HARTFORD.- El estado de Connecticut anunció su participación en una demanda colectiva contra el gobierno del presidente Donald Trump, en respuesta a la implementación de la nueva regla de “carga pública”.
Esta norma busca restringir el acceso a la residencia permanente para inmigrantes que utilicen ciertos beneficios públicos, como asistencia médica o alimentaria. Las autoridades estatales consideran que la medida es discriminatoria y perjudicial para miles de familias trabajadoras.
La demanda, presentada junto a otros estados y organizaciones defensoras de los derechos civiles, argumenta que la regla viola principios constitucionales y contradice la esencia del sistema migratorio estadounidense. Según los demandantes, la política penaliza injustamente a quienes buscan estabilidad económica y social, al asociar el uso de servicios públicos con falta de mérito o dependencia del Estado.
El fiscal general de Connecticut, junto con líderes locales, afirmó que la decisión de sumarse a la demanda responde a la necesidad de proteger a las comunidades inmigrantes del estado. Connecticut, donde la población inmigrante representa una parte significativa de la fuerza laboral, podría verse afectado por el temor de muchos residentes a solicitar ayuda básica por miedo a perder su estatus migratorio.
La regla de “carga pública” ha sido objeto de controversia desde su anuncio. Sus críticos sostienen que busca desalentar la inmigración legal y profundiza las desigualdades sociales, mientras que sus defensores argumentan que promueve la autosuficiencia y reduce el gasto público. Sin embargo, los estados demandantes insisten en que la norma ignora la realidad económica y social de millones de familias que contribuyen activamente al país.
En Connecticut, diversas organizaciones comunitarias han expresado su apoyo a la acción legal, señalando que la medida podría tener efectos devastadores en el acceso a servicios de salud y educación. Los grupos de defensa de inmigrantes han iniciado campañas informativas para orientar a los afectados y evitar que renuncien a beneficios esenciales por miedo o desinformación.
La demanda busca que los tribunales bloqueen la aplicación de la regla y declaren su inconstitucionalidad. Mientras el proceso judicial avanza, Connecticut reafirma su compromiso con la inclusión y la justicia social, posicionándose como uno de los estados que más activamente defiende los derechos de sus residentes inmigrantes frente a las políticas federales restrictivas.
