NUEVA YORK.- Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes en Nueva York manifestaron su preocupación por el impacto que tendrá la reactivación de la regla de “carga pública”, anunciada por la Administración del presidente Donald Trump.
La medida, que entrará en vigor el próximo 18 de septiembre, ha generado incertidumbre entre miles de familias que buscan obtener la residencia permanente en los Estados Unidos y temen que el uso de ciertos beneficios públicos afecte sus trámites migratorios.
Durante una conferencia de prensa, representantes de diversas organizaciones calificaron la política como “cruel” y advirtieron que muchas personas podrían dejar de acceder a servicios esenciales, como atención médica o programas de asistencia alimentaria, por miedo a que las autoridades consideren que representan una carga para el Estado.
Según los activistas, esta situación pondría en riesgo la salud y el bienestar de miles de familias, especialmente de niños y adultos mayores.
Carlos Arnao, integrante de la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC), aseguró que la medida obligará a muchas familias a elegir entre continuar con sus procesos para regularizar su situación migratoria o garantizar necesidades básicas como alimentos y atención médica para sus hijos. También advirtió que la consecuencia podría ser un aumento en las emergencias médicas, la desnutrición infantil y el número de personas que recurran a refugios.
Otras organizaciones que representan a comunidades árabe-estadounidenses y asiático-americanas coincidieron en que la política fomentará un clima de miedo. Recordaron que cuando esta regla fue aplicada por primera vez en 2019, muchas familias dejaron de solicitar beneficios para los que calificaban legalmente, por temor a perjudicar futuras solicitudes migratorias. Incluso, estimaciones del propio Departamento de Seguridad Nacional señalan que cerca de 950,000 personas podrían renunciar o abstenerse de solicitar asistencia pública debido a esta normativa.
Por su parte, la Oficina de Asuntos del Inmigrante de la Alcaldía de Nueva York expresó su respaldo a las organizaciones comunitarias y aseguró que continuará utilizando todos los recursos legales disponibles para enfrentar las políticas que afecten a las comunidades inmigrantes.
Además, exhortó a quienes tengan dudas sobre su situación a buscar asesoría únicamente con abogados u organizaciones acreditadas, evitando tomar decisiones basadas en rumores o información falsa.
La nueva versión de la regla de carga pública permitirá a las autoridades migratorias evaluar con mayor rigor factores como los ingresos, recursos económicos, nivel educativo y capacidad laboral de quienes soliciten la residencia permanente.
Organizaciones civiles sostienen que la medida no solo limitará el acceso a programas de apoyo, sino que también incrementará el temor entre comunidades inmigrantes, aun cuando muchas personas tengan derecho legal a recibir esos beneficios.
