HARTFORD.- La ex fiscal federal de Connecticut, Deirdre Daly, dirigirá una investigación sobre cómo los policías estatales aparentemente presentaron miles de registros de multas de tráfico falsificados, anunció el gobernador Ned Lamont.
Lamont nombró a Daly, quien ahora es abogada de Finn Dixon and Herling, después de informar que planeaba contratar a una firma externa para investigar una auditoría reciente que sugería que cientos de policías informaron mal los datos de aplicación a un panel estatal sobre perfiles raciales.
“Tengo una gran fe en la abrumadora mayoría de nuestros soldados, y para proteger la confianza del público en ellos, debemos llegar al fondo de esto y aprender cómo sucedió, por qué sucedió y cómo evitar que vuelva a suceder”, dijo. “Me alegra que alguien con la experiencia y la credibilidad de Deirdre Daly haya aceptado realizar este importante trabajo”.
La auditoría, publicada en junio por el Connecticut Racial Profiling Prohibition Project, encontró al menos 25 mil 966 casos entre 2014 y 2021 en los que los policías estatales informaron haber emitido multas sin los registros correspondientes en la Centralized Infractions Bureau. Esas discrepancias pueden haber distorsionado años de análisis de perfiles raciales por parte del grupo.
Según el informe, Daly y su equipo planean entrevistar a policías estatales y a otras personas con información sobre las entradas falsificadas.
Los residentes con información pertinente pueden comunicarse con Daly de manera confidencial al 800-711-6348 o completando un formulario en línea, disponible en la web https://fdh.com/confidentialform.
Desde junio pasado, Lamont ha instado a la precaución y se ha abstenido de caracterizar las multas reportadas erróneamente como un acto intencional de la policía estatal. Sin embargo, se refirió a los registros como “mala conducta”, que Daly tratará de explicar y prevenir en el futuro.
Los investigadores estiman que la indagatoria tomará al menos de tres a seis meses. Los resultados se compartirán con el público cuando se complete la revisión.
Mientras tanto, los legisladores estatales planean comenzar su propia revisión de la información de la auditoría. Los miembros de los comités judicial y de seguridad pública han programado una audiencia informativa esta semana en el edificio de Oficinas Legislativas en Hartford, donde planean interrogar a los oficiales de la policía estatal y a los miembros del Connecticut Racial Profiling Prohibition Project.
