NUEVA YORK.- El plan para convertir un antiguo almacén en Roxbury, Nueva Jersey, en un centro de detención para inmigrantes volvió a generar controversia luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmara que pretende continuar con el proyecto, pese a que recientemente se había informado que la iniciativa había sido suspendida.
La noticia representa un giro inesperado para las autoridades locales y los residentes, ya que apenas una semana antes el Departamento de Justicia había comunicado a un tribunal que no seguiría impulsando la conversión del edificio.
Esa decisión había sido celebrada por funcionarios estatales y organizaciones defensoras de los inmigrantes como una importante victoria.
El almacén fue adquirido por el gobierno federal en febrero por aproximadamente 29 millones de dólares como parte de un plan para ampliar la capacidad de detención de inmigrantes.
Sin embargo, el proyecto ha enfrentado una fuerte oposición por parte de líderes estatales, entre ellos la gobernadora de Nueva Jersey y autoridades municipales, quienes argumentan que la instalación tendría un impacto negativo en la comunidad.
Mientras tanto, vecinos de localidades cercanas como Dover aseguran que las recientes operaciones migratorias ya están afectando la vida cotidiana. Comerciantes hispanos reportan una disminución de clientes debido al temor que existe entre las familias inmigrantes por los operativos del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), situación que también ha golpeado la economía local.
Organizaciones comunitarias consideran que la apertura del centro facilitaría las detenciones y deportaciones de inmigrantes en la región. Activistas sostienen que la instalación funcionaría, en la práctica, como una prisión para personas sujetas a procesos migratorios, mientras continúan impulsando acciones legales para impedir que el proyecto avance.
Por su parte, el alcalde de Roxbury señaló que el conflicto también tiene consecuencias económicas para el municipio, ya que el inmueble permanece sin generar los ingresos tributarios esperados.
Aunque el futuro del proyecto continúa siendo objeto de disputas judiciales y políticas, el anuncio del DHS reavivó la incertidumbre entre los residentes y las organizaciones que siguen de cerca el caso.
