NUEVA YORK.- Miles de niños migrantes no acompañados en los Estados Unidos se enfrentan a un futuro incierto en los tribunales de inmigración, despojados de la asistencia legal gratuita que antes los protegía.
Una drástica decisión del gobierno del presidente Donald Trump de recortar fondos federales ha eliminado el apoyo a más de 80 organizaciones que brindaban representación legal esencial, dejando a menores, algunos de tan solo 18 meses, sin voz en un sistema legal complejo y en un idioma desconocido.
Estos niños, muchos de ellos huyendo de la violencia, el abuso o la trata de personas en sus países de origen en Centroamérica, dependen en gran medida de la ayuda pro bono para presentar sus casos.
Sin embargo, la interrupción de la financiación ha generado una profunda preocupación entre los defensores de la inmigración.
Ailin Buigues, del Acacia Center for Justice, subrayó la cruda realidad. “Niños de hasta dos años se verán obligados a ir a la corte, sentarse frente a un abogado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) altamente capacitado e intentar defender su caso por su cuenta”, expresó.
Consecuencias devastadoras y un sistema desequilibrado
La falta de representación legal tiene un impacto directo y devastador. Organizaciones como Safe Passage Project, que ha logrado una tasa de éxito del 90% con representación, advirtieron que, sin ella, la probabilidad de deportación aumenta drásticamente a menos del 20%.
Angela Fernández, directora ejecutiva de Safe Passage Project, enfatizó que estos niños”pueden ser deportados de regreso al mismo peligro del que huyeron sin haber tenido siquiera una oportunidad real de defender su caso”.
La situación es aún más desgarradora cuando se considera la vulnerabilidad de estos menores.
Michelle Ortiz, del International Rescue Committee, ha tenido que representar a niños que apenas podían decir su nombre completo.
La expectativa de que un niño pequeño pueda enfrentar a un fiscal del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) es, en sus palabras, “inconcebible”. Además, los niños sin abogado son menos propensos a presentarse en la corte, lo que incrementa su riesgo de detención o deportación.
Una batalla legal y legislativa en curso
Ante esta crisis, 11 organizaciones legales han interpuesto una demanda para restablecer el programa, logrando una orden de restricción temporal para continuar los servicios.
Sin embargo, la incertidumbre persiste, ya que el gobierno no ha cumplido plenamente con la orden judicial.
Paralelamente, hay un esfuerzo legislativo en marcha. El senador Jeff Merkley (D-Oregon) planea reintroducir la Children’s Safe Welcome Act, buscando revertir la medida de la administración Trump.
No obstante, defensores como Roxana Ávila-Cimpeanu, del Florence Immigrant & Refugee Rights Project, señalan que “la falta de abogados no será un factor disuasivo para los niños no acompañados que llegan a los Estados Unidos y que esto los dejará aún más expuestos a peligros”.
La lucha por garantizar que cada niño migrante tenga una oportunidad justa en los tribunales de inmigración continúa, con la esperanza de que la justicia prevalezca para los más vulnerables.
