguirá su curso en la corte federal, mientras los funcionarios estatales afirman que están preparados para defender sus leyes. Este conflicto refleja la continua tensión entre las políticas migratorias federales y las estrategias de los estados considerados “jurisdicciones santuario”.
Además, líderes comunitarios y organizaciones proinmigrantes en Connecticut han respaldado la postura del Estado, señalando que estas políticas ayudan a mejorar la convivencia y reducen el miedo dentro de las comunidades inmigrantes.
Afirman que la cooperación con la policía aumenta cuando las personas no temen ser detenidas por su estatus migratorio.
Por otro lado, analistas legales señalan que este tipo de disputas judiciales podría tener implicaciones más amplias a nivel nacional, ya que podría definir hasta qué punto el gobierno federal puede exigir la colaboración de estados y ciudades en materia de inmigración. El caso podría sentar un precedente importante para futuras políticas migratorias en Estados Unidos.
