HARTFORD.- Los prolongados retrasos en el procesamiento de las renovaciones del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) están provocando que miles de beneficiarios pierdan sus permisos de trabajo y, con ello, sus empleos en sectores esenciales como la educación, la salud y la seguridad pública.
Organizaciones defensoras de los inmigrantes advierten que la situación está afectando tanto a los trabajadores como a las comunidades que dependen de sus servicios.
Diversas organizaciones presentaron una demanda contra agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), argumentando que el creciente retraso en el procesamiento de solicitudes está dejando a muchos beneficiarios en un limbo legal. Aunque los permisos de DACA deben renovarse cada dos años, el tiempo de espera ha pasado de unas pocas semanas a varios meses, lo que provoca que numerosos documentos expiren antes de que se aprueben las renovaciones.
Rebecca Shi, directora ejecutiva de la American Business Immigration Coalition, señaló que el gobierno debería ofrecer mayor previsibilidad para evitar que trabajadores y empleadores enfrenten interrupciones innecesarias.
Según la organización, miles de “Dreamers” desempeñan funciones críticas como maestros, enfermeros, policías y otros profesionales cuya ausencia agrava la escasez de personal que ya enfrentan muchos estados.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional sostiene que los tiempos de procesamiento más largos responden a controles de verificación más estrictos establecidos bajo una orden ejecutiva emitida en 2025.
Sin embargo, grupos de asistencia legal consideran que estas demoras forman parte de una estrategia más amplia que podría aumentar la presión sobre los beneficiarios de DACA y dificultar su permanencia laboral en el país.
Las consecuencias ya son visibles en distintos sectores. Algunos departamentos de policía han colocado a oficiales con DACA en licencia sin sueldo debido a la expiración de sus permisos de trabajo, mientras que educadores y profesionales de la salud también han tenido que suspender sus labores pese a haber presentado sus renovaciones con meses de anticipación.
Expertos advierten que estas interrupciones afectan directamente la prestación de servicios públicos y profundizan la escasez de personal calificado.
Defensores de los inmigrantes insisten en que resolver el atraso en las renovaciones es fundamental para evitar que cientos de miles de trabajadores pierdan su estabilidad laboral y económica.
También sostienen que garantizar un procesamiento oportuno beneficia no solo a los beneficiarios de DACA, sino también a las escuelas, hospitales, departamentos de policía y comunidades que dependen diariamente de su trabajo.
