HARTFORD.- Una corte federal en Rhode Island dictaminó que el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT) no puede condicionar la entrega de los fondos federales para transporte a que los estados cooperen con la ejecución de la inmigración federal.
La decisión beneficia a una coalición de veinte estados, entre ellos Connecticut, que habían presentado una demanda para frenar lo que consideraban una medida coercitiva por parte del gobierno federal.
En su fallo, el juez John McConnell sostuvo que el intento de vincular la financiación de infraestructuras, carreteras, puentes, ferrocarriles, a la colaboración con agencias de inmigración excedía la autoridad concedida al DOT por el Congreso y violaba leyes federales.
El fallo señaló que no existía una conexión plausible entre la función principal de los fondos de transporte y la política de inmigración.
Para Connecticut, este fallo representa una victoria significativa.
Según un informe de la Oficina del Fiscal General de Connecticut, liderado por William Tong, la decisión protege los miles de millones de dólares que el Estado recibe anualmente del DOT para mantener su red de transporte, sin que dichos fondos queden supeditados a políticas federales de inmigración.
El informe añadió que “ninguna comunidad debe ver sus carreteras, trenes o servicios afectados por maniobras políticas federales”.
Los estados demandantes habían argumentado que la directiva emitida en abril por el secretario Sean Duffy del DOT, que advertía que los fondos podrían ser bloqueados si no se cumplía con ciertos criterios de cooperación migratoria, ponía a las jurisdicciones en una encrucijada inaceptable entre recibir recursos esenciales o acatar políticas de inmigración.
El juez McConnell calificó esa exigencia como un intento de “chantaje” presupuestario y afirmó que la Constitución exigía que se dejara sin efecto.
Por su parte, el DOT aún no ha ofrecido una reacción pública detallada al fallo, pero la decisión podría tener implicaciones importantes para otras agencias federales que intentan condicionar fondos a la cooperación en materia migratoria.
En el caso estatal de Connecticut, la victoria brinda tranquilidad a las entidades locales que dependen de la financiación federal para proyectos de transporte críticos, asegurando que dichos fondos sigan destinados a sus fines originales.
