NEW HAVEN – Los defensores locales creen que la administración del presidente Joe Biden está trayendo buenas noticias para Connecticut, ya que el mandatario recientemente cuadruplicó el límite nacional de aceptaciones anuales de refugiados a 62 mil 500.
Chris George, director ejecutivo de la agencia de reasentamiento de refugiados con sede en New Haven, Integrated Refugee and Immigrant Services (IRIS), manifestó que probablemente tendría un efecto positivo inmediato en la población de refugiados de Connecticut.
“Pasaremos de recibir menos de 100 refugiados por año a quizás recibir a 500 refugiados por año”, expresó George.
“Significa que algunos de sus familiares que han estado esperando durante cuatro años podrían finalmente venir a los Estados Unidos y unirse a ellos desde Siria, Irak, Afganistán y el Congo. Ese es un resultado muy específico y tangible”, agregó el directivo.
Debido a la disminución de refugiados a los que se les ofreció admisión en la nación bajo la administración del expresidente Donald Trump, George dijo que los ingresos de IRIS disminuyeron y el grupo se volvió más dependiente de los donantes privados que antes.
Ahora, con un aumento esperado de refugiados que serán reasentados, George dijo que IRIS espera aumentar su personal.
Muchos de los nuevos roles se centrarán en las necesidades de reasentamiento más inmediatas, como encontrar vivienda, empleo y atención médica para los refugiados recién llegados.
George dijo que IRIS también continuará expandiendo un proyecto que tenía en marcha antes de Trump: un proyecto de reasentamiento basado en la comunidad. Las coaliciones locales de grupos comunitarios, como organizaciones religiosas y universitarias, asumirán el papel de brindar asistencia y apoyo a los refugiados recién llegados.
Debido a la disminución anterior en el número de refugiados, George dijo que IRIS dirigió su atención operativa hacia aquellos que vivían ilegalmente en el país durante los últimos años.
Miedo y esperanza
Juana Islas lleva 17 años en los Estados Unidos y tiene tres hijos estadounidenses, pero le preocupa estar separada de ellos.
Islas dijo que dejó atrás la pobreza en un pueblo mexicano para perseguir un sueño; trabaja días en una guardería y por las noches limpiando un hospital, y debido a su estado migratorio no es elegible para recibir asistencia del gobierno.
En medio de ese miedo, Islas, los defensores locales de los refugiados y quienes viven en el país sin permiso legal dijeron que quieren que las acciones del presidente Joe Biden coincidan con su retórica sobre la reforma migratoria.
“Prometió una reforma migratoria en sus primeros 100 días. No veo ningún cambio”, señaló Islas.
Otros defensores locales dan a Biden críticas mixtas, diciendo que el entorno político para los inmigrantes es menos aterrador que bajo Trump y que Biden ha comenzado a revertir algunas de las políticas de Trump.
Sin embargo, algunos todavía sienten que el Presidente debe hacer más para reformar aún más el sistema de inmigración de la nación.
Cuando Biden era vicepresidente de los Estados Unidos durante la presidencia de Barack Obama, el hermano de Islas, Josemaría, fue arrestado por la policía de Hamden en relación con un intento de robo que no cometió; un testigo le dio una coartada en el momento del incidente.
Antes de que se resolviera su caso, fue entregado a las autoridades de inmigración y estuvo encarcelado durante meses.
Islas dijo que el miedo que siente su comunidad ha disminuido, pero todavía prevalece la sensación de que Biden no ha cumplido sus promesas.
A finales de marzo, la Corte Suprema de los Estados Unidos entregó a las personas en el país sin autorización una aparente victoria en su fallo de 6-3 en el caso Niz-Chávez v.Garland.
El tribunal dictaminó que un hombre guatemalteco que vive en Michigan no fue notificado adecuadamente de los detalles de su audiencia de deportación.
El abogado de inmigración con sede en New Haven, Glenn Formica, cree que el impacto que tendrá esta decisión en la ley de inmigración es “muy abierto”, aunque espera que Biden lo utilice como palanca con los republicanos del Congreso.
Formica dijo que cree que el resultado de la decisión de Niz-Chávez será “lento” y puede tomar años para que se desarrolle legalmente si no se trata legislativamente.
