HARTFORD.- La medida de control de armas de mayor alcance de Connecticut, desde la ley de 2013 promulgada después de la tragedia en la Sandy Hook Elementary School, entró en vigor el domingo pasado, y sus proponentes prometieron impulsar más leyes sobre armas a pesar de los desafíos legales que ocurren en todo el país.
La nueva ley, firmada por el gobernador Ned Lamont en junio pasado, prohíbe la portación abierta de armas de fuego y prohíbe la venta de más de tres pistolas en un plazo de 30 días a una misma persona, con algunas excepciones para instructores y otros.
“No nos tomaremos un descanso y no podemos detenernos ahora, por lo que continuaremos aprobando leyes que salvan vidas hasta que pongamos fin a la violencia armada en Connecticut. Nuestras vidas dependen de ello”, manifestó Jeremy Stein, director ejecutivo de Connecticut Against Gun Violence.
Inmediatamente después de su aprobación, la ley fue impugnada ante los tribunales por partidarios del derecho a portar armas.
La histórica ley de armas de Connecticut de 2013, aprobada en respuesta a la tragedia en la escuela primaria de Newtown en 2012, que se cobró 26 vidas, también está siendo impugnada en los tribunales.
Además de Connecticut, que tiene algunas de las leyes sobre armas más estrictas del país, otros estados políticamente liberales, incluidos California, Washington, Colorado y Maryland, también aprobaron leyes sobre armas este año que enfrentan desafíos legales.
Surgen a raíz de que el año pasado la Corte Suprema de los Estados Unidos amplió los derechos a portar armas.
Alrededor de 150 activistas por los derechos de las armas realizaron una manifestación frente al Capitolio estatal el sábado pasado, a pesar del clima lluvioso y crudo, para conmemorar el último día en que portar un arma de fuego visible era legal en Connecticut.
Pero mantienen la esperanza de que la ley eventualmente sea revocada en los tribunales, argumentando que infringe los derechos de la Segunda Enmienda y es innecesaria.
La nueva ley también aumenta la fianza y endurece la libertad condicional para lo que los funcionarios llamaron un grupo reducido de personas con delitos graves y repetidos con armas, amplía la actual prohibición de armas de asalto en el Estado, endurece las penas por posesión de cargadores de municiones de gran capacidad, amplía las reglas de almacenamiento seguro para incluir más configuraciones, y agrega algunos delitos de violencia doméstica a la lista de inhabilitaciones por tener un arma.
