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Monday, December 8, 2025

Jueza federal determina que el gobierno de Trump no puede mantener detenidos sin fianza a inmigrantes capturados en operativos migratorios

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WASHINGTON DC.- Una jueza federal dictaminó este martes que el gobierno del expresidente Donald J. Trump no puede mantener detenidos sin fianza a inmigrantes capturados en operativos migratorios dentro de Estados Unidos.

La magistrada Sunshine S. Sykes, del Distrito Central de California, resolvió a favor de una demanda colectiva que impugnaba una política implementada en julio de este año, mediante la cual se les negaba audiencia de fianza a miles de inmigrantes detenidos por autoridades migratorias.

Según la decisión, esa política —que pretendía clasificar a inmigrantes residentes como “applicants for admission” y así justificar la detención obligatoria sin derecho a fianza— viola los derechos al debido proceso establecidos en la ley federal de inmigración.

La jueza enfatizó que la normativa migratoria distingue entre quienes ingresan recientemente al país y quienes ya residen en él, lo que hace inaplicable esa reinterpretación que buscaba eliminar las audiencias de fianza.

Además, el fallo certifica la demanda como una clase colectiva a nivel nacional, lo que implica que cualquier inmigrante sin estatus legal —detenido en operativos internos y cuya detención no haya sido al cruzar la frontera— podría beneficiarse con el derecho a solicitar fianza.

La ramifications de esta decisión podrían afectar a decenas de miles de personas actualmente detenidas, abriendo la posibilidad de liberaciones mientras sus casos migratorios avanzan en los tribunales.

Para muchos defensores de los derechos de los inmigrantes, esta resolución representa un “duro golpe” a las políticas de detención masiva del gobierno federal, y un paso significativo hacia la restauración del debido proceso.

Queda en manos del gobierno decidir si apela la decisión, un escenario probable dada la magnitud de la medida. Mientras tanto, la sentencia de la jueza Sykes redefine el trato legal hacia quienes han vivido en Estados Unidos sin documentos, aunque hayan sido detenidos en operativos migratorios internos.

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